Madreña contra la injusticia

Los diez acusados de La Madreña antes de entrar en el TSJA. Foto / Pablo Lorenzana.

El juicio contra los diez acusados de convertir la antigua Consejería de Servicios Sociales en la calle General Elorza de Oviedo en el centro social autogestionado La Madreña se inició ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La Fiscalía les acusa de «utilizar de forma permanente para fines personales» el edificio propiedad de Sedes, sin permiso de la empresa pública, entre los años 2011 y 2014. Los acusados se defendieron alegando que La Madreña fue ocupada no por personas concretas, sino «por el conjunto del pueblo de Oviedo».

Entre los procesados, que se enfrentan a una multa de 1.440 euros cada uno por un delito de usurpación, están el edil de Economía del Ayuntamiento de Oviedo Rubén Rosón y el diputado regional de Podemos Andrés Ron, que al igual que el resto de imputados defendieron que el centro era utilizado incluso por organismos dependientes del Principado.

El primero en prestar declaración fue el propio Ron, cuya condición de aforado obligó al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a llevar el caso. Lo hizo en asturiano. También prestaron declaración Rosón, el coordinador político de Somos Oviedo David Acera, el historiador Diego Díaz, el informático Víctor Montes, el funcionario Pablo Capa y los entonces estudiantes Iyán Vigil-Escalera, Olga Díaz y Álvaro Fueyo.

El juicio continúa hoy con las testificales de la Policía ante el Tribunal de la Sala de lo Civil y lo Penal presidida por Ignacio Vidau, a la sazón presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

El desalojo de la antigua Consejería de Servicios Sociales se produjo en abril de 2014, pero la ocupación por parte de personas vinculadas al 15-M del edificio para convertirlo en un centro social autogestionado se produjo tres años antes, en 2011, y fue seguida de infinitas actividades culturales y sociales.

Los acusados se enfrentan a una multa de 1.440 euros cada uno por un delito de usurpación. Foto / Pablo Lorenzana.

Los acusados fueron recibidos entre vítores de un centenar de personas a la puerta del tribunal, ubicado en la plaza Porlier de Oviedo. Con camisetas con el lema «Absolución de los activistas, castigu a los corruptos», los procesados se pusieron al frente de una movilización que recordó las de 2014, con cánticos como «La Madreña no se cierra», y pidieron procesar al alcalde y al presidente regional de la época.

«De Lorenzo-Areces, castigo a los culpables», cantaron después de recordar en un manifiesto leído por Olga Díaz que la gestión de ambos en la conocida como ‘Operación de los Palacios’ costó 59 millones de euros a las arcas públicas y obligó a privatizar la antigua Consejería de Sanidad.

Entre los manifestantes estaban la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, el secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, el portavoz de esta formación en la Junta, Emilio León, y un buen número de militantes de organizaciones de izquierda y usuarios de La Madreña, que se congregaron ayer a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En la víspera, solicitaron investigar a quienes consideran responsables de la ‘Operación de los Palacios’ que acabó por “privatizar” la antigua sede de la Consejería de Sanidad, en General Elorza 32, para “financiar la construcción del Calatrava”.

Así, mientras los ocupantes de La Madreña viven un proceso judicial “injusto”, según consideran, el exalcade Gabino de Lorenzo, el expresidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y la empresa que gestionó la construcción del Palacio de Congresos, Jovellanos XXI, “no han tenido que afrontar ningún juicio por una operación económica ruinosa que supuso 59 millones de euros para las arcas asturianas”.