Cristina Cifuentes en un acto oficial  /Foto de Isabel Permuy

Las Delegaciones del Gobierno deberían ser de los primeros organismos públicos a eliminar. Son una herencia de los antiguos Gobiernos civiles del franquismo, una de las conceciones al viejo régimen durante la Transición. No son necesarios, porque la función de un Delegado del Gobierno bien la podría cumplir un funcionario. Y en la práctica suelen actuar como simples  comisarios políticos del gobierno que les paga. Además nos salen muy caras a los ciudadanos, porque el sueldo de sus titulares y sus presupuestos no son precisamente austeros.  En Madrid, donde ministros, consejeros y una legión de cargos públicos gestionan el poder del Estado en múltiples Administraciones y organismos públicos, es donde la Delegación del Gobierno parece más prescindible. Ahora el cargo lo ostenta una mujer peculiar, que no duda en ordenar reprimir con contundencia las movilizaciones ciudadanas, tan naturalmente habituales en una época de aguda crisis. Cristina Cifuentes no deja indiferente a nadie, ni tampoco su marido,  cuyos negocios le han ocasionado problemas personales que afectan a la  imagen pública de su esposa. La última y sonada declaración pública de Cifuentes puede acabar en los tribunales, porque la Delegada del Gobierno ha hablado de «grupos filoetarras» en RNE, en alusión a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que estudia presentar una denuncia judicial.  Al polémico perfil de Cristina Cifuentes aludía un reportaje publicado en ATLÁNTICA XXII el pasado mes de enero, en su número 25. Fue elaborado por Sergio C. Fanjul y lo reproducimos a continuación.

Cristina Cifuentes, mano dura en guante moderno

Aparentemente moderna pero indisimuladamente represora, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, nunca pasa desapercibida. Tampoco su marido moroso, aunque lo intenta ante la Justicia.

Sergio C. Fanjul / Periodista.

El conocimiento del ciudadano sobre la figura de un delegado del Gobierno suele ser proporcional a la brutalidad que ejerza la Policía Nacional durante su mandato, aunque controlar a las fuerzas del orden no sea su única función. Cristina Cifuentes, pues, ha alcanzado una triste fama. En Madrid, y en todas partes, se viven tiempos turbulentos y la Unidad de Intervención Policial (los antidisturbios), desde la llegada del presidente Mariano Rajoy al Gobierno, se ha aplicado a la hora de reprimir manifestaciones de forma violenta. Los casos son incontables, pero se pueden recordar especialmente la marcha minera que una noche arribó a la capital desde las cuencas asturianas y al día siguiente, el 11 de julio, fue apaleada en puertas del Ministerio de Industria, las marchas del 19-J que acabaron en guerra de guerrillas por los barrios de Huertas y Lavapiés o la iniciativa Rodea el Congreso, el 25-S, cuya brutales imágenes (asalto a la estación de Atocha, a casi un kilómetro de distancia de la manifestación, y supuestos policías infiltrados incluidos) dieron la vuelta al mundo.

Cristina Cifuentes. Foto de Isabel Permuy.

Pero no crean: aunque Cifuentes (Madrid, 1964) es una entre los ocho hijos de un militar, no es una rancia sargentona al uso. Pertenece al ala más liberal del PP, vive en el rockero y moderno barrio de Malasaña, luce cinco tatuajes, eso sí, discretos: “Un sol, una estrella, una rosa, un motivo tribal y un símbolo chino de protección, son minitransgresiones” según relató a El Mundo. Está a favor del matrimonio homosexual, es agnóstica, entusiasta de las redes sociales, se define republicana y disfruta del cine de autor de Lars Von Trier y los hermanos Cohen (le hubiera gustado ser crítica de cine si no fuera política). Vaya, que podría pasar por una hipster. Eso sí, le gusta el toreo. Lo cierto es que es un personaje curioso, como su marido, Francisco Javier Aguilar Viyuela, con el que lleva casada veinticuatro años y a quien le da las gracias en los medios “por aguantarme con el tipo de vida que llevo y suplir constantemente mis ausencias; afortunadamente se ha ocupado de los niños y de la infraestructura de la casa”. Un arquitecto que no se sabe muy bien dónde está: si en su casa o en paradero desconocido, pues debe unos 48.000 euros a un aparejador que trabajó para él durante seis años.

Pero aparte de sus simpatías alternativas, alejadas de la caspa popular, lo cierto es que en sus diferentes actuaciones e intervenciones Cifuentes no ha mostrado su cara más amable. En octubre levantó cierta polvareda al pedir una forma de “modular” las manifestaciones en Madrid. Hasta entonces, en lo que iba de año, se habían convocado en la capital 2.200 manifestaciones y concentraciones y la delegada abogó por “gestionar el espacio público de una forma más racional”, lo que levantó ciertos resquemores en grupos de la oposición que vieron en esto un ataque al derecho de manifestación. Y, por supuesto, siempre ha justificado las actuaciones más agresivas de la policía durante los últimos meses. Tampoco gustó que la Delegación diese la absurda cifra de 35.000 manifestantes el día de la huelga general del 14 de noviembre, la segunda en la legislatura de Rajoy, cuando los sindicatos contaron (y como cualquier asistente pudo observar) cientos de miles de personas en las calles.

Escupida y ciberacosada

Con todo, las cosas no han sido fáciles para ella, pues ha generado cierta animadversión entre algunos ciudadanos: en julio, mientras caminaba por su barrio después hacer la compra, fue increpada y escupida al toparse con un grupo de manifestantes que protestaban por los recortes y que le acompañaron abucheándola durante un tramo de la calle Manuela Malasaña. Un mes antes había denunciado a un “ciberacosador” por amenazas graves contra ella y su familia a través de la red social Twitter. “A mí que me digan puta me importa relativamente poco o nada”, declaró entonces, “pero que digan que me van a pegar un tiro en la cabeza, que van a entrar en mi casa o que a mi hija la van a violar, pues no”. A pesar de todo, mantiene su cuenta de Twitter @ccifuentes, en la que es bastante activa.

La tragedia del Madrid Arena, en la que cinco jóvenes perdieron la vida en una avalancha, también le ha salpicado. La alcaldesa Ana Botella trató en noviembre de derivar la responsabilidad del asunto a la Policía Nacional, que había inspeccionado el recinto. Cifuentes, que explicó que los agentes se limitaron a recoger la documentación de los organizadores y a verificar la apertura de puertas, devolvió la pelota a Botella mostrando que la Policía había enviado el triple de agentes que la Policía Municipal, dependiente del Ayuntamiento, tanto antes como después del terrible suceso. Su hijo de veinte años era uno de los asistentes a la fiesta.

IU presentó en diciembre una querella criminal contra Cifuentes en relación a las “identificaciones indiscriminadas a personas y sus posteriores sanciones al intentar participar en protestas convocadas en Madrid”. El diputado Alberto Garzón explicó que la manifestación, “no convocada, pero legal”, del 27 de octubre contra los presupuestos en Madrid, se saldó con “300 personas identificadas por la Delegación del Gobierno de manera arbitraria que han recibido una sanción económica que asciende a 500 euros por persona, solo por manifestarse”, lo que achaca a una estrategia del PP para hacer surgir el miedo y la resignación entre la ciudadanía.

Marido moroso en “ignorado paradero”

Francisco Javier Aguilar Viyuela, arquitecto y exdirector general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid en la etapa de presidencia de Alberto Ruiz Gallardón, parece haber sido afectado por el parón del mercado inmobiliario, como muchos de sus colegas. Debe 48.000 euros al aparejador José Ángel Martínez Bueno, con el que trabajó durante seis años. En junio, el Juzgado de lo Social número 39 de Madrid ordenó el embargo parcial de una serie de cuotas de bienes inmuebles, según publicó el diario Público. Lo cierto es que es difícil saber qué pasa con Aguilar Viyuela, pues pocos medios han hecho un seguimiento del caso. Se difundió el rumor de que estaba en busca y captura, cosa que la delegada negó tajantemente: “Ha tenido un pleito con un señor que no es ni mucho menos por la cantidad que dicen; y no es penal, sino social, así que nada de búsqueda y captura”, declaró a Europa Press. Lo cierto es que, según publicó el periódico digital ElPlural.com, uno de los pocos que han informado del asunto, “el problema estriba en que se encuentra ‘en ignorado paradero’, por lo que la secretaria judicial del Juzgado de lo Social número 39 de Madrid, Margarita Martínez González, se vio obligada a insertar una notificación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”. Se refiere al número 267 del Boletín, del 10 de noviembre, en el que se publica la reclamación de la deuda por parte del aparejador. La justicia no lograba dar con él.