Una secuencia del documental «Corrupción, el organismo nocivo», en el que varios de los protagonistas hablan con el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Foto / Pandora Box TV.

No se callaron y por ello se les admira. Sus historias se han contado en los medios, pero ahora muchos pagan las consecuencias de su audacia. Detrás de los focos y las celebradas heroicidades con supuesto final feliz, se esconden profesionales cuya carrera quedó cercenada por la sencilla razón de hacer correctamente su trabajo. Tras la aureola del mito está la cruda realidad del día a día. Son los denunciantes de la corrupción. ATLÁNTICA XXII ha querido saber cómo es la vida de cuatro de ellos años después del momento en el que decidieron nadar contra corriente.

Carlos Mier / Periodista.

Es la escena final de una película cualquiera en una pantalla cualquiera. El protagonista de la historia, ese improvisado investigador que durante las últimas dos horas ha desafiado al poder establecido sin quebrantar sus principios y sin desfallecer hasta enviar a los culpables a chirona, fija su mirada en el horizonte. Sus pupilas reflejan la satisfacción del trabajo bien hecho. El miedo no era una opción. Obviamente se lleva a la chica a la que ha encandilado en un par de escenas de acción trepidante. También se ha granjeado el reconocimiento de los suyos. Ha perdido mucho por el camino, pero ha merecido la pena. Al final los buenos ganan siempre.

Por desgracia (o por fortuna, quién sabe) la vida no es una película de Hollywood. En la cruda realidad, tras la música de cierre y los títulos de crédito, las luces de la sala se encienden y hay que seguir viviendo. Y la experiencia de enfrentarse a los poderosos y nadar contra la corriente del ‘es lo que hay’ suele implicar sufrimiento, desazón, desesperanza y, en el peor de los casos, arrepentimiento.

Sentimientos inevitables en la carrera de unos héroes que aseguran que jamás quisieron serlo. Quijotes involuntarios que solo se limitaron a hacer correctamente su trabajo y que se encontraron con los enormes molinos de la soledad y de la íntima penitencia, con los gigantes del abandono institucional y el ocasional vilipendio mediático. Del ‘no sabes con quién te estás metiendo’ al ‘te voy a destrozar la vida’.

Son los denunciantes de la corrupción. Detrás de cada uno, una historia personal. Valientes, mucho, pero humanos. De la heroicidad no se come. No siempre el mismo final, siempre los mismos problemas. Aislamiento profesional, acoso laboral, minutas de abogados, procesos judiciales interminables, desprotección, calvario.

Fernando, la inevitabilidad del justo

Fernando Urruticoechea.

“En todo tiempo hay siempre treintaiséis justos sobre la faz de la tierra, cuando ellos desaparezcan el mundo acabará. No se conocen entre ellos y cuando uno de los justos muere es inmediatamente sustituido por otro”. Así lo creen los judíos porque así lo recoge el Talmud. Cuando conoces a Fernando Urruticoechea, el interventor más famoso de España muy a su pesar, inmediatamente te apetece ponerte la kipá y meterte en una sinagoga. A él la mención le parecerá no ya exagerada, sino una auténtica chorrada. Te dirá que solo quiere disfrutar de la vida, porque la ama. Que “no es un justiciero”. Que “no le va la trifulca política”. Y es cierto.

Pero Fernando carga sobre su espalda la inevitabilidad del justo. Nunca ha sido capaz de callarse, de transigir, de hacer mal su trabajo. Le indigna hasta el tuétano el despilfarro, la falta de profesionalidad. El trinque. Es triste darse cuenta, pero habitamos un territorio en el que eso puede resultar un problema.

La corrupción es un círculo. Un camino de ida y vuelta. Un trabajo en equipo. Generalmente, tendemos a identificar el acto corrupto únicamente con un político concreto o un determinado partido. La simplificación suele ser una trampa peligrosa. Porque si algo hemos podido aprender en el último lustro es que la corrupción es un coro con muchos cantantes.

En la base, un denominador común: el flujo del dinero público, la sangre que se reparte por las venas del cuerpo corrupto. También la compra de voluntades en la toma de determinadas decisiones que permiten el beneficio a corto plazo, como en el torrente de especulación inmobiliaria que inundó las instituciones hasta el reventón. El empresario necesita y tienta, el conseguidor pone en contacto, el político acepta y trinca, el funcionario permite, el auditor se distrae. Cuando alguno de estos dos últimos rompe el equilibrio, dice ‘no’, la fiscalía apunta, la policía reconstruye, el juez castiga. Y vuelta a empezar.

