Los Ayuntamientos tienen un plan que padecen los currantes

Una multitud asistió a estas pruebas en el estadio Ganzábal de Langreo para optar a un contrato de un año en un plan de empleo.

Una tasa de reinserción laboral muy baja, un conflicto que enfrenta a beneficiarios de toda Asturias con sus Consistorios y 10 millones de euros en indemnizaciones. Los Ayuntamientos asturianos llevan 20 años convocando planes de empleo pero la inseguridad jurídica provoca que este año haya menos beneficiarios. Al margen de la polémica todas las partes coinciden en que no cumplen su objetivo, que es reinsentar a los parados que tienen más dificultades para trabajar.

Javier Fernández / Periodista.

Los planes de empleo municipales llevan más de 20 años implantados en Asturias. Estas contrataciones con fines sociales han servido de paliativo en muchos hogares durante las dos últimas décadas. Su futuro, sin embargo, se tambalea. Con casi 90.000 asturianos desempleados, hay Ayuntamientos que no se atreven a sacarlos adelante. Otros lo hacen temiendo que tendrán después que pagar indemnizaciones y extremando precauciones para evitarlo. “Inseguridad jurídica”, argumentan. Les sobran los motivos.

La primera avalancha de denuncias de trabajadores del plan de empleo se produjo en 2010, en Avilés. Desde entonces, según cuentas que ha realizado Izquierda Unida a través de una ronda de contactos en la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la factura a la que han hecho frente los Gobiernos municipales se eleva hasta los 10 millones de euros. Gijón ha pagado 3 millones y ha reservado otro para futuros litigios. Oviedo tendrá que asumir un gasto de 2,5 millones por este concepto. Avilés más de 1 millón y Langreo y Mieres 400.000 euros cada uno. A estas grandes cifras, apunta el diputado de IU Ovidio Zapico, hay que añadir las sentencias que se han dado en Ayuntamientos más pequeños, mucho menos cuantiosas ya que el número de beneficiarios es mucho más bajo que en los grandes concejos.

Detrás de las grandes cifras económicas, cientos de afectados han llevado su caso a los tribunales y han recibido su respaldo. Como quienes entraron a trabajar en el Ayuntamiento de Oviedo a través del Plan de Empleo 2014-2015. No era su cometido pero terminaron haciendo labores propias de funcionarios. Así lo reclaman los afectados y así se lo ha ido reconociendo la Justicia. Al igual que en otros Ayuntamientos, las sentencias se ponen de su lado y dan al consistorio dos opciones: la indemnización o la readmisión. Sin la obligación de tomar una o la otra. Todas las fuerzas políticas consultadas por esta revista y también el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo (STAO) reconocen que la plantilla municipal necesita ser aumentada –situación común en toda Asturias– y, sin embargo, hasta el momento se ha optado siempre por la compensación económica. Conflicto servido.

Por una parte, los operarios, quienes, con las sentencias como bandera, solicitan la reincorporación de 80 de las 119 personas que formaron parte del plan de empleo a los puestos que ocuparon durante un año. Del otro, el Ayuntamiento, que ha decidido que a cada pronunciamiento judicial en su contra le siga le petición de informes técnicos que estudien las labores que realizaba el trabajador. Un hecho que le diferencia del resto de Consistorios que, según datos manejados por la CSI, optaron por rascarse el bolsillo directamente. Se utiliza para decidir si el empleado es fundamental para la plantilla o no, pero alarga y complica cada caso. Si se le indemniza o se reconocen sus reclamaciones y el carácter imprescindible de su trabajo.

Antes que ellos vivieron una situación similar otros trabajadores de este programa en otros Ayuntamientos. Como en el de Avilés, por ejemplo. Raquel Velasco participó del plan que se inició en octubre de 2009 y realizó las labores de administrativa en Servicios Sociales, como en los casos ovetenses, sin distinciones con los funcionarios del departamento: “Trabajaba lo mismo, se me trataba exactamente igual que al resto de trabajadores y tenía las mismas funciones y horario”. Asegura que se hizo un uso erróneo de los planes de empleo y se utiliza a los beneficiarios para cubrir necesidades estructurales de personal. “Se está jubilando a mucha gente y no meten a nadie”, resalta para exponer después que la prueba de su importancia en el organigrama municipal es que “cuando yo me fui se quedó una interina en mi puesto”. Lamenta, además, que los planes de empleo han fallado a la hora de abordar una de sus tareas fundamentales: la reinserción. “De las personas que coincidieron conmigo, son muy pocos los que luego consiguieron volver al mundo laboral”, asegura.

