Manuel García Rubio: La edad de la (presunción de) inocencia

En el país que vio morir en la cama a su dictador, impera el principio de presunción de inocencia, amparado por su Constitución. O sea, todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Suena bien, la verdad. Pero habrá que recordar que la inocencia no es un hecho objetivo, sino la valoración jurídica que, de determinados hechos objetivos, realiza un juez. Uno pudo haber quitado la vida a otro y, sin embargo, ser inocente del delito de homicidio. Bastará con que concurra alguna circunstancia eximente como, por ejemplo, la ausencia de voluntad para matar, o la necesidad de hacerlo en defensa propia. Pero, si uno se ha cargado al mochuelo, eso no puede negarlo ni Dios.

De lo que habla la Constitución es de esto, y no de otra cosa. La presunción de inocencia significa que, aunque te hayan pillado in fraganti en el lugar del crimen, ensangrentado hasta los tolanos y con el cuchillo jamonero escondido en el refajo, no pueden meterte en la cárcel si antes no lo dice un juez. Solo eso. Y ya está bien. Sin embargo, muchos políticos han extendido el principio más allá y, en esta dinámica, les han seguido como corderitos casi todos los medios de comunicación, de modo que, desde hace varios años, la necesaria calificación preventiva de inocente implica que ni siquiera se puedan dar por ciertos los hechos que se juzgan, aunque sean notorios. ¿Cuántas veces hemos leído en los periódicos cosas como “el presunto asesino reconoció ante la Guardia Civil haber pegado tres tiros a la esposa”?

Esta manera de argumentar da mucho juego en el terreno de la corrupción, donde resulta muy fácil irte de rositas, a juzgar por la cantidad de delitos que quedan impunes. Bastará con una instrucción fallida o la grabación extemporánea de una conversación telefónica para que al delincuente confeso se le borren no solo las consecuencias de sus actos sino el hecho mismo de haberlos realizado. De esta forma, Ana Mato puede ser ministra de Sanidad sin ningún reproche, después de que un juez se hubiera apeado de sus pesquisas ante la feliz perspectiva de prescripción de sus delitos. Y, últimamente, la derecha se desgañita para hacernos ver que Bárcenas sigue siendo inocente, aunque tenga 45 millones en paraísos fiscales de origen desconocido. Es verdad que, ficción por ficción, en la Andalucía de los eres no ha pasado nada, aunque se le haya visto el culo, y hasta el intestino grueso, a toda una red clientelar que tiene mucho de metástasis. De momento, seguimos de palmeros.

Cuando yo estudiaba Derecho, ya se nos había avisado del peligro de eso que se llama la positivación jurídica de la moral, que puede formularse bajo esta máxima: “Si una conducta es legal, también es ética”.  Así se explica que buena parte de nuestra casta directiva esté integrada por personas muy honorables, aunque lo sean no más que por los olvidos de un Código Penal que se pone de perfil ante los clásicos del crimen organizado. Pero, en el país que ha visto morir en la cama a su dictador, se ha ido mucho más lejos. En él, en tanto una conducta sea legal por ausencia de una sentencia condenatoria, no solo se presume ética (aunque se admita la falta de estética: ¡olé, los juegos de palabras!); además, se coloca por encima de su propia evidencia, la borra de la memoria colectiva, la aniquila para suplantarla, en una convención de indignidad que no admite réplica.

El caso es que, en el país que ha visto morir en la cama a su dictador, le han concedido, también a él, el beneficio de la inocencia presumida, a falta de una sentencia judicial que lo hubiera condenado. Hasta seguimos pagando el mantenimiento de sus símbolos. Cosas de la Transición. Parece como que una indignidad hubiera llevado a la otra, y que el papanatismo de hoy sea la factura pendiente de aquellos tiempos. ¿O habrá sido al revés? ¿Será que, para preparar el pago de las facturas actuales, nos prohibimos en su momento mirar hacia nuestro propio pasado? ¿Habrá sido el pacto constitucional un beso de Judas, bien calculado por unos cuantos?

Cuando lo pienso, se me ponen los pelos de punta.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 28, SEPTIEMBRE DE 2013.