Presos de Villabona trabajando de jardineros en Langreo. Foto / Iván Martínez.

Fernando Romero / Periodista. El Ayuntamiento de Langreo fue pionero en Asturias en la firma de un convenio con la cárcel de Villabona para emplear a reclusos en trabajos de jardinería, algo que luego hicieron otros muchos. Se hizo a instancias de los responsables de la prisión.

Los reclusos/jardineros están en la última fase de su condena y en Langreo ahora son más de una docena y nunca más de veinte. Trabajan por las mañanas y se les puede ver por todo el concejo.

En el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, reconocen que su situación laboral y salarial es muy precaria, pero encuentran una justificación social, en palabras de un portavoz municipal. “Son compañeros de trabajo y es un tema de consideración con su situación. Se les da un dinerín, muy poco, para que vengan en tren y se paguen el menú del día. Para nosotros no es nada, pero para ellos representa una cantidad importante”.

Ese mismo portavoz confiesa que “nos viene muy bien, porque andamos muy mal de mano de obra”, en referencia a un Ayuntamiento que lleva muchos años adelgazando su plantilla de jardineros, que no se renueva con las jubilaciones. “Si no estuvieran los presos tendríamos que contratar y atenderíamos peor las zonas verdes, pero los recursos no existen. Si no lo hacen ellos habría que pagar y no hay alternativa”.

Siguiente paso: cotizar en Bolsa

F. R.

Los beneficios actuales que genera el trabajo de los presos al servicio de las grandes empresas podrían multiplicarse con la privatización de los centros penitenciarios, como ya ocurre en los Estados Unidos y otros países (la mayoría angloparlantes). La industria privada de la prisión nace en este país en 1983 y hoy es uno de los “niños mimados de Wall Street”, según la expresión acuñada por Loic Wacquant en Las cárceles de la miseria. Este autor, un referente internacional del movimiento crítico con los sistemas penitenciarios, hablaba ya hace una década de que las cárceles privadas movían 4.000 millones de dólares. 650 empresas se dedican a estos negocios y hacen congresos en donde exponen sus “productos”: esposas, cerrojos, armas de asalto, sillas de inmovilización, uniformes de extracción (para arrancar de las celdas a los presos rebeldes), cinturones electrificados de descarga mortal, celdas desmontables… Wacquant fija en 140 las prisiones privatizadas, gestionadas por 17 empresas en una veintena de Estados.

Hay además un floreciente mercado de “importación y exportación” de detenidos entre los Estados. Los pueblos rurales en decadencia tratan ahora de atraer a las cárceles a sus territorios porque generan “una próspera industria destinada a un porvenir radiante y con ella todos los que son parte integrante del gran encierro de los pobres de los Estados Unidos”. Los países que actualmente cuentan con cárceles privadas o quieren tenerlas incluyen a Brasil, Chile, Grecia, Jamaica, Japón, México, Perú, Sudáfrica y Tailandia. Estados Unidos es el país con más presos en cárceles privadas, unos 131.000 en 2011. Varios países más cedieron una parte mayor de sus sistemas penales a compañías privadas, como Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda. En España el Gobierno ya ha confirmado que privatizará la seguridad exterior de todas las cárceles españolas. Por algo se empieza.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 34, SEPTIEMBRE DE 2014