Los diputados asturianos se resisten a acabar con sus privilegios salariales

Una sesión en la Junta General del Principado. Foto / Mario Rojas.

Los diputados autonómicos asturianos están dando tal espectáculo público con la modificación de sus sueldos que parecen empeñados en acabar con el escasísimo crédito que aún les conceden los ciudadanos, aunque sea simplemente por ir a votar cada cuatro años.

Desde que ATLÁNTICA XXII desveló el pasado mes de marzo el fraude en el cobro por kilometraje de sus señorías, los partidos intentan salir del paso legalizando sus sueldos porque, por fuerte que parezca, sus emolumentos son flagrantemente ilegales y constituyen un escandaloso privilegio frente a una  ciudadanía agobiada por la crisis.

Por Xuan Cándano / Director de ATLÁNTICA XXII.

Los diputados de la Junta General del Principado aprobaron para sí mismos hace ya muchos años, más o menos desde que Bárcenas empezó a anotar los pagos que ahora afloran, un doble sistema de sobresueldos. Uno consiste en pagar el kilometraje diario de cada diputado hasta el Parlamento, acudan o no a la Cámara y durante todo el año, incluidos los amplios periodos de vacaciones parlamentarias. El otro es el cobro de 933 euros en concepto de manutención, libre de impuestos. En total sus señorías no cotizan por un tercio de lo que perciben, que no es precisamente un sueldo escaso, como corresponde al estatus económico de toda la clase política.

Tienen razón para sorprenderse por el escándalo que se ha montado al salir ahora todo este montaje a la luz, porque no era precisamente clandestino y jamás en todos estos años lo cuestionó nadie, ni desde la sociedad civil ni desde los medios. Pero los tiempos están cambiando, como ya advertía Bob Dylan, y lo que eran privilegios consentidos con las vacas gordas se han convertido en un motivo de indignación colectiva con la brutal recesión.

Obligados por la presión mediática y social, los cinco partidos del parlamento asturiano comenzaron a negociar un nuevo sistema salarial sin la menor gana. Ya llevan medio año y no consiguen un acuerdo. Lo único que logran es exhibirse impúdicamente ante los ciudadanos, aumentando su desprestigio hasta límites inimaginables. Un consenso inicial, que consistía en un aumento salarial bruto de unos 200 euros, para compensar lo que perderían al acabar los privilegios fiscales de los diputados, saltó por los aires estos días al desmarcarse Foro Asturias, que no quiere poner límites en el kilometraje. Los casquistas siempre vieron con recelo la reforma y no ocultan que en buena parte se debe a la presión mediática de La Nueva España, el primer medio asturiano, enfrentado abiertamente a Francisco Álvarez-Cascos, que ha denunciado en varias ocasiones ante la Justicia al diario ovetense. Foro y PP también proponen rebajar de los 45 actuales a 35 el número de diputados, a lo que se oponen el PSOE, IU y UPyD, los partidos que sostienen al Gobierno monocolor socialista.

Concentración frente a la Junta General del Principado. Foto / Mario Rojas.

El truco del kilometraje -esa picaresca por la que los sobresueldos ya ilegales de todos los diputados supusieron auténticos expolios de dinero público durante muchos años en casos concretos de diputados que falseaban los cobros- es otro de los motivos de división entre los partidos. UPyD se desmarcó de las negociaciones proponiendo que el kilometraje lo paguen los grupos parlamentarios, que reciben en total 2,7 millones de euros anuales, destinados en buena parte a financiar a los partidos. El PSOE y el PP lo reconocen abiertamente. A los sueldos la Junta destina anualmente 2,3 millones.

Si alguna duda le quedaba a algún ciudadano sobre el origen esencial de las “vocaciones” políticas -siempre entre comillas porque venir a servir a los demás parece algo enterrado en la historia del parlamentarismo- que venga a ver el espectáculo de la Junta General del Principado: a la política se viene a pillar, a trincar y a ganar dinero. Buena parte de los diputados autonómicos asturianos se verían abocados al paro si los electores o sus partidos los mandaran para casa. Muchos, entre ellos altos dirigentes de distintas siglas, no tienen otro oficio que la política y en sus biografías oficiales consta que “cursaron estudios”. No es de extrañar que defiendan su salario con uñas y dientes, aunque sea un escándalo comparativo con los ciudadanos a los que castigan con continuos recortes.

Y hay otra reflexión que subyace en relación al conflicto del parlamento asturiano. Nada habría que discutir si los mandatos estuvieran limitados por ley, a ocho años como máximo, y si sus señorías cobrasen durante ese tiempo lo mismo que en sus trabajos fuera de la política, una propuesta imprescindible para la regeneración democrática. La revolución ya no consiste en asaltar el Palacio de Invierno ni en quitar a los ricos lo que necesitan los pobres. Sería simplemente acabar con la profesionalización de la política, ese cáncer que socaba a la democracia sosteniendo a una clase parasitaria que, en relación a su poder y sus privilegios, ejerce ahora un papel similar al que tuvieron a lo largo de la historia el feudalismo, la aristocracia, la burguesía depredadora o la Iglesia.