Fábrica de Armas de Trubia. Foto / Mario Rojas.

Primero se privatizaron las fábricas de armas españolas y ahora parece que se quiere hacer lo propio con su patrimonio, como ocurre con los golosos terrenos de La Vega en Oviedo. La factoría ovetense se cerró y su plantilla fue trasladada a la de Trubia, de donde una parte ya ha sido despedida. Es difícil no vincular todas estas operaciones a las relaciones  con las empresas privadas de armamento de altos cargos del Gobierno del PP, como el ministro de Defensa Pedro Morenés y el secretario de Estado Pedro Argüelles. Por Joaquín del Río / Periodista.

Las dos máximas autoridades del Ministerio de Defensa, el ministro Pedro Morenés y el secretario de Estado Pedro Argüelles, llevan muchos años vinculados a las principales multinacionales del sector armamentístico. Hasta su incorporación al Ministerio, Argüelles fue vicepresidente de Boeing (una aeronáutica americana cuya principal vía de negocio es la venta de armas) y Morenés era directivo en la fabricante de misiles MBDA y consejero en Instalaza, una fabricante de bombas de racimo que demandó al Gobierno de España por poner fin a la utilización de este tipo de artefacto, en época de José Bono. Se da la circunstancia de que, como ministro, Morenés tiene hoy la última palabra en el pleito que planteó como empresario tras venderle armas al libio Muamar el Gadafi.

Este hombre ya fue secretario de Estado de Defensa con Eduardo Serra como ministro de Defensa. Se ha llegado a publicar que Serra fue el ministro que el rey Juan Carlos I impuso a José María Aznar para controlar la venta de armas por parte de España, de la que se beneficia el monarca, según esas mismas informaciones. Es curioso que el proceso de privatización del patrimonio de Defensa que está preparando el Ministerio se detalle en un documento de FAES, la fundación que preside Aznar.

En ese documento se explica la reorganización de General Dynamics, empresa norteamericana con sede en Virginia que es propietaria de las fábricas de armas españolas. Esta firma engañó a los sindicatos y los representantes políticos de Asturias, ya que cerró la fábrica de La Vega y trasladó a sus empleados a Trubia, asegurando que de esa forma garantizaba sus empleos; y, en apenas unos meses, ha rescindido el contrato a más de doscientos de ellos. En los próximos tres años, no tendrá su plantilla resultante al completo en ningún momento, puesto que ha presentado un ERE.

Significativamente, General Dynamics ha sido más dura en Asturias (donde gobierna el PSOE con el apoyo de IU y de UPyD) que en otras Comunidades gobernadas por el PP. De donde algunos deducen que la compañía norteamericana se ha vengado de los sindicatos; hay quien sostiene que esa misma vendetta es lo que se oculta detrás de la forma en que se despidió a los trabajadores: transgrediendo la tradición asturiana por la que se hacían públicas las listas de despedidos, General Dynamics fue señalando uno a uno a los afectados, en una escena que impactó a la plantilla y que recuerda el final de La ley del silencio, aquella película de Marlon Brando.

Un bombón especulativo

El cierre definitivo de La Vega convierte los terrenos de la antigua fábrica de armas en un bombón especulativo. El recinto tiene 120.000 metros cuadrados urbanizados a tiro de piedra del centro de la capital asturiana. Hay que tener en cuenta que el crecimiento de Oviedo ha desplazado el casco urbano, de modo que si siempre se entendió que la calle Uría era el centro, ahora anda más bien por la calle General Elorza, por la expansión hacia San Claudio y La Argañosa. La Vega está ahí, muy cerca del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias y de las facultades universitarias del campus de El Milán.

Aunque el alcalde Agustín Iglesias Caunedo ha descartado varias veces cualquier operación especulativa, ése es el aspecto que más preocupa en el Ayuntamiento en relación a  los negocios que hacen desde el Gobierno de España los dirigentes del PP. El veterano concejal Roberto Sánchez Ramos (‘Rivi’, de IU) exige que el suelo de la antigua fábrica de armas sea devuelto a Oviedo. Para que los beneficios de la previsible reurbanización reviertan al patrimonio público y no una empresa privada.

Manifestación de los trabajadores de la Fábrica de Armas en Trubia. Foto / Mario Rojas.

Las bombas de racimo de Morenés

Pedro Morenés fue nombrado ministro de Defensa por Mariano Rajoy en diciembre de 2011. Fue secretario general del Círculo de Empresarios. En enero de 2009 pasó a la Presidencia del Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte. En junio del año 2010 fue nombrado director general para España de la multinacional francesa de misiles MBDA.

Asimismo, según datos del Registro Mercantil, ha estado vinculado a la empresa Instalaza, fabricante de bombas de racimo. Fue nombrado consejero en agosto de 2005 y cesó en mayo de 2007. Desde esa fecha está representado en Instalaza a través de la sociedad Boguillas SL que tiene como socio único y administrador único al propio Morenés. El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el 4 de octubre de 2011 el cese de Boguillas SL como consejero de Instalaza y de Morenés como su representante.

Instalaza reclamó el año pasado al Ministerio de Defensa 40 millones de euros en concepto de desagravio por la prohibición del uso, almacenamiento y fabricación de las bombas de racimo en España como consecuencia de la firma del Tratado de Dublín. Gadafi utilizó bombas de racimo de Instalaza en su batalla contra los rebeldes libios que terminaron derrocándole.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, el ministro aseguró que se trata de un tema que debe aclarar la justicia, asegurando que no va a actuar ni en un sentido ni en otro desde el Ministerio.

Morenés también ha sido presidente de Segur Ibérica, la firma que presta seguridad a los atuneros españoles.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 27, JULIO DE 2013.