Coincide con ella Xaime Aranda, de la CSI, sindicato que ha realizado un seguimiento con la finalidad de apoyar a los afectados en sus reivindicaciones: “La mayoría vuelven al paro cuando termina el plan de empleo”. Él mismo formó parte del Plan de Empleo 2014-2015 de Gijón: “Yo era conserje en una escuela. Eso no es circunstancial, eso hace falta siempre”, destaca. Relata que a la CSI han llegado casos de los Ayuntamientos de Oviedo, Siero, Mieres, Langreo, Cabranes, Villaviciosa, Salas y Grado y que se tiene constancia de litigios judiciales en Avilés y en Lena. En total 320 afectados. Y aún quedan juicios por celebrarse, “más de 50 entre junio y octubre de este año”. Xaime Aranda relata que en su sindicato solo tienen constancia de una ocasión, un caso que defendió un abogado particular, en la que el fallo fue favorable al Ayuntamiento. “En todos los demás se ganó”, recalca.

Obra y servicio

La base de todo el problema, lo que lleva a la Justicia a ponerse del lado de los reclamantes, es que los contratos que se firmaron con el plan de empleo fueron por obra y servicio. Pero, tal y como dictamina el Juzgado en una de sus sentencias, “en ningún momento se define la obra para la que se contrata al actor”, cuando se debió detallar que tipo de servicio se iba a prestar. Por eso, en lugar de una finalización de contrato, determina que se ha producido un despido nulo y que “se trata de personal de estructura y no de personal contratado para un cometido específico y puntual”. Y en coherencia con esta afirmación se considera que debe haber una indemnización compensatoria dado que los trabajadores del plan de empleo tenían salarios distintos a los funcionarios. En algunos casos, muy alejados de los que corresponden a los puestos estructurales de la plantilla municipal. En el caso de Oviedo 2014-2015 rondaban los 700 euros.

Por todo ello los trabajadores del plan de Oviedo 2014-2015, constituidos en una plataforma que vela por sus reivindicaciones, piden que se reconozcan tanto sus derechos como su condición de necesarios y se les devuelva a sus puestos. Pero lamentan que la opinión pública esté en su contra ya que se ha percibido que pretenden acceder a una plaza fija sin pasar unas oposiciones. “No queremos ser funcionarios por la cara”, alegan. Y reclaman que se les contrate como indefinidos no fijos hasta que se convoquen las plazas definitivas y se abran oposiciones. Defienden que pasaron en su momento una prueba para ser seleccionados, pero el Ayuntamiento alega que solo sirvió para cribar candidatos y que en ningún caso puede igualarse a una oposición.

El problema de los planes de empleo afecta a numerosos Ayuntamientos. Foto / Mario Rojas.

El concejal de Economía y Empleo, Rubén Rosón, de Somos Oviedo, explica que los informes para tomar una decisión sobre cada sentencia judicial se piden a técnicos, jefes de los distintos servicios y/o el director general de personal. Hasta el momento siempre han motivado que se opte a la indemnización y en todos los casos se ha seguido esta vía. “Si los informes fueran positivos [para los intereses de los denunciantes] estarían trabajando”, declara Iván Álvarez, edil de Interior (incluye contratación y personal) por Izquierda Unida, quien destaca que a través del plan de empleo se contrató trabajadores “para hacer funciones del día a día. No creo que hubiese nadie que hiciese labores distintas a las del funcionario que tenían al lado”. Pero quien debe determinar si sus funciones eran vitales o no son los técnicos a los que se consulta. Porque son quienes realmente conocen la situación sobre el terreno. Y, por lo tanto, distanciarse de la conclusión del informe “sería una irregularidad como un piano”.

De hecho, Somos Oviedo ha llegado a abstenerse pero nadie ha ido en contra. Como ya defendiera el alcalde Wenceslao López, la segunda teniente de alcalde y edil de Infraestructuras y Servicios, la socialista Ana Rivas, destaca que de hacerlo “se puede incurrir en prevaricación administrativa”. “Los funcionarios representan la objetividad de la Administración. Si vas contra el informe sabes que estás haciendo algo que los técnicos te dicen que es injusto”, resalta.

