Un pacto contra la escuela pública (y II)

Clase en un colegio concertado. Foto / Mario Rojas.

Jesús de la Roza / Secretariado de SUATEA.

Es otro lugar común resaltar el papel central que el profesorado juega en cualquier reforma educativa. Se suele señalar la necesidad de contar con su apoyo para llevarla a término. Se argumenta también la importancia del acceso a la función pública, la necesidad de la formación permanente, del dominio de las nuevas tecnologías, de la adaptación a la realidad del siglo XXI, de la innovación educativa…

Estos argumentos suelen ir acompañados de buenas palabras respecto a mejorar la consideración social que el trabajo del profesorado debiera tener, a la par que se hace recaer sobre él la responsabilidad de los resultados del sistema educativo, haciéndole el gran responsable, al margen de cualquier otra consideración. Es por ello que toda reforma debe ir acompañada de algún contenido que pueda seducir al profesorado. En el caso del Pacto Educativo, se trata del Estatuto Docente y de la Carrera Profesional; por ello, es conveniente saber de qué se trata y de cuáles pueden ser sus consecuencias.

¿Qué es un Estatuto Docente?

Es una norma legal que regularía todo lo relativo a la profesión docente: clases de funcionariado, estructura y ordenación, acceso, derechos y deberes, sistema retributivo… Plantea un nuevo marco de relaciones laborales que puede suponer un cambio radical de las condiciones laborales y retributivas del profesorado al pretender asimilarlas a las de las empresas privadas (jerarquización, incentivos salariales,…). También podría llevar aparejada la eliminación de derechos asociados a la condición de funcionario o funcionaria, como el puesto de destino fijo. El señuelo es la carrera profesional o carrera docente.

¿Qué es la carrera profesional docente?

Es un modelo jerarquizado de carrera basado en la evaluación del profesorado y en incentivos económicos. Parte del supuesto de que los incentivos económicos supondrán el estímulo a partir del cual se incrementará la calidad de la enseñanza. Incluso a quien le suene bien, ha de tener en cuenta el contexto presupuestario del que hablábamos antes. Aunque no se dice, habrá menos dinero en educación, por lo que los incentivos económicos serán para una minoría; la mayoría no pasará de los primeros peldaños de la carrera. Es una medida que ahonda en el ahorro.

Como consecuencia, la carrera se convertirá en una competición, fomentando el individualismo del “sálvese quien pueda”; justo lo contrario de lo que la educación necesita: trabajo cooperativo y coordinado de todos los miembros de la comunidad educativa.

Otro efecto perverso de la carrera es el hecho de que el profesorado ha de someterse a evaluaciones continuas para lograr los incentivos. Esto refuerza el carácter antidemocrático de los centros, dotando a las direcciones de un enorme poder. Paralelamente, el espíritu crítico, vital en educación, irá desapareciendo de los claustros. ¿Quién se atreverá a disentir si su promoción depende de una evaluación realizada por la dirección? Y que nadie piense que esa carrera tendrá que ver con la “Ley de Evaluación” (mal llamada carrera docente, que no lo es) de Asturias. Unos incentivos económicos limitados harán que la evaluación pase de ser un mero trámite a un auténtico filtro.

No se conoce el contenido que tendrá el Estatuto Docente ni cómo se articulará la Carrera Profesional, pero el secretario de Educación, Sr. Marcial Marín, declaraba sin tapujos, en una entrevista concedida en enero, que el estatuto docente supondría el cobro por objetivos y un endurecimiento de las condiciones de acceso. El problema es que incluso en sectores “progresistas”, en vista del deterioro de las condiciones de trabajo del profesorado, la idea de la carrera profesional parece haberles subyugado como si, por arte de magia, la competencia por el logro de esos incentivos conllevase sin más la mejora del sistema educativo. Obvian o ignoran los tremendos riesgos que conlleva para el profesorado y la escuela pública al no considerar el contexto económico aludido, por una parte, y el contexto ideológico subyacente.

Aviso a navegantes: haciendo memoria

Para tener una idea de a qué podemos enfrentarnos, y a falta de conocer tan siquiera un borrador del Estatuto, conviene recordar el único borrador de Estatuto completo que se conoce, el que hace diez años presentó el Gobierno socialista.

Dicho proyecto de ley presentaba una carrera docente en la que los sexenios eran sustituidos por “grados”. Había ocho y se necesitaban entre tres y seis años, “según méritos”, para pasar de un grado a otro. Para ello había que pasar la correspondiente “evaluación voluntaria”.

Respecto a las repercusiones laborales recordemos las siguientes: movilidad forzosa, impartición obligada de “afines”, posibilidad de subcontratación de personal docente para la empresa privada, posible expulsión del cuerpo de funcionarios, retribuciones diferenciadas en función de la “especial dedicación”, etc.

Un pacto por la escuela pública

Sí, es necesario un pacto, pero un pacto por la prioridad de la escuela pública que suponga la progresiva desaparición de los conciertos, un pacto por una escuela bien financiada (incremento progresivo hasta el 7% del PIB), una escuela pública que mantenga la equidad de la que hoy goza y mejore la calidad, no de una parte selecta del alumnado, sino de éste en su conjunto.