Presno: “No es ético”

Miguel Ángel Presno, catedrático de Derecho Constitucional. Foto / María Arce.

Pablo Batalla y Xuan Cándano / Periodistas.

¿Son realmente legales estos desvíos hacia los partidos de las asignaciones parlamentarias y municipales? ¿Necesitan los partidos políticos una vía de financiación más, añadida a aquellas de las que ya disponen, para ser todo lo sólidos que una democracia fuerte necesita que sean, cosa que preocupaba mucho a los padres de la Transición que diseñaron estas cuestiones?

Según el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Ángel Presno Linera, las respuestas a estas preguntas son respectivamente sí y no. Según refiere Presno, «las asignaciones que reciben los partidos de los grupos parlamentarios son legales porque las prevé expresamente la Ley». El sistema es legal, pero no ético. Para Presno, «desde un punto de vista funcional-democrático [estas asignaciones] no tendrían que estar permitidas: tales fondos tendrían que destinarse al funcionamiento exclusivo del grupo, pues grupo y partido son entes diferentes, con funciones distintas que, además, no tienen por qué coincidir: piénsese en el caso de parlamentarios que no militan en partidos».

Presno, que es de los que opinan que denominar a esta situación «corrupción institucional» no es exagerado, piensa además que «una vez que [las asignaciones] están previstas lo que no pueden ser es opacas». Para el catedrático, «los grupos tendrían que publicar en la página web de la Junta General el desglose de toda su contabilidad, incluyendo las cantidades que se destinan a los partidos respectivos. Para que tal cosa no dependa de cada grupo la futura ley asturiana de transparencia tendría que incluir una previsión al respecto».

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 40, SEPTIEMBRE DE 2015