Y en ese punto es donde aparece Fernando, el funcionario que más casos de corrupción ha denunciado en España. Hace unos años que es interventor en el Ayuntamiento de la poética Orihuela, corazón del Caso Brugal. También fue azote en Crevillente y en Castro Urdiales. Antes, hace la friolera de tres décadas, ya dejó su impronta en Euskadi, donde nació hace poco más de sesenta años. Contar cómo ha conseguido derrocar a decenas de pequeños califas del menudeo institucional, casi de todos los partidos, podría llenar varios tomos de una colección de novela negra. Han sido dos los alcaldes a los que ha conseguido tumbar y otros seis los que se han topado con su profesional modo de entender el trabajo del “guardaespaldas de la legalidad”, como a él le gusta definir su profesión. “No es que me hayan tocado a mí Ayuntamientos especialmente corruptos, es que no hay un Ayuntamiento en España que se salve de la corrupción”, apunta con timbre resignado. “La gallina de los huevos de oro está ahora en la basura, el agua y la limpieza”.

Pero él se niega a cantar sus alabanzas. Huye de la imagen de llanero solitario, del justiciero cinematográfico a la caza del corrupto. Solo quiere vivir tranquilo. Que le dejen hacer su trabajo. Disfrutar de su tiempo libre. De su familia.

Hace poco tuvo que alquilar una lonja para guardar toda la documentación acumulada tras décadas empeñándose en hacer las cosas bien, por el manual. Esto le ha granjeado críticas diarias de amanuenses en la prensa, amenazas de expedientes, demandas millonarias de empresas relacionadas con adjudicaciones municipales. También, por reciente, un intento de interrumpir sus vacaciones navideñas para imputarle problemas en el Ayuntamiento que no le correspondían. Todas las demandas y los expedientes contra él se han ido al limbo de la desestimación judicial. Sus informes contrarios a arbitrariedades, sus negativas al amaño, han estado siempre ajustadas a la ley.

Pero el objetivo no es inhabilitar a Fernando, no es imputarle un delito que manche su imagen. Eso es imposible. La meta de sus enemigos es el desgaste. Conseguir que se rompa. Y hay ocasiones en que han estado cerca de lograrlo. Voz cortada al teléfono. “Lo he pasado mal. Muy mal. Visto el sufrimiento que he provocado en mi vida personal, si volviera atrás tal vez me lo pensaría dos veces y optaría por otro camino. Me he roto [y aquí también se rompe su voz]. Y no es bueno romperse”.

Sin embargo y tras recuperar el ritmo de la conversación y la entereza, Fernando se convierte de nuevo en palmera que tan solo se dobla ante el huracán. “Hay que proteger al denunciante. El camino es muy largo”.

Ana, volver a empezar

Ana Garrido.

Ha empeñado unos cuantos años de su vida (y lo que queda por delante), pero asegura que volvería a hacerlo. Ana Garrido, empleada del Ayuntamiento de Boadilla y testigo clave en la investigación de la trama Gürtel, echa la vista atrás y no ve el principio. Como ella misma reconoce, su decisión de luchar contra la corrupción política no fue voluntaria sino “inevitable”. Pero ¿cómo se enfrenta al día a día un ciudadano que denuncia cohechos y fraudes de aquellos que detentan el poder?

La ventaja, “tener la conciencia tranquila”. El inconveniente, vivir un calvario que la ha dejado sin casa, sin trabajo, y con una mano delante y otra detrás. Ahora vive con la ayuda de su familia y amigos y vende joyas manufacturadas en mercadillos. Hace años que su caso ha saltado a los medios y su historia empieza a sonarle a la gente. Pero su vida sigue siendo muy difícil y la reparación no acaba de llegar.

Seis años después de elaborar y entregar en la Fiscalía Anticorrupción un dosier de 300 páginas sobre las irregularidades perpetradas en el Ayuntamiento en el que trabajaba y cinco años desde que declarara ante el juez Pedreira, Garrido aún no ha despertado de la pesadilla.

Fue degradada, tuvo que pedir la baja, una excedencia para irse a trabajar a Costa Rica y todavía a día de hoy sigue inmersa en un proceso judicial contra el consistorio de Boadilla por ‘mobbing’. Ganó en dos instancias, y el caso ha llegado al Supremo. Los abogados que defienden al Ayuntamiento (de un bufete privado, para más inri) están pagados con dinero público. El de Ana, obviamente, de su bolsillo. No ha visto un euro de los 185.000 que le adeuda el Ayuntamiento, según se recoge en la sentencia que está recurrida al Alto Tribunal.

Ella, “una ciudadana de a pie”, tuvo que enfrentarse en solitario “contra un sistema corrupto que tiene medios y los utiliza”. Fue entonces cuando decidió iniciar una investigación por su cuenta y riesgo. Y lo hizo acudiendo a las fuentes más fiables: los patrimonios. Y así, llamando a sus compañeros, “comprobando y husmeando aquí y allá”, logró reunir la suficiente información para demostrar que Arturo González Panero ‘El Albondiguilla’, alcalde del municipio del PP, “tenía una riqueza que no se correspondía con su cargo”. Casas, coches, viajes… corría el año 2009 y con el dossier bajo el brazo se encaminó a la Fiscalía Anticorrupción. Un mes más tarde, en los medios se hicieron eco de que comenzaba la investigación de Gürtel gracias al dossier de Ana Garrido y al de Pepe Peñas, el ex concejal del PP de Majadahonda que grabó las conversaciones de la trama.

En 2010, Garrido recibe una carta en la que se requiere su presencia para declarar ante el juez instructor Antonio Pedreira. Ella recibe la noticia con un océano de por medio. Está en excedencia trabajando en Costa Rica. En un hotel, justo después de dejar un trabajo de cajera. Su baja se había acabado y “no podía soportar la idea de volver al Ayuntamiento”, así que decidió poner tierra –y mar– de por medio. La declaración se produce a principios de 2010, casi en el momento en el que ‘El Albondiguilla’ dimite como alcalde de Boadilla, al ser imputado en la Gürtel por los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Según cuenta Garrido, Pedreira fue muy claro tras la declaración: “Se necesitan muchas más personas como usted, Ana”.

Para entender el papel de Garrido en un caso con multitud de ramificaciones locales y que tiene como imputados a decenas de cargos del PP, es necesario retroceder veinte años. Garrido, diplomada en Magisterio, con plaza en propiedad como personal laboral fijo por oposición, entró a trabajar en el consistorio de Boadilla en 1993. Como personal técnico del Ayuntamiento, concretamente en el área de Juventud, redactaba y analizaba los pliegos de condiciones antes de otorgar concesiones, con o sin concurso público.

Y fue desde esa posición privilegiada desde la que comenzó a notar que algo no iba bien. Sobre todo a partir de la entrada como alcalde de Panero, el que fuera su valedor en años anteriores. Recibió presiones para modificar pliegos, se negó a colaborar, fue degradada, cayó en una depresión y pidió la baja. En ese momento ya era “la apestada del Ayuntamiento” e incluso sus compañeros “tenían que esconderse para tomar un café con ella”. La Gürtel operaba a pleno rendimiento en Boadilla, pero esto no la detuvo.

Con Panero fuera de juego y con su sucesor, Juan Siguero, también imputado en Gürtel, la llegada de un equipo nuevo tras las elecciones convence a Garrido para volver a España. Antonio González Terol, también del PP, se convierte en alcalde y promete hacer borrón y cuenta nueva. Sin embargo, el camino de Garrido ha seguido por senderos tortuosos. Volvió a sentirse presionada y maltratada, asegura que la sombra de Gürtel sigue planeando sobre el Ayuntamiento y por eso decidió presentar una demanda por acoso para finiquitar su relación laboral.

El resto es historia judicial. Ana, arruinada pero con ganas de seguir su lucha, dirige un mensaje claro: “Si todo esto fuera por dinero, habría pasado por el aro cuando tuve ocasión y me habría ahorrado muchos sufrimientos”. A pesar del largo y difícil camino recorrido, Garrido es muy concisa en su respuesta: “Me quedan pocas fuerzas, pero volvería a hacerlo. Quizás habría sido más lista, me hubiera protegido más. Pero no me arrepiento”.

Albert y Maite, la luz al final del túnel

Albert Gadea.

Santa Coloma (Barcelona) es el epicentro del Caso Pretoria, donde en 2009 el técnico Albert Gadea y la interventora municipal Maite Carol pusieron la primera e indispensable piedra para comenzar las investigaciones de un tinglado que ha ocasionado a las arcas públicas unas pérdidas de unos 45 millones de euros en el típico juego de licencias urbanísticas a cambio de comisiones.

El caso de Albert y de Maite es diferente pero ambos responden sin ambages que “volverían a hacerlo”. Él ha sido reincorporado al Ayuntamiento porque tiene un puesto de Técnico Superior. Ahora le tratan “razonablemente bien”. A ella consiguieron echarla por ser personal eventual. En estos momentos está alejada de su profesión porque incluso lograron que no la contrataran en ningún sitio. Cuando lo intentó como consultora por su cuenta llegaron a decirle “haces un trabajo estupendo, Maite, pero si nos pasas una factura nos hundes”.” El avance del caso y la apertura del juicio oral ha sido un espaldarazo para ellos, que ven cómo su causa se respalda en sede judicial. Por fin. “La justicia en este país funciona mal porque funciona tarde”. Ambos asienten.

Maite Carol.

Gadea está orgulloso de lo que hizo, pero pasó por el proceso habitual. Aislamiento laboral, silencio cómplice de los compañeros de trabajo, intentos de destrozar su reputación, ‘mobbing’ laboral. Y es realista en su juicio: “Yo lo hice porque podía. Tenía otra profesión aparte. Los hijos ya eran mayores. Mi mujer trabaja. No tenía hipoteca. Si no denunciaba era para darme de hostias. Mis hijos se hubieran prestado voluntarios [risas]. Pero de 600 tíos en el Ayuntamiento ninguno quiso decir nada salvo nosotros dos. Eso es lo inadmisible. Aunque supongo que ahora esa gente no se puede mirar al espejo”.

El organismo nocivo, más que un documental

No solo hay quijotes en las instituciones. También los hay en el mundo del periodismo y la producción cinematográfica. Con el mismo espíritu ejemplificador, los cineastas Teresa Soler y Albert Sanfeliu, de la productora Pandora Box TV, se embarcaron en una ‘locura’ llamada Corrupción: el organismo nocivo. En este documental, indispensable para entender la corrupción en España, participan algunos de los protagonistas de este reportaje.

Con una campaña de micromecenazgo, Soler y Sanfeliu lograron hacer posible su proyecto gracias a las aportaciones de 451 personas interesadas en que se plasmara la idea de que la corrupción no es solo un tema de altas esferas, sino que también está al lado de nuestras casas, en cada Ayuntamiento y en cada pequeña institución.

Para Teresa Soler, la finalidad del documental es “ser útil para la ciudadanía, porque el conocimiento es indispensable para poder cambiar las cosas. Tras las proyecciones la gente sale muy sorprendida y al mismo tiempo empoderada. Porque al final ese es nuestro poder: tener acceso al conocimiento”. Además, también insiste en desterrar la idea del heroísmo: “No se debe abonar la idea de que son héroes, de que los denunciantes están hechos de otra pasta, sino todo lo contrario, normalizarlo para que la gente tome conciencia y se atreva a denunciar”.

Cartel de la película de Pandora Box TV.

España, tierra hostil para denunciantes

Según varios estudios e informes de organizaciones internacionales (entre ellas la OCDE o Transparencia Internacional) el ‘whistleblowing’ o la cultura de la denuncia positiva de las filtraciones de interés público es uno de los métodos más efectivos de exponer, entender y combatir la corrupción en una sociedad. Gracias al ‘whistleblowing’ hemos conocido asuntos como los correos de Blesa, el escándalo de las tarjetas Black, los borradores secretos de las negociaciones del TISA y el TTIP, la evasión fiscal en el HSBC o los ‘papeles de Bárcenas’.

Con una cultura tan activa de filtraciones de interés público en España –que algunos achacan a la falta de confianza en las instituciones de control–, sorprende mucho que no existan en este país mecanismos de protección a denunciantes y que el tema no sea objeto de debate público. Y más cuando el 88% de los países desarrollados (incluyendo a Grecia que la adoptó hace poco) cuentan con algún tipo de legislación que protege a los trabajadores que denuncian irregularidades o ilegalidades en el seno de su organización.

Solo 4 países en la UE tienen marcos de protección avanzados, 16 tienen protecciones parciales y los 7 restantes marcos legales muy limitados o inexistentes. Entre estos últimos está España. ‘No te chives de tu compañero’ parece aquí una consigna.

Todos los denunciantes y las organizaciones que trabajan por la transparencia coinciden en que la ley debería garantizar el anonimato, la protección del testigo, el blindaje laboral o la asistencia jurídica garantizada, como ocurre en otros países.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 43, MARZO DE 2016