Corporativismo: ¿Qué hay de lo mío?

Manifestación de taxistas en Oviedo tras la apertura del nuevo HUCA.
Foto / Iván Martínez.

Pablo Batalla Cueto / Periodista.

El pasado 3 de julio, unos doscientos taxis abarrotaron la calle Pepe Cosmen de Oviedo a fin de bloquear la salida de la estación de autobuses sita en ella. Durante media hora, ningún autocar pudo entrar ni salir de la estación y el tráfico de toda la zona quedó colapsado. Aquella fue la primera de una larga -y, en el momento de escribir estas líneas, inconclusa- serie de impetuosas protestas, tanto en las calles como en los despachos, por parte de un colectivo cuya reivindicación parece, en principio, difícil de justificar y apoyar. El conflicto radica en la parada de autobuses interurbanos en el nuevo Hospital Central de Asturias (HUCA), a la cual se oponen los taxistas, que reclaman que se conceda a los taxis y a los autobuses urbanos el monopolio del transporte público al hospital. A ello se opone el Gobierno del Principado. «No podemos anteponer los intereses de estos profesionales a los del conjunto de la ciudadanía», declaraba Belén Fernández, consejera de Fomento, tras aquella protesta inaugural, que sería repetida la semana siguiente.

La mayoría de los ciudadanos parece de la misma opinión. Las secciones de comentarios de los periódicos digitales bullen de usuarios indignados con los taxistas. “Vergüenza debería darles a los taxistas intentar hacer negocio con los enfermos y sus familiares de otras ciudades ingresados en el HUCA”, reclama uno, bastante representativo del tono general de los comentarios, si bien unos pocos comentaristas se ponen del lado de los taxistas. Estos se acogen, principalmente, al argumento de que la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre dicta que, cuando en una ciudad hay estación de autobuses, las líneas regulares deben recalar en ella, salvo paradas técnicas. Los usuarios del hospital procedentes de otras localidades de Asturias deben, pues, bajarse en la estación intermodal y allí tomar un taxi o un autobús urbano para allegarse al HUCA.

La polémica recuerda a la desatada en diciembre de 2010 con motivo de la huelga de controladores aéreos, que también concitó un amplio rechazo ciudadano. Alba García Torres, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Oviedo, no considera, en cualquier caso, comparable aquel caso con el de los taxistas ovetenses. «Los taxistas -explica- son autónomos, y no tienen, según la legislación laboral, derecho a huelga, porque no son personal asalariado. Lo que tienen es libertad para ir a trabajar o no, amparada más bien en la libertad de empresa. El caso de los controladores es distinto: ellos sí son personal asalariado y por lo tanto su huelga es lícita aunque afecte al interés general».

De todas maneras, sí parece haber un punto en común entre los dos conflictos: ambos parecen conectables con la definición que el diccionario da a una palabra muy utilizada pero aplicada a una variedad muy dispar de contextos, lo cual le confiere contornos difusos: corporativismo, que el DRAE explica como «en un grupo o sector profesional, tendencia abusiva a la solidaridad interna y a la defensa de los intereses de grupo».

La definición es escueta y aparentemente certera; hay, sin embargo, un punto de conflicto: el confuso adjetivo abusiva. Cabe preguntarse cuál es el límite que separa la solidaridad interna abusiva de la que no lo es.

Límites éticos y legales

Para Diego Álvarez Alonso, también profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad asturiana, antes de responder a estas preguntas debe dejarse claro que «no todas las manifestaciones de corporativismo son rechazables». Álvarez pone el ejemplo de los movimientos en defensa de la educación y la sanidad públicas conocidos como Marea Verde y Marea Blanca. «Indudablemente -opina-, a ambas las anima un componente corporativista, pero ello no es incompatible con el interés general. Podemos remontarnos a ejemplos históricos más antiguos: al fin y al cabo, el movimiento obrero nació a partir de una filosofía corporativa». Para Álvarez, «hay formas buenas, aceptables, de corporativismo, y hay otras excesivas. Es una cuestión de grado, de abuso, aunque es difícil establecer una línea. Del caso de los taxistas parece evidente que transgrede ese límite, pero no todos los casos son igual de claros».

El profesor propone un ejemplo al respecto: «Supongamos que a los trabajadores de los centros de salud se les amplía la jornada y se les obliga a trabajar por las tardes, y esos trabajadores se oponen porque consideran que es un empeoramiento de sus condiciones laborales. Sin embargo, muchos ciudadanos tienen el interés de poder ir al centro por las tardes, porque por la mañana trabajan. ¿Es, en este caso, legítima la defensa del interés corporativo de los trabajadores del centro de salud, o debe prevalecer el interés de los ciudadanos? Aquí no está tan claro», concluye.

Con relación a esta cuestión de los límites éticos, García Torres retoma el ejemplo de la huelga de controladores para demostrar de qué manera pueden jugar un papel relevante en la cancelación de esas huelgas que, aunque legítimas en principio, pueden pasar a ser consideradas abusivas y prohibidas. Es el caso de «las llamadas huelgas rotativas o estratégicas, consistentes, por ejemplo, en esperar a la operación salida o a los viernes porque es el día que más pasajeros hay, cuando el conflicto ya viene de antes».

¿Son los límites legales al corporativismo más claros que los éticos? Álvarez explica que «no hay una normativa que diga ‘esto es el corporativismo y estos son los límites legales que existen’, pero haberlos, haylos. Lo que sucede es que están dispersos entre distintas normas, como las que regulan el derecho de libertad sindical, el de huelga, la libre competencia o los colegios profesionales. Hay colectivos en los cuales ese exceso de corporativismo parece más preocupante y por consiguiente tienen limitaciones particