La prohibición de las drogas, una cruzada moral muy cara

El proyecto del Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) de ceder suelo municipal  a una asociación para plantar cannabis como salida desesperada a la crisis ha reabierto el cíclico debate sobre los beneficios económicos de la despenalización de la marihuana.  Al mismo tiempo, el País Vasco se ha convertido en la  primera Comunidad que plantea regular los clubes sociales de cannabis. Atlántica XXII ya dedicó una portada a las consecuencias económicas de la legalización de la marihuana. Un recorrido por el pasado, presente y futuro del cannabis que ahora destacamos.

España ingresaría más de 2.500 millones de euros sólo por despenalizar el cannabis. 

Hugo Martínez/ Periodista. La actual prohibición de las drogas nace a principios del siglo pasado, cuando jerarcas de las grandes religiones se unen para lanzar una campaña contra las drogas, el sexo y el juego. El espíritu de origen fue el de una cruzada moral, nadie hizo una previsión de costes.

Muchas décadas después los resultados son desoladores: grandes costes, pocos resultados, sobrecarga de la estructura estatal, amplias redes mafiosas, corrupción al por mayor y daño al ciudadano que pierde derechos y, encima, pone la pasta.

Un negocio millonario

El gran crack de 1929 sumergió a la sociedad americana en la gran depresión. Para salir de la quiebra, Roosevelt lanza el New Deal. Nuevo contrato social con la ciudadanía. Una fuente de financiación del New Deal fue levantar la ley seca y despenalizar el alcohol, medida que devolvió al Estado los ingresos que se quedaban los grupos mafiosos dedicados a la bebida.

Las cifras mundiales del negocio de la droga superan las de muchas industrias. Naciones Unidas estima un volumen de unos 400.000 millones de dólares. El cannabis es la cosecha agrícola con mayor valor de Estados Unidos, unos 35.000 millones de dólares, más que el valor combinado de todo el trigo y el maíz que se produce en este país. Con tales datos, resulta lógico que, ante la quiebra de California, el ex gobernador Schwarzenegger propuso despenalizar la marihuana y cargarla de impuestos. Los partidarios de la despenalización calculan que la despenalización de la marihuana puede «aportar 1.500 millones de dólares de impuestos al consumo y arrojar otros mil millones en ahorros por gastos policiales y encarcelamientos».

España es un país muy similar a California, tanto por la ubicación geográfica en una zona climática parecida, como por la quiebra total del Estado. También superarían los 2.500 millones de euros los beneficios económicos de la despenalización: un mínimo de 1.500 millones de euros en impuestos y otros 1.000 millones en ahorro de gastos.

En el 2003, uno de los jerarcas del prohibicionismo español, el psiquiatra militar José Cabrera, concedió una entrevista a La Nueva España donde habló de los costes policiales de la prohibición: «A grandes rasgos, entre el Plan Nacional sobre Drogas y la suma de lo que gastan los planes autonómicos deben ser alrededor de unos 300 millones de euros al año. Eso sin contar el dinero que cuesta la lucha policial, juicios, estancias de presos en la cárcel, etc. Por ejemplo, hay 50.000 presos en las cárceles españolas de los cuales la mitad están por delitos de narcotráfico. Un preso le cuesta al ciudadano español 2.500 euros al mes, redondeando, unos 30.000 euros al año, multiplicas 25.000 presos por 30.000 euros y te salen 750 millones de euros al año, lo que cuesta tener a la gente en la cárcel, y a eso súmale el dinero de la policía». Estos costes que cita Cabrera vendrían a suponer unos 1.000 millones de euros anuales, sin tener en cuenta los costes de policía, jueces y resto del sistema.

Por otra parte, habría que sumar los impuestos directos e indirectos que se generarían. Sólo por los impuestos especiales que cobra sobre el tabaco, el Gobierno recibe 10.000 millones de euros, por lo que una previsión de 1.500 millones de euros por los impuestos del cannabis, resulta hasta roñosa. A ello habría que sumar los puestos de trabajo que se generarían en todos los sectores, lo que aumentaría los impuestos pagados por las personas físicas y las cotizaciones a la Seguridad Social, además de los beneficios de las empresas que se dediquen a cultivar, manufacturar y vender cannabis. Desde el deprimido campo, al ahogado sector turístico.

Seguridad, 11 M, salud y niños

Aunque se pretenda ciencia, la moralina totalitaria es el elemento fundamental y fundante de la prohibición. En España, por ejemplo, los presuntos vendedores de droga son acusados penalmente por causar daño a la «salud pública», mientras que los que consumen o portan en público son multados por atentar contra la «seguridad ciudadana». En realidad, estos crímenes no son daños reales y mensurables, sino más bien late la acusación de corromper el «orden social», antes formulada contra rojos, homosexuales, judíos o masones.
Sobre la «salud pública» pesan numerosos peligros. Según la Organización Mundial de la Salud la contaminación es la mayor causa de muerte de los niños. Alrededor de un tercio de las enfermedades que sufren viene de la contaminación de agua y aire, sustancias tóxicas en los alimentos, plomo en los suelos y otras contaminaciones ambientales.  Aparecen antibióticos en la miel. Fábricas hacen vertidos ilegales a los ríos. Intereses inmobiliarios queman montes y destrozan costas. Desastres ecológicos como Doñana o el Prestige. Por estos desmanes casi no hay personas encarceladas en España, en cambio los narcotraficantes constituyen la mitad de la población reclusa. La contaminación generalizada de aire, agua, tierra y alimentos resulta muy difícil de evitar, escapar al daño de un porro es mucho más sencillo.

Tampoco la medida protege la salud de los usuarios de drogas, ya que en el mercado negro abundan la adulteración y el engaño. Aparte de la ansiedad que genera comprar, usar y transportar un material prohibido. Por este hábito decenas de miles de ciudadanos son multados cada año, tras cacheos ilegales, en los que se conculcan derechos fundamentales, a la intimidad, al honor o a la propia imagen. Todo para ponerles una multilla.

La seguridad ciudadana también sale muy perjudicada. Cuando se intensifica la política de represión, quedan fuera del mercado los pequeños productores y distribuidores, a la vez que aumenta el precio, por lo que los jugosos beneficios atraen a mafias que no vacilan en usar la violencia y la corrupción. En el foro cannabiscafe.net hay un apartado donde aparecen noticias sobre drogas y corrupción institucional, sólo leer los titulares mete miedo. Policías que encabezan bandas de traficantes o que son detenidos por robar la droga de las comisarías para revenderla, militares y guardias civiles dedicados al transporte de miles de kilos de hachís, una ex concejal popular del área de guarderías en Oviedo acusada de tráfico de cocaína. Personal diplomático, servicios secretos, banqueros o empresarios, la lista de implicados es larga.

Juicio a un cultivador de marihuana, absuelto

Las investigaciones del 11 M dicen que el dinero para financiar el atentado salió del tráfico de hachís marroquí, cosa que nunca hubiera sucedido si se despenalizara en España el cultivo de cannabis. También sabemos que, en 2001, Toro y Trashorras fueron detenidos en la operación Pipol, en la que, además de cocaína y hachís, se les incautó dinamita y detonadores. A pesar de ello siguieron operando en total libertad. Trashorras era confidente del inspector jefe de la estupefacientes de Avilés, Manuel García Rodríguez, «Manolón». Al parecer era más urgente encarcelar a los camellitos que delataba Trashorras, que investigar una trama de venta de explosivos. En aquellos días, la delegada del gobierno era Mercedes Fernández, la actal candidata del Partido Popular a la Presidencia de Asturias. Años después, las cosas siguen igual en Asturias. El club Horóscopo, tan frecuentado por Toro y Trashorras, se anuncia por la radio como «Horóscopo, el de siempre, donde siempre». Mientras tanto, el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, se dedica a lanzar a la Guardia Civil contra los jóvenes, con abundantes controles antidroga en fiestas de electrónica, el descenso del Sella, las carreteras de Pajares y San Isidro, la subida al Fitu, acceso a playas o las entradas a Asturias. Los perros que huelen cannabis son incapaces de detectar dinamita, por lo que todos los recursos dedicados a estos controles antiporros se apartan de la investigación de crímenes que sí amenazan la seguridad ciudadana.

Los prohibicionistas aseguran tener gran interés en defender a los niños. En todo caso será un interés hipócrita por instrumentalizarlos, ya que el efecto de lo prohibido aumenta el consumo entre los adolescentes. Los datos del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanias señalan que España aventaja por mucho a Holanda en porcentaje de población que usa el cannabis, a pesar de que en España la represión es mucho mayor. Este organismo de la Unión Europea publica estadísticas comparativas entre diferentes países. España duplica a Holanda en número de consumidores en todas las franjas de edad, tanto en la referencia general de población adulta, como en las comprendidas entre 15 y 34 años o el tramo entre 15 y 24 años.

Atención a California

En noviembre California, un lugar donde funcionan centenares de clubs que ofrecen cannabis a sus socios, debatirá otra vez la iniciativa sobre la legalización de la marihuana que en 2010 perdió por una margen de un 8%. El Estado se halla en quiebra total, la prohibición resulta cara de mantener y los réditos en impuestos parecen generosos. La estructura comercial ya existe, sólo hay que despenalizarla y aplicarle tasas. En España, la situación económica, social, económica o climática es muy semejante. La burbuja inmobiliaria explotó tras la californiana, por lo que la quiebra española llegará después. También en España hay clubs de cultivadores que abastecen a sus socios; son pocos, pero crecerán. En pocos años, llegaremos a una situación a la californiana. Será momento de elegir entre las promesas del paraíso libre de drogas o los 2.500 millones de euros al contado.

Publicado en Atlántica XXII nº8 Mayo 2010