El Principado conocía los malos tratos en Sograndio: 12 evidencias

Un menor en el interior del centro de Sograndio, que acaba de ser denunciado por el Comité Antitortura del Consejo de Europa. Foto / Mario Rojas.

Patricia Simón / Periodista.

Ante la publicación de un informe del Comité Antitortura del Consejo de Europa en el que denuncia un “trato inhumano y degradante” a los menores encarcelados en el centro de Sograndio, el Gobierno del Principado de Asturias ha respondido públicamente que estos reciben «en todos los casos un trato adecuado estrictamente ajustado a la normativa vigente y adaptado a las circunstancias de cada uno». Al mismo tiempo, ha comunicado que ha pedido a la Fiscalía de Menores que investigue. ¿Por qué no se sostienen estas afirmaciones?

1. Ya en 2012, en un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno del Principado de Asturias –en cuya comisión participaba la entonces jefa de servicios de Justicia del Menor–, quedó recogida por escrito la preocupación expuesta por trabajadores del equipo educativo del centro de Sograndio sobre las órdenes dadas por su equipo directivo por ser contrarias a los valores educativos y a la normativa vigente.
2. Desde 2013, el Defensor del Pueblo de España en sus informes anuales del Mecanismo de Prevención de la Tortura ha alertado en sucesivas ocasiones sobre las numerosas irregularidades cometidas en este centro. De hecho, en el de 2015 recogía cómo Sograndio incumplía 11 de sus 41 recomendaciones fundamentales para evitar estas vulneraciones de derechos fundamentales. Por ejemplo, llamaba la atención por el excesivo empleo de la medida de aislamiento, que debe limitarse a “razones terapéuticas y de seguridad (…) siendo proporcional a la infracción cometida y por el período de tiempo más breve posible”, según este organismo. Sin embargo, se han documentado casos de menores a los que se les ha ido encadenando los castigos de aislamiento hasta pasar más de un mes en estas condiciones. En 2013, de los 79 expedientes incoados contra menores por la dirección del centro asturiano, 78 fueron resueltos con encierros en estas llamadas ‘camarillas’.
3. En junio de 2015, la Asociación de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias (AVISPA) presentó una queja ante esta misma Defensoría por la situación “caótica” que vivía el centro, denunciando que los internos sufrían “castigos desproporcionados y arbitrarios, ordenados por la propia Dirección del Centro en base a criterios personales y no objetivos o pedagógicos”. El organismo volvió a enviar un equipo de técnicos, que comprobó que la sanción de aislamiento seguía empleándose de manera frecuente y alargándose excesivamente, cuando según esta institución deberían priorizarse castigos alternativos como “la privación de salidas de fines de semana o recreativas”.
4. También en 2015, un menor, que se encontraba en la sala de aislamiento el mismo día en que fue ingresado, fue obligado por la dirección a ir a un taller media hora después de que, supuestamente, intentara ahorcarse. Vigilantes y educadores manifestaron su desconcierto por el hecho de que no fuese atendido por el personal psicológico, en lugar de ser enviado a un espacio con herramientas peligrosas para su integridad. Ante las críticas públicas que suscitó esta decisión, la Consejería de Presidencia manifestó que el centro contaba con un Protocolo Antisuicidios –un mecanismo que el Defensor del Pueblo ya había pedido que se desarrollara en su informe de 2013– y que se había cumplido estrictamente.
5. Ya en 2015, personal del centro hizo constar en las alegaciones al borrador del Proyecto del Centro –el documento que rige el funcionamiento del mismo– toda la normativa que era incumplida en Sograndio.
6. Desde 2012, han sido numerosos los escritos que trabajadores del centro les han hecho llegar a la Consejería de Presidencia así como a la Dirección General de Justicia para informarles sobre su consternación por el funcionamiento del centro. No obtuvieron ninguna respuesta. Los que se atrevieron a verbalizarlo al mismo equipo directivo fueron castigados cambiándoles de áreas de trabajo, horarios y responsabilidades.
7. Algunas de las medidas irregulares recogidas tanto en los informes del Defensor del Pueblo como en el del Comité Antitortura del Consejo Europeo, como son el encadenamiento de medidas de aislamiento durante semanas, se recogen en los documentos de la sanción que luego son enviados a la Fiscalía del Menor, dirigida por Jorge F. Capdevila y responsable de velar por el bien y la protección de los menores y jóvenes encarcelados.
8. Nos consta que familiares de menores encerrados en Sograndio le hicieron llegar de viva voz a la Fiscalía de Menores los castigos arbitrarios sufridos por sus hijos, sus dudas sobre la veracidad de los resultados positivos de los análisis de sangre para la detección del consumo de drogas realizados a los mismos –con el consecuente castigo de retirada de permiso de salida para estudiar los cursos de formación profesional que estaban recibiendo–, o las presiones a los menores para que desvelaran el paradero de compañeros que se habían fugado del centro a cambio de beneficios como salidas de fines de semana.
9. En noviembre de 2015, ATLÁNTICA XXII publicó en su revista en papel un amplio reportaje de investigación para el que entrevisté a decenas de personas y en el que se documentaban muchas más de las violaciones de derechos fundamentales que las recogidas por el informe de Comité Antitortura. Pese a los reiterados intentos, el Gobierno del Principado de Asturias se negó a responder a mis preguntas y a concederme el permiso que, según el propio director de Sograndio, Manuel Ramos, se requería para poder entrevistarle.
10. El grupo Parlamentario de Podemos ha planteado la cuestión de las violaciones de los derechos de los jóvenes encarcelados en Sograndio en numerosas sesiones parlamentarias –en las que se ha llegado a citar el reportaje de ATLÁNTICA XXII– solicitando que se tomaran medidas para asegurar el cumplimiento de la legalidad.
11. El Gobierno del Principado de Asturias tenía conocimiento del contenido del informe del Comité Antitortura desde abril de este año, cuando se le hizo llegar el borrador para que pudiera hacer sus alegaciones, como se puede ver en su web.
12. Dos meses después, en una reunión mantenida a mediados de este año por el Comité de Empresa de Sograndio con el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, le volvieron a reiterar su preocupación por el irregular funcionamiento del centro. Su respuesta fue que el director, Manuel Ramos, contaba con todo el apoyo del Gobierno.

Por todas estas evidencias, no puede resultar más desconcertante el hecho de que ahora, tras la publicación del informe del Comité Antitortura del Consejo de Europa, el Gobierno del Principado de Asturias comunique que va a pedir a la Fiscalía de Menores que investigue estos hechos. Si el Gobierno de Asturias es el responsable de este centro y la Fiscalía de Menores de velar por la protección de estos jóvenes durante el cumplimiento de sus condenas, ¿a quién está pidiendo que investigue? ¿Al director, que lleva más de tres décadas al frente del centro y parapetado por el Gobierno asturiano de todas las críticas? ¿A los que, supuestamente, habrían cumplido órdenes del equipo directivo para infligir estos malos tratos, vejaciones y castigos arbitrarios? ¿O a los responsables directos, es decir, al propio Gobierno del Principado y a la misma Fiscalía de Menores?

Para que no haya lugar a dudas sobre las consecuencias de las responsabilidades que aquí se están cuestionando: estamos hablando de niños de hasta catorce años de edad que han pasado semanas encerrados en una sala de aislamiento, con ventanas diseñadas para que no se pudieran cerrar ni durante el invierno, y con solo un somier de hierros al que le retiraban el colchón durante el día para que no pudieran tenderse. Estamos hablando de adolescentes en su inmensa mayoría procedentes de familias pobres y desestructuradas que han visto cómo los supuestamente encargados y pagados por la sociedad para su protección han sido los que han actuado impúnemente contra sus derechos más básicos. Estamos hablando de jóvenes migrantes que, en algunos casos, en el mismo día en el que eran puestos en libertad eran detenidos y deportados a los países de origen de sus familias, cuando al estar bajo la custodia de la Administración deberían haber adquirido el permiso de residencia. Estamos hablando de, en su inmensa mayoría, los chicos más castigados por esta sociedad que deberían haber encontrado en Sograndio una segunda oportunidad para aprender a encauzar sus vidas y que se dieron de bruces contra un sistema tan arbitrario y violento que muchos manifestaron su preferencia por ser recluidos en el centro penitenciario de Villabona.

Estamos hablando que desde al menos 2012 el Gobierno del Principado de Asturias y la Fiscalía de Menores tenían constancia por distintas vías oficiales de lo que allí estaba pasando, por mucho que ahora digan que no les consta ninguna denuncia.