La vía asturiana a la democracia participativa

Desde el 15-M ha aumentado la participación ciudadana en la vida pública.
Foto / Isabel Permuy.

Orlando Fernández / Activista social. Cuando en mayo de 2011 se descolgó en la Puerta del Sol una pancarta con una imagen de Himmler con orejas de Mickey Mouse y el texto “No nos representan”, pocos pensaron que tres años y medio después llegaría al Congreso de los Diputados una petición ciudadana de reforma constitucional para dotarnos de más herramientas democráticas.

Casi con toda seguridad, antes de que acabe el año, se debatirá en el Congreso la propuesta de reforma constitucional que la Junta General del Principado de Asturias ya aprobó el pasado 19 de septiembre y cuyo origen fue la petición ciudadana del grupo de trabajo del 15-M “Por la Democracia Directa”.

En pocas palabras la propuesta busca abrir la puerta a la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones -algo común en muchos países de nuestro entorno como Italia, Suiza o Estados Unidos- marginada hasta ahora en beneficio de la participación mediante representantes, aún a pesar de que el artículo 23.1 de nuestra Ley Fundamental reconoce ambas opciones en igualdad de condiciones.

Se piden tres cosas. En primer lugar, que las decisiones políticas de especial trascendencia puedan ser sometidas a votación ciudadana cuando así lo soliciten 500.000 electores y que el resultado sea vinculante si es aprobado por mayoría de los votos válidos. De este modo, se introduce el referéndum vinculante por iniciativa ciudadana que podría derogar leyes en vigor y votar las decisiones del Gobierno con algunas limitaciones. Hay que decir que esta incorporación no es del todo inédita en nuestra historia, pues el referéndum vinculante aparecía en el borrador de la Constitución de 1978 pero acabó desapareciendo en la versión que finalmente se aprobó y que hoy conocemos.

En segundo lugar, modificar la limitación existente en la actualidad sobre las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) para que puedan tratar sobre cualquier materia, incluidas las leyes orgánicas, como la ley educativa o electoral.

Las enmiendas de los grupos parlamentarios asturianos excluyeron las normas tributarias, presupuestarias, las de carácter internacional y la prerrogativa de gracia del ámbito de aplicación del referéndum vinculante y de las ILP.

Y por último, que la iniciativa de reforma constitucional se ejerza en los términos previstos en el artículo 87 de nuestra Constitución, lo cual permite que la ciudadanía pueda promover un cambio en la misma.

La propuesta es pionera por varias razones. Por un lado, surge haciendo uso del “derecho de petición”; derecho recogido en la actual Constitución pero muy poco explorado y nunca antes utilizado para iniciar un proceso de reforma constitucional. Hay que reconocer el mérito de los juristas, Miguel Ángel Presno y Daniel de la Horra, que supieron ver en este recurso “menor” una puerta trasera para sortear el blindaje de nuestra Carta Magna. De hecho, el que no haya habido antecedentes formales ha provocado que la defensa de la petición en Madrid recaiga en la mano de tres diputados autonómicos, del PSOE, IU y UPyD, lo cual contradice el espíritu inicial de ser un proyecto ciudadano “sin mediadores”.

Y por otro lado, porque es la primera vez que un Parlamento autonómico, en este caso el asturiano, inicia un proceso de reforma constitucional, lo cual ha sido ampliamente difundido por los medios generalistas asturianos que se han quedado en lo superficial sin ahondar en el alcance de la propuesta.

Lamentablemente no parece probable que vaya a ser aprobada en las Cortes contando con la actual mayoría del PP, que ya se opuso vehementemente a su aprobación en el Parlamento asturiano. Pero todo parece indicar que si no es ahora será en la próxima legislatura cuando se abran las puertas a la reforma de la Constitución para dotarnos de más herramientas de participación especialmente tras la probable irrupción de Podemos.

Cuando se lleve adelante debates como la sucesión en la Jefatura del Estado o el Derecho a Decidir en Cataluña podrían ser desarrollados mediante un mecanismo de consulta a toda la ciudadanía. Se romperá así el discurso viciado de la necesidad de reformar la Constitución a instancia de los partidos del Régimen del 78, incluida CiU, que buscan hacer un mero lifting a la Constitución preservando su hegemonía. Hegemonía amenazada por la mayoría social que clama, entre otras cosas, por tener voz directa en los asuntos que le afectan.

Y es que el ciclo de cambio que arrancó con el 15-M gritando “No nos representan” pasa poco a poco de las plazas a las instituciones. Ahora falta saber si la adhesión de los grupos parlamentarios que han apoyado la iniciativa es sincera o simplemente un gesto de cara a la galería. Está en sus manos escuchar las demandas ciudadanas o reeditar la máxima lampedusiana de: “Que todo cambie para que todo siga igual”.