Reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento asturiano. Foto / Mario Rojas.

Las dietas de los diputados españoles, tanto en el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos, son en muchos casos sobresueldos obtenidos de forma pícara y en ocasiones abiertamente fraudulenta.

ATLÁNTICA XXII destapó, en la Junta General del Principado de Asturias, el escándalo de los cobros indebidos de diputados que declaran residir lejos de Oviedo para cobrar las dietas de desplazamiento, cuando en realidad lo hacen en la capital asturiana. En esta legislatura este asunto afecta al popular Alfonso Román López, pero en otras también a diputados del PSOE y Foro Asturias.

La información de esta revista sobre este asunto ha provocado la decisión de la Junta General de modificar los cobros de los diputados autonómicos.

En el Congreso el fraude también tiene que ver con la residencia de los diputados y ha acabado en los tribunales. El tema lo abordó Claudia Lorenzo Rubiera en un artículo publicado en ATLÁNTICA XXII el pasado mes de marzo, en su número 25. Lo reproducimos a continuación.

LOS 63 DIPUTADOS DENUNCIADOS SIGUEN COBRANDO POR VIVIR EN SUS DOMICILIOS

Dietas como una casa

Puede que sea legal, aunque eso lo decidirá la Justicia, pero parece inmoral. Ni uno de los 63 diputados denunciados que cobran dietas por residir fuera de Madrid, aunque tienen vivienda propia en la capital, ha renunciado a ella. La mayoría tampoco dan explicaciones.

Claudia Lorenzo Rubiera / Periodista.

Ilustración / Amelia Celaya.

Al poco de iniciarse el año Democracia Real Ya presentaba una querella por malversación de fondos públicos y apropiación indebida en el Tribunal Supremo contra 63 diputados del Congreso que cobran dietas de alojamiento a pesar de tener casa (y en ocasiones varias) en Madrid. La caja de los truenos se había destapado hace meses, cuando en marzo de 2012 el diputado de UPyD Toni Cantó quiso renunciar a su dieta, alegando que él vivía en Madrid y que recibirla “sería un timo”. Sin embargo, ante la imposibilidad de dejar de cobrar, Cantó decidió donarla todos los meses a una ONG.

La denuncia de Democracia Real Ya se fundamenta en el hecho de que los diputados elegidos por la circunscripción de Madrid cobran una dieta de 870,56 €, mientras que los elegidos en el resto de España cobran 1.823,86 €, a menudo sin tener en cuenta cuál es su lugar de residencia. Miguel Ángel Jiménez, abogado de Democracia Real Ya y portavoz del caso, puntualiza que “algunos diputados contestan que necesitan esa dieta para ir a sus circunscripciones, pero eso no es cierto porque reciben 120 euros cada vez que salen de Madrid, además de que se les paga el gasto de transporte. Se duplica la dieta, y cobrar dietas dos veces no puede ser”.

La petición en change.org de que los diputados con casa en Madrid renuncien a esa dieta ha alcanzado más de 150.000 firmas, y ese clamor popular fue una de las razones que llevó a Democracia Real Ya a dar un paso adelante. “Antes nosotros no teníamos conocimiento de que los diputados de fuera de Madrid cobrasen eso. Esta noticia ha generado verdadera alarma social. Era un sentimiento popular y Democracia Real Ya creyó que debía intervenir. Una vez puesta la querella la gente se ha manifestado mayormente a su favor”, cuenta Jiménez.

Rajoy y Báñez

Con pruebas extraídas de investigaciones periodísticas de medios como 20 minutos, El Confidencial o Libertad Digital, la querella especifica casos como el de Fátima Báñez, diputada por Huelva y ministra de Empleo y Seguridad Social, que posee seis pisos, dos fincas y un solar, y cobra dicho suplemento, o el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en este caso cobra complemento como diputado por Madrid, mientras reside en el Palacio de la Moncloa.

Javier Junceda, abogado y doctor en Derecho, indica que, sin embargo, “el derecho penal precisa normalmente para su aplicación de una intencionalidad o ‘dolo antecedente’, salvo en conductas penales negligentes o culposas. A esto debe añadirse que debe existir una responsabilidad personal o culpabilidad de una determinada persona. En este caso, los parlamentarios afectados han percibido esas cuantías tras una tramitación en la que han participado funcionarios que habrán comprobado que se cumplen los requisitos establecidos en la norma. Si la norma establece que cobrarán, si han sido elegidos por circunscripción distinta a Madrid, es igual legalmente que tengan o no tengan casa en la capital (además de que pueden tener casa en Madrid pero no utilizarla, sino estar alquilada)”.

Coalición Canaria defiende que “la denuncia tendría que ir contra el reglamento, no contra los diputados, porque el reglamento lo deja clarísimo”. La diputada Ana María Oramas González-Moro, miembro de CC y una de las 63 denunciadas, alega que “la indemnización para los diputados que no pertenecemos a la circunscripción de Madrid persigue compensar los gastos que tenemos que afrontar quienes no residimos en la capital: alojamiento, manutención, etcétera. Existen diputados que optan por alquilar un piso, alojarse en un hotel, en casa de un amigo o familiar o adquirir una vivienda. Yo he optado por esta última opción ya que, a mi juicio, es la más práctica para el ejercicio de mis funciones. Tenga en cuenta que, a diferencia de los diputados que residen en la Península, quienes vivimos en Canarias no podemos ir y volver el mismo día. Se trata de una indemnización que se abona en función de la circunscripción por la que has sido elegido, y la mía es Santa Cruz de Tenerife”.

Otro de los denunciados, Guillermo Collarte, diputado del Partido Popular por Ourense, se defiende diciendo que “no seré yo quien le diga a los ciudadanos qué considerar bueno o malo, pero no tengo ninguna duda de que lo que hago no es ilegal, porque si lo fuese no estaría cobrándolo. Yo no paso más gastos que los que me proporciona esa dieta porque entiendo que para eso se nos paga. La mayoría de los diputados van a Madrid cuando hay pleno, y yo realizo el proceso inverso, voy a mi circunscripción cuando no lo hay, por diputado y porque además soy concejal de Ourense. Pero sigue siendo lo mismo”. Pedro Ramón Gómez de la Serna, diputado del PP por Segovia y también afectado, considera que el asunto es “injusto y ha sido completamente tergiversado”.

Ninguno de los restantes 60 afectados han querido hacer declaraciones a ATLÁNTICA XXII, a pesar de los intentos de contactar con ellos, tanto a través de sus portavoces y gabinetes de prensa como personalmente en algunos casos.

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural valora, a través de su portavoz, y “desde la tranquilidad que tenemos sabiendo que ninguno de nuestros diputados está en esa querella, el hecho de que la sociedad está en su derecho de protestar y llevar a la justicia aquellas actuaciones que considera injustas”. Sin embargo UPyD, el partido que primero renunció a esa dieta, considera que esa no es “la forma más efectiva de acabar con el ‘problema’, y no llegará a buen término sino obligando a todos los partidos a ponerse de acuerdo y cambiarlo en el Congreso, que es el lugar en el que se dan las directrices al respecto”.

Contraste con Gran Bretaña

Hace cuatro años, la dimisión del presidente de la Cámara de los Comunes a causa de un escándalo similar salpicó a los parlamentarios británicos. El periódico The Daily Telegraph publicó las facturas y las cuentas que muchos de los diputados pasaban y que les eran reembolsadas, con datos escandalosos como los de los parlamentarios que habían decorado sus hogares, renovado su piscina o pagado la manutención de sus mascotas con dinero público. Sin regulación aparente, más que el “sentido común” y el “honor de caballeros” a la hora de pedirle cuentas a la Administración, los diputados sobrepasaron los límites y el entonces primer ministro Gordon Brown inició una reforma para controlar las cuentas de la Cámara Baja. Hoy en día, IPSA, una agencia independiente, vigila y hace públicos todos los gastos de sus señorías, que tienen que justificarlos minuciosamente.

Cabe destacar que, en España, el documento que especifica el régimen económico de los diputados tiene cinco páginas, mientras que en el Reino Unido, justo antes de encargárselo a IPSA, ocupaba más de 70 páginas de indicaciones y especificaciones, como las relativas a cómo usar el dinero dado para el alojamiento. En España se indica que “con este concepto, que tiene una cuantía mensual de 1.823,86 €para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y de 870,56 €para los electos por Madrid, los parlamentarios deben afrontar los gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad de la Cámara. Es una cantidad dedicada, pues, a cubrir gastos y por ello exenta de tributación de acuerdo con lo previsto en el art. 17.2 b) de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre”. Claramente, el régimen no hace ninguna referencia al lugar donde vivan los diputados, sino al hecho de que han sido elegidos por circunscripciones externas a la capital.

A día de hoy, su homólogo británico dedica seis páginas solamente al capítulo cuarto, que regula las condiciones del pago de alojamiento a los parlamentarios que no viven en Londres. Seis páginas en las que se diferencia si alguien alquila, se aloja en un hotel o compra una casa, y que también delimita los gastos de mantenimiento de la vivienda. Los parlamentarios ya propietarios de un hogar pueden disfrutar de hasta 8,850 libras al año, 10.259 euros, una cifra mucho más cercana a lo que cobran los parlamentarios madrileños en España. Los que alquilan, sin embargo, ven su presupuesto ascendido a un máximo de 20.000 libras anuales (más de 23.200 euros), una cifra un poco superior a lo que en teoría cobran nuestros diputados de fuera de Madrid.

Actualmente en España, la mayoría de los diputados afectados por la querella de Democracia Real Ya cobra un sueldo mensual por encima de los 5.000 euros, sin contar complementos. Con semejantes dividendos, y teniendo en cuenta que el sueldo mínimo del país son 645,30 euros, la cuestión que se plantea llega a ser más moral que legal. Jiménez reflexiona: “En un momento en el que tenemos más de 6 millones de parados, 30.000 familias pasando hambre, recortes en sanidad, educación… los políticos no pueden pretender que todo el esfuerzo salga de los ciudadanos, tienen que dar ejemplo. Yo renunciaría a las dietas por una simple razón: ellos mismos se legislan lo que cobran, pero no deja de ser dinero público. Solamente puede fijar su sueldo aquel que juega con sus propios ingresos, pero aquellos que juegan con dinero público tienen que buscar algún método para que los ciudadanos tengan poder de decisión en eso”.

La gran pregunta en la mente de todos es: de no llegar a buen puerto la querella, ¿habrá un consenso político para meterle mano de una vez por todas a esta legislación y regular escrupulosamente los sueldos de los diputados? El salario medio bruto anual en España se estimó el año pasado en 22.790 euros. A ese dinero llegan nuestros diputados de circunscripciones ajenas a Madrid solo con sus dietas de alojamiento.

María Luisa Carcedo, diputada socialista. Foto / Mario Rojas.

Los denunciados

PARTIDO POPULAR

José Luis Ayllón Mansó, José Eugenio Azpiroz Villar, Fátima Báñez García, Pilar Barreiro Álvarez, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Bonilla Domínguez, Pablo Casado Blanco, María Teresa Cobaleda Hernández, Guillermo Collarte Rodríguez, Miguel Ángel Cortés Martín, Antonio Eiras Rey, Andrea Fabra Fernández, Jorge Fernández Díaz, Arturo García-Tizón López, Pedro Ramón Gómez de la Serna, Rafael Hernando Frailes, Santiago Lanzuela Marina, José Ignacio Llorens Torres, Fernando López-Amor García, Guillermo Mariscal Anaya, Francisco Márquez de la Rubia, Vicente Martínez Pujalte, José Alberto Martín Toledano, Juan José Matarí Sáez, Lourdes Méndez Monasterio, Cristobal Montoro Romero, Manuel Mora Bernat, Eugenio Nasarre Goicochea, Jaime Olano Vela, Ana Pastor Luján, José Cruz Pérez Lazaparán, Alfredo Prada Presa, Javier Puente Redondo, Mariano Rajoy Brey, Elvira Rodríguez Herrer, Celinda Sánchez García, María Arenales Serrano Argüello, Manuel Torres Herrera, Ignacio Uriarte Ayala, Francisco Vaño Ferré y Celia Villalobos Talero.

PSOE

José María Barreda Fontes, Meritxell Batet Lamaña, José María Beneito Pérez, José Blanco López, Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Antonio Camacho Vizcaíno, María Luisa Carcedo Roces, Juan Luis Gordo Pérez, María Concepción Gutiérrez Castillo, Patricia Hernández Gutiérrez, Antonio Hurtado Zurera, Ramon Jáuregui Atondo, Eduardo Madina Muñoz, José Martínez Olmos, Carmen Montón Giménez, Juan Moscoso del Prado, Pedro José Muñoz González, Inmaculada Rodríguez Piñero, Consuelo Rumi Ibáñez y José Andrés Torres Mora.

Coalición Canaria

Ana María Oramas González-Moro.

CiU

María Mercé Pigem i Palmes.