Y este tipo de comentarios han sentado fatal en la plataforma de trabajadores ya que sus miembros consideran que ponen a la opinión pública en su contra: “¿Cómo vas a prevaricar si estás haciendo lo que te dice un juez?”. Pero Ana Rivas resalta que su partido defiende que los planes de empleo son “para apoyar a colectivos con dificultades a acceder al mercado de trabajo”, mientras que para acceder al empleo público hay que atenerse al proceso “establecido por la ley y ceñirse al procedimiento abierto de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad”.

Postura que comparte Juan Ignacio Rodríguez López, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo (STAO): “Apoyamos sin reservas las reclamaciones económicas pero entendemos que el acceso a la función pública ha de hacerse como ha de hacerse”. Mediante oposiciones muy necesarias para aumentar una plantilla “bastante escasa”: “Si saliesen 200 plazas estaríamos encantados de la vida”. Como en el resto de los Ayuntamientos asturianos.

Privatización encubierta

Una afirmación que defienden los concejales del tripartito y también una parte de la oposición municipal. El PP de Oviedo rechazó realizar comentario alguno para este reportaje pero Luis Pacho, de Ciudadanos, afirma que “al Ayuntamiento le hace falta más músculo”. Comenta, además, que el plan de empleo 2014-2015 “no nos gustaba. No queremos que la Administración sea un ente más que precarice el empleo. No nos gusta que lo hagan las empresas y una institución no lo puede permitir”. Por eso apoya el Plan de Empleo 2015-2016, con 72 plazas y sueldos más altos, que van de los 1.000 a los 2.200 euros, y que pretende evitar los errores del pasado. Porque todos los grupos coinciden también en que el PP gestionó de forma muy deficiente esta cuestión. Sobre todo, porque ya existían los ejemplos negativos de años anteriores en municipios como Gijón y Avilés.

Rubén Rosón va más allá y denuncia que “el plan de empleo se utilizó como mano de obra barata” en un momento en el que la congelación de la tasa de reposición ha dejado a los Ayuntamientos con muchas necesidades de plantilla. Una situación que ha empujado hacia un proceso que su compañero de Gobierno, Iván Álvarez, califica como “de externalización encubierta”. Ante la imposibilidad de convocar plazas impuesta por el Gobierno central y las urgencias de personal, se licita a empresas privadas. Una situación que escuece a los trabajadores del plan de empleo que saben que en muchos casos, tal y como recoge alguna de las sentencias, se ha acudido a esta vía para cubrir sus antiguos puestos. En Gijón, más de lo mismo: “Mucha gente de mantenimiento era del plan de empleo, ahora llaman a empresas privadas”, dice Xaime Aranda.

Pero, pese a todos los problemas que ha generado en Asturias, el tripartito de Oviedo considera que no podía a renunciar al plan de empleo y los 1,7 millones de euros que se destinan desde Europa para este programa. En la edición de 2016-2017, para no repetir errores, se ha afinado la finalidad de los contratos y se extremarán las precauciones para que los beneficiarios realicen solo las labores para las que se les contrató. Pero el aumento de las exigencias implica que el perfil se haya alejado de personas con dificultades y se acerque a personas con titulaciones específicas. La función social de los planes queda en entredicho. “Aceptamos la crítica pero no podíamos hacerlo de otra manera para evitar errores del pasado”, comenta Iván Álvarez.

Otros Ayuntamientos, como los de Mieres, Langreo y Avilés, han optado por renunciar a los planes de empleo. El consejero de Economía Francisco Blanco, quien declinó hacer comentario alguno para ATLÁNTICA XXII, explicó en la Junta que 74 Ayuntamientos tendrán plan de empleo. En respuesta a Ovidio Zapico comentó que Noreña presentó la solicitud fuera de plazo, que 72 Consistorios han formalizado ya sus contratos y que Oviedo y Llanes están en proceso de contratación. En total, 707 personas trabajarán para los municipios asturianos gracias a esta figura. Pero, dado que, critica Zapico, “el Principado no quiere hacerse responsable subsidiario”, 2017 “no será el año en el que terminen los problemas”. ¿Vuelta a empezar?

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 45, JULIO DE 2016