Un pacto contra la escuela pública (I)

Movilización de SUATEA por una escuela pública y laica, celebrada ayer en Oviedo. Foto / Iván Martínez.

Jesús de la Roza / Secretariado de SUATEA.

Es un lugar común afirmar que el gran problema de la educación es la falta de un modelo educativo consensuado consecuencia de la falta de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios que se han turnado en el Gobierno. Se habla de la necesidad de alcanzar un pacto en educación como si éste fuera el bálsamo de Fierabrás que calmaría las agitadas aguas del mundo educativo.

Presuponer que la falta de un pacto en educación es el gran problema es obviar la existencia de otros que, a nuestro entender, son mucho más esenciales: las condiciones de escolarización del alumnado (número de alumnos por aula y calidad de los centros), las condiciones de trabajo del profesorado (horas lectivas, formación, apoyos etc.), la reducción de la inversión, el despido de miles de interinos e interinas, la financiación pública de centros privados en detrimento de la escuela pública… son también problemas que un pacto educativo por la escuela pública debiera abordar.

Pero aun aceptando la conveniencia de un pacto, ¿qué pacto podemos esperar en el actual contexto político internacional y estatal?

Contexto estatal e internacional

Los cambios que se están produciendo en el sistema educativo del español se hacen en un contexto de cambios con carácter internacional. Las reformas se encaminan a la desregulación, la externalización y la privatización, abriendo en este campo un gran negocio a medida de las exigencias de la economía capitalista.

La desinversión (léase, recortes), la precarización y el desmantelamiento de la escuela pública llevados a cabo en los últimos años constituyen en estos momentos el marco del cual se parte para abordar la propuesta de un pacto educativo, pacto que, por otra parte, se ofrece ante la nueva situación política y como respuesta a las multitudinarias protestas contra la LOMCE por parte de la comunidad educativa.

El actual marco legislativo está compuesto por la LOE (2006) y la LOMCE (2013). La LOE -promovida por el PSOE- ya ahondaba en los males provenientes de la legislación anterior, agravados por las concesiones a la patronal, la Iglesia Católica y el PP que se produjeron a lo largo de su tramitación: en el texto de la LOE queda claro que la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados, reforzando la privatización, la mercantilización de la educación, la introducción de criterios empresariales en la gestión de la escuela y el alejamiento de la gestión democrática de los centros. Ambas leyes son fruto de un concepto neoliberal de la educación que pretende adaptarla a las necesidades del mundo de la empresa.

Así, la LOMCE no deroga la LOE que sirve perfectamente como marco en el que desarrollar sus nefastas políticas con un efecto demoledor para la escuela pública: el despido de miles de docentes, la desaparición de la atención a la diversidad, la instauración de un sistema antidemocrático en los centros educativos, el recorte generalizado de plantillas o el cierre de aulas públicas mientras se destinan ingentes recursos a los centros privados concertados.

¿Una LOMCE maquillada?

Por tanto, dados los precedentes, un pacto en educación, que necesariamente pasa por un acuerdo entre populares y socialistas, podría dar lugar a una nueva ley, no tan distinta de las anteriores, una especie de LOMCE maquillada pues el consenso al que lleguen tanto el Partido Popular como el PSOE se dará dentro de las coordenadas neoliberales que fomentan una gestión empresarial de los centros docentes, con centros y profesorado compitiendo entre sí.

El aparente éxito de las movilizaciones contra las reválidas ha de ser tomado con cautela: por una parte, el Gobierno necesitaba ganar tiempo en un momento de gran inestabilidad política debido al resultado de las elecciones; por otra, mantiene inquebrantable su deseo de mantener las reválidas de una forma u otra. Prueba de ello es que el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la LOMCE, deja claro que las modificaciones en la evaluación de 4º de ESO (ahora muestral y con finalidad diagnóstica) y 2º de Bachillerato (ya no es un requisito aprobarla para obtener la titulación) se mantienen “hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación”, es decir, no hay una voluntad decidida de eliminarlas definitivamente.

Los socialistas, por su parte, pasaron de exigir la derogación de la LOMCE a conformarse con la “retirada” de las reválidas y la negociación de un pacto (algo que, por otra parte, ya había intentado el Sr. Gabilondo en el último Gobierno de Zapatero). Además, el PP ha manifestado su voluntad de llevar al Tribunal Constitucional cualquier intento que suponga la paralización de la LOMCE (alegando la pérdida de fondos europeos y la modificación presupuestaria a la que esto llevaría). Es decir, hará todo lo posible para que ese futuro pacto recoja los aspectos fundamentales de “su” ley.

Un pacto sin presupuesto

Los presupuestos en educación en el conjunto de las Administraciones se han reducido un 11% entre 2009 y 2016 (de 53.000 a 47.000 millones). Con respecto al PIB, el gasto total en educación ha descendido en España a partir de 2009, pasando de un 5,07% del PIB en este año a un 4,37% en 2014, por debajo de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%), siendo uno de los más bajos de Europa. Para el año 2017 está previsto que este porcentaje caiga por debajo del 4%.

Además, en la elaboración de los presupuestos (que aún no han sido presentados, pese a las prisas iniciales manifestadas por el Gobierno), se ha de contemplar la exigencia de la UE de reducción del gasto público en torno a 7.000 u 8.000 millones de euros. Si a esto añadimos que durante los ocho años de “crisis” se ha procedido al despido de decenas de miles de docentes interinos, se ha reducido el sueldo del profesorado, se ha aumentado el número de alumnos por aula y se ha aumentado la carga lectiva y burocrática ¿qué tipo de pacto educativo podemos esperar?