Mónica Menéndez, investigada en el Caso UGT, acude a prestar declaración en el Juzgado. Foto / Mario Rojas.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga desde el pasado mes de abril un supuesto desvío de las subvenciones del Principado recibidas por UGT-Asturias, para los cursos de formación, hacia las nóminas de trabajadores del sindicato.

Aladino F. Pachón y Xuan Cándano / Periodistas.

Fue también esa unidad anticorrupción del instituto armado la que puso en marcha la investigación judicial que ahora lleva a cabo la jueza María Luisa Llaneza, del Juzgado de Instrucción Número 4 de Oviedo. Aquella investigación de la UCO (adelantada por ATLÁNTICA XXII en su número 36 de enero de 2015, que supuso la presentación de cuatro denuncias judiciales por parte de dirigentes ugetistas) acabó en manos del fiscal Gabriel Bernal, que la amplió antes de remitirla al Juzgado. La jueza Llaneza se centra por ahora en un supuesto fraude en el alquiler de los locales de los cursos y ha imputado (ahora investigado) a varias personas, entre ellas a Mónica Menéndez, exsecretaria de administración de UGT-Asturias y sobrina del exsecretario general Justo Rodríguez Braga.

Pero esta nueva línea de investigación de la UCO, que ya supuso numerosas declaraciones la pasada primavera, aún no llegó al Juzgado. Se basa en documentación que el Principado remitió a la Fiscalía sobre las subvenciones otorgadas entre 2004 y 2015 a UGT, que podrían ascender a unos 70 millones de euros.

Las sospechas se centran en un supuesto desvío parcial del dinero destinado a cursos de formación para pagar nóminas de trabajadores del sindicato. Serían aproximadamente una docena de personas, personal administrativo sin relación con la formación, que cobraban parte de su sueldo con dinero procedente de las subvenciones públicas para los cursos, desde el 30 hasta el 100%, según informaciones recogidas por esta revista. “La mayor parte son administrativos, aunque también hay algún informático, secretarias de altos cargos y delegados, ninguno tenía que ver con la formación”, asegura una fuente que conoce al detalle la investigación abierta por la UCO, que recalca que ninguno de los afectados conocía esa supuesta irregularidad en sus cobros.

Todos ellos declararon ante los agentes de la UCO desplazados a Asturias a lo largo de los pasados meses de marzo, abril y mayo. La misma fuente aclara un matiz relevante de esas declaraciones. “La UCO llamó a declarar a todos los trabajadores de la estructura de UGT y no les decía ‘usted aparece en formación’, sino que les preguntaban qué hacían en el sindicato. Y ahí vieron que ninguno sabía que estaba su nómina en formación”.

Al parecer, el enfado de estos trabajadores al conocer esta situación fue general, hasta el punto de que alguno está dispuesto a poner una denuncia cuando finalice su contrato próximamente. “Están enormemente molestos”, dice una persona que habló con ellos. Entre los afectados están la secretaria y un hijo del exsecretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga.

Estas prácticas, si se comprueba su ilegalidad, podrían suponer delitos de fraude, falsedad documental, malversación de fondos públicos y financiación ilegal, según expertos jurídicos consultados por esta revista.

Una persona que trabajó en UGT, y que conoce bien estos asuntos, señala que de las subvenciones para formación “se reservaba siempre una parte, un porcentaje, en concepto de ‘costes asociados’ para la ejecución de los planes; y ahí es donde cargaba el coste de nóminas de personal”. Ese porcentaje, según la misma fuente, sería del 20%.

Una de las nóminas de trabajadores de UGT-Asturias donde aparece el dinero procedente de los cursos de formación.

Misteriosas evaluaciones

Podemos cree que el Principado remitió a la Fiscalía la documentación sobre los cursos de formación que subvencionó a UGT porque le pidió esa información en la Junta General. Su secretario general y diputado autonómico, Dani Ripa, inquirió sobre todas las ayudas públicas de 2005 a 2014 otorgadas al sindicato socialista, pero también a CCOO y FADE.

El Principado tardó meses en aportar esa información, tan extensa que Ripa la tuvo que ir a recoger personalmente a la sede que el Principado tiene en el Palacio de Calatrava de Oviedo. Está integrada por 1.445 ítems digitales que muestran 1.315 documentos oficiales que ocupan en conjunto 60.647 páginas, es decir, más de 60 tomos de 1.000 páginas si se imprimen en papel. Ripa piensa que es la misma que se remitió a la Fiscalía, justo la que investiga ahora la UCO.

Podemos también pidió explicaciones sobre la revocación de una subvención de 300.000 euros a UGT y para Ripa la contestación es “escandalosa”. “Vienen a decir que, como no se justificó nada, tienen que devolver el dinero”, dice.

En las justificaciones económicas de los cursos de formación de UGT aparecen gastos y conceptos “que no tienen justificación documental alguna”, según Ripa. “Es lo más llamativo”, recalca. Añade que figuran alquileres de locales y compras de materiales para formación “de los que no hay ni una sola justificación documental”.

Llama la atención asimismo un concepto que aparece en numerosas páginas como “Realización de evaluación inicial y final del curso según los criterios establecidos que se adjunta”, al que se imputan entre 700 y 800 euros de gasto en cada uno de los cientos de casos. Y “no se sabe qué es esa evaluación realmente”, según fuentes jurídicas que revisaron los documentos.

ATLÁNTICA XXII quiso recabar información y opiniones del actual secretario general de UGT-Asturias, Javier Fernández Lanero, del secretario de organización del sindicato, Abel Suárez, y del consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco. En ningún caso hubo respuesta.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 46, SEPTIEMBRE DE 2016