Las puertas también giran en Asturias del Gobierno a la empresa privada

Puerta de entrada y salida de la Junta General del Principado.

Mar Rodríguez / Periodista.

Decía Miguel de Cervantes en El Quijote que donde una puerta se cierra, otra se abre. Esto lo saben bien algunos expresidentes españoles: dan portazo a la política y se les abren las puertas de la empresa privada. Sin ir más lejos, José María Aznar y Felipe González que, después de privatizar Endesa y Gas Natural, fueron contratados como asesor y consejero, respectivamente, de estas compañías. No son los únicos: de los Gobiernos de González, Aznar y Rodríguez Zapatero, tres de cada diez ministros pasaron del Consejo de Ministros a distintos Consejos de Administración.

Hablamos de la práctica conocida como ‘puertas giratorias’ (del inglés revolving door): altos cargos que fichan por una empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública y produciendo conflictos de interés entre ambas esferas, en beneficio propio y en perjuicio del interés público.

¿Es esto ilegal?

En la mayor parte de los casos no existe ilegalidad, dado que la Ley de Incompatibilidad es muy poco restrictiva. En Asturias, solo encontramos el artículo 7 de la Ley 4/95, de 6 de abril, de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos del Principado de Asturias. Establece que “durante dos años a partir de la terminación de su mandato, quienes hayan desempeñado un alto cargo no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes en los que hayan intervenido o de los que hubiesen tenido conocimiento por razón de su cargo ni utilizar en provecho propio o transmitir a otros para su uso la información a que hayan tenido acceso con ocasión del ejercicio de su cargo”.

En España, los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado también están obligados a esperar dos años para poder fichar por una empresa privada, pero hay algunas triquiñuelas para esquivar esta norma, por ejemplo recalar en una filial. Esto es lo que hizo la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Economía Elena Salgado, que se colocó como consejera de Chilectra, filial chilena de Endesa, tan solo tres meses después de abandonar la Vicepresidencia del Gobierno.

¿Es suficiente esta regulación legal? Y, en cualquier caso, ¿es ético que un alto cargo se convierta en directivo de una empresa a la que benefició durante su etapa como gestor del dinero público? ¿Es ético usar la información y contactos obtenidos en el Gobierno  para el desarrollo de actividades privadas en empresas del mismo sector? Desde luego es, cuanto menos, cuestionable.

Podemos pide explicaciones en la Junta

11 de septiembre. En la Junta General del Principado aparecen por primera vez las ‘puertas giratorias’ durante el primer debate político de la legislatura, en la comisión de Presidencia y Participación Ciudadana. La diputada de Podemos Asturies Lucía Montejo le espeta al consejero de Presidencia Guillermo Martínez que “varios ex altos cargos socialistas asturianos se encuentran en el sector privado en las mismas áreas sobre las que gobernaron y legislaron” para después preguntarle si “las normativas que desarrollen en materia de puertas giratorias actuarán en estos campos y sobre estas personas”.

El consejero de Presidencia le responde que “si sabe de alguna situación de incompatibilidad, no espere ni un minuto más”. Es entonces cuando Montejo se lanza y da nombres propios: “Paulo González, que estuvo al frente del ERA, es ahora el presidente de la patronal de los geriátricos asturianos; María José Ramos, exconsejera y cónyuge de Pedro Sanjurjo, está al frente de un geriátrico y el marido de la exconsejera Esther Díaz es socio de una residencia en Llanes”.

La diputada matiza y explica que “el hecho de pertenecer a la política institucional, o que algún pariente lo haga, no debería inhabilitar a uno para poder ejercer cualquier tipo de profesión o cargo en condiciones de igualdad respecto al resto de ciudadanos”. Lo que Montejo quiere saber es qué medidas tomará el Gobierno en una futura ley ante la “falta de información o las dudas” que pueden generar casos como estos. El consejero de Presidencia califica sus palabras de “poco edificantes” y dice negarse a “convertir este espacio público en un basurero”.

Pero lo cierto es que la trayectoria de algunos políticos asturianos, si no ilícita, podría ser éticamente reprobable.

Jaime Rabanal. Foto / Pablo Lorenzana.

Jaime Rabanal en ASLA

Jaime Rabanal es, desde febrero de este año, directivo de Asturiana de Laminados (ASLA), una empresa con la que ya había tenido relación en el pasado. Entre 2009 y 2011, participó en la gestión de esta compañía, ya que, en calidad de consejero de Hacienda, lo era también de la Sociedad Regional de Promoción del Principado (SRP), y esta empresa pública formaba parte del consejo de administración de ASLA en dicho período.

Rabanal ha negado a ATLÁNTICA XXII responsabilidad alguna en la gestión de ASLA durante su etapa como consejero de la SRP.  Insiste en que su vida profesional comenzó antes de la política y considera que no incurre en ninguna incompatibilidad, “ya que han pasado años y no intervine en ninguna decisión concreta”.

Su trayectoria política comenzó como director general de Presupuesto y Patrimonio de la Consejería de Hacienda, cargo que ejerció desde junio de 1999 hasta agosto de 2000, cuando pasa a ser titular de dicha Consejería. Entre 2003 y 2007, estuvo al frente de Economía y Administraciones Públicas. Posteriormente, entre 2007 y 2011, fue titular de Economía y Asuntos Europeos primero, y de Economía y Hacienda después. En julio de 2012 fue designado gerente del área sanitaria IV y máximo responsable del Hospital Universitario Central de Asturias, cargo del que dimitió en septiembre de 2014 tras el polémico traslado del HUCA.

Cinco meses después, el 24 de febrero de 2015, fue nombrado consejero de la empresa privada Asturiana de Laminados (ASLA), que fabrica bobinas y chapas de cinc en Villallana (Lena). Rabanal entró en la dirección de la compañía de forma discreta, hasta el punto de que, tras su visita a las instalaciones el pasado 22 de septiembre, La Nueva España tituló: “Jaime Rabanal es vicepresidente de Asturiana de Laminados”, como una noticia de plena actualidad.

María América Álvarez.

María América Álvarez en T-Systems

Otro sector bajo sospecha de este tipo de prácticas es la gestión informática. El Conceyu Por Otra Función Pública ha denunciado dos casos recientemente. El primero hace referencia a María América Álvarez, que estuvo al frente de la Dirección General de Informática entre 2003 y 2011. En 2009, la Consejería de Administraciones Públicas, de la que dependía, le adjudicó a la multinacional T-Systems contratos por más de dos millones de euros. En abril de 2013, cuando no habían pasado dos años de su cese como alto cargo autonómico, la ya exdirectora entra en la compañía, en la que ejerce funciones de account manager de Sector Público, es decir, de relaciones para ventas a Administraciones Públicas.

T-Systems es una filial de servicios para empresas del grupo Deutsche Telekom. En Asturias tiene proyectos desde 2001 en Ayuntamientos como Gijón, Avilés y Mieres, así como en Cajastur y Caja Rural. A mediados de 2008, la multinacional abre en Gijón un centro especializado en desarrollo de aplicaciones para la Administración Pública, el cual, según afirma la propia empresa en su página web, contó con el “importante apoyo del IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias)”, así como con  “la consolidada relación que mantiene con el Ayuntamiento de Gijón”.

Tras recibir en 2009 de Administraciones Públicas, de la que dependía la Dirección General de Informática, más de dos millones de euros por contratos de mantenimiento integral de productos y equipos propiedad del Principado, T-Systems suscribe un año después un acuerdo con Telecable para poner en marcha soluciones tecnológicas innovadoras para empresas y organismos públicos en Asturias.

Tras varias llamadas a la empresa para preguntarle a Álvarez si favoreció a T-Systems siendo directora general de Informática, ATLÁNTICA XXII no consigue contactar con ella ni recibe respuesta alguna.

José Alberto Pérez Cueto. Foto / Pablo Lorenzana.

José Alberto Pérez Cueto en Babel Sistemas

El otro caso denunciado por el Conceyu Por Otra Función Pública es el de José Alberto Pérez Cueto. Director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información entre 2007 y 2011, entra como gerente en el área de Sector Público de Babel Sistemas en 2012, solo un año después de su cese como alto cargo.

Babel es una firma multinacional de consultoría que presta servicios relacionados con las tecnologías de la información y telecomunicaciones. Pérez Cueto figura en la propia web de la empresa como gerente con más de 10 años de experiencia en proyectos de Administración Pública.

Preguntado por ATLÁNTICA XXII, Pérez Cueto dice “no sentirse aludido porque lo que impide la ley es, durante dos años, participar en temas privados relacionados con expedientes que hayas tramitado”. Subraya que se trasladó de Asturias a Madrid de forma intencionada, “a una empresa que no trabaja en Asturias y que jamás ha contratado con el Principado”.

Elena Arias. Foto / Pablo Lorenzana.

Elena Arias en Capio

La sanidad parece atravesada por puertas giratorias. Elena Arias pasó de trabajar como responsable de recursos humanos del holding sanitario privado Capio (hoy Quirón-IDC Salud) a ocupar en 2007 el puesto de gerente del Servicio de Salud del Principado (SESPA) hasta 2011. Regresó entonces a la misma empresa privada, Capio, beneficiada de los procesos de privatización de la sanidad madrileña. Lo hizo con el mismo cargo que ostentó anteriormente. Está jubilada, según fuentes de la empresa.

Precisamente la participación de Arias en esta multinacional de origen sueco hizo que en febrero de 2009, cuando ya llevaba dos años como gerente del SESPA, el PP de Asturias la denunciara por supuestas incompatibilidades. De aquella, tanto Capio como la propia Arias atribuyeron a un error que siguiera figurando como apoderada de la empresa.

El grupo Quirón-IDC Salud tiene 40 hospitales repartidos en doce Comunidades Autónomas, casi un 25% de la cuota del mercado hospitalario privado. La fusión supuso la implantación en España del modelo de concentración hospitalaria de gestión privada, siguiendo los pasos de países europeos como Alemania, Francia e Inglaterra.

Paulo González. Foto / Mario Rojas.

Paulo González en ASCEGE

Entre lo público y lo privado también se movió Paulo González. Concejal del PSOE de Langreo entre 2003 y 2007, director general de Prestaciones entre agosto de 2007 y septiembre de 2008 y viceconsejero de Prestaciones y Centros de la Consejería de Bienestar Social (de la que dependía el ERA) de septiembre a noviembre de 2008; desde 2011 es presidente de la Asociación de Centros Geriátricos del Principado de Asturias (ASCEGE), la patronal del sector.

En su web, ASCEGE presume de que “la Administración Pública del Principado ha depositado su confianza en nuestros centros residenciales. Hoy en día, constituye  la única asociación de Centros Residenciales para la Tercera Edad en el cual todos sus asociados están acreditados oficialmente por la Administración Pública en todo su ámbito de actuación. Es por ello que el 90% de las plazas convocadas por la Administración Pública pertenecen a centros geriátricos asociados de ASCEGE”. En declaraciones a ATLÁNTICA XXII, González defiende que su papel en la asociación es “meramente representativo”, y que ésta fue creada hace casi treinta años.

Paulo González también está ligado a dos empresas propiedad del médico gijonés Jesús Cocina: Geriátricos del Principado y Visama Restauración. En diciembre de 2009, González fue fichado por Geriátricos del Principado, cargo que mantuvo hasta abril de 2014. La compañía tenía dos centros en Asturias: Villanueva en Colloto y Palacio de Caldones en Gijón. A pesar de figurar como gerente, él define su cargo como el de “un trabajador que no tiene propiedades ni acciones”. Asegura además que solicitó un informe del que se desprendía que no existía incompatibilidad con su anterior cargo público “al no haber firmado ningún contrato ni haber tenido ninguna relación con empresas del sector”. Afirma también que, durante su etapa como viceconsejero, siguió manteniendo las mismas funciones que realizaba como director general.

En 2014, Cocina vende la casi totalidad de Geriátricos del Principado. Reinvierte los beneficios en Visama Restauración, empresa especializada en catering sociosanitario que da servicio, entre otras, a las residencias públicas. Su presidente y gerente es, desde marzo de 2010, Paulo González.

Él defiende que trabajar como viceconsejero no le benefició: “¿Pasar de Bienestar Social a una empresa del sector puede considerarse puerta giratoria? Puede, aunque solo adquirí conocimientos. ¿Utilicé mi paso por la política en beneficio de la empresa? No, y en Asturias me perjudicó”. Además, alude a una especie de ‘caza de brujas’: “Esta gripe ya la pasé hace ocho años, la policía política dirigida por miembros destacados de IU y alguno del PSOE utilizaron funcionarios y el acceso a información privada para rastrear todo lo que estuviera ligado a mí o a mi familia”.

María José Ramos. Foto / Mario Rojas.

María José Ramos en Palacio de Leceñes

En este sector de negocio también recaló María José Ramos tras su paso por la política. Tras iniciar su carrera política en el Ayuntamiento de Gijón como concejala, de 2007 a 2011 fue consejera de la Presidencia con el Gobierno autonómico de Vicente Álvarez Areces.

Casada con el presidente de la Junta General, Pedro Sanjurjo, Ramos es hoy directora comercial y social del centro de ancianos Palacio de Leceñes, situado en Valdesoto (Siero) y propiedad de Residencial Valdesoto. El geriátrico recibió en 2010 una subvención de casi dos millones de euros del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, dependiente del Ministerio de Industria. María José Ramos ha declinado conceder declaraciones a ATLÁNTICA XXII.

A la inauguración oficial del centro, celebrada en septiembre de 2014, cuando éste ya llevaba un año de actividad, asistieron Pedro Sanjurjo y la entonces consejera de Bienestar Social, Esther Díaz.

Esther Díaz. Foto / Pablo Lorenzana.

Esther Díaz en Davelco

Precisamente, la que fuera alcaldesa socialista de Langreo entre 2003 y 2012 y consejera de Bienestar Social entre 2012 y 2014 también está relacionada con este sector, ya que su marido, David González Galán, es socio de una residencia de ancianos en Llanes con plazas concertadas.

Pero no fue esto lo que provocó la dimisión de Esther Díaz en noviembre de 2014, sino la polémica levantada por la posible incompatibilidad entre su cargo como consejera y su participación de casi el 20 % en el accionariado de la empresa Davelco, situada en Riaño y también gestionada por su marido. Durante su última comparecencia en la Junta, Díaz aseguró que no incurría en incompatibilidad, ya que la ley de Buen Gobierno, que podría afectar a su empresa, no estaba en vigor.

Davelco, que en los últimos años llegó a facturar más de un millón de euros anuales con una plantilla de diez personas, incluidos sus directivos, fue proveedora de material para obras adjudicadas por la Administración como la construcción del nuevo HUCA, la ampliación de El Musel, la edificación del geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa o el soterramiento de las vías de FEVE en Langreo.

Tras dejar varios avisos en la empresa, ATLÁNTICA XXII no recibe respuesta de Esther Díaz. Recientemente la exconsejera fue nombrada apoderada de Davelco. El nombramiento apareció en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el pasado 2 de octubre, según La Nueva España.

Víctor Manuel Suárez Prado. Foto / Mario Rojas.

Víctor Manuel Suárez Prado en Global Atac

Pero hay otra compañía en la que nadie llegó a atender el teléfono tras múltiples llamadas. Se trata de Global Atac, constituida en 2013 por Víctor Manuel Suárez Prado, quien fuera viceconsejero de Comunicación hasta julio de 2011 y mano derecha de Vicente Álvarez Areces.

En 2010, Suárez Prado fue nombrado por Areces consejero de EBHISA, la terminal de graneles sólidos del puerto de El Musel, en representación del Principado. Tres años después, su empresa Global Atac comienza a operar. Aunque no tiene experiencia previa en el sector, Suárez Prado empieza a importar carbón peruano hasta el puerto de El Musel.

Anteriormente, durante su etapa como viceconsejero, adjudicó contratos a la empresa de servicios Provoca SL, propiedad de Óscar Corzo, casado con María Migoya, asesora del presidente y hermana de la consejera Ana Rosa Migoya. La esposa de Suárez Prado, Eva María Sánchez Díaz, entonces directora de Gestión Patrimonial, también es socia de la empresa Interinfancia, asociada a La Productora, una de las 22 empresas que la jueza López Pandiella incluyó en el sumario del Caso Marea.

En septiembre de este año, Global Atac comenzó a utilizar su palco privado de El Molinón para mantener encuentros con empresas del sector de la energía, la minería y los graneles que patrocinen a clubes de Primera División.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 41, NOVIEMBRE DE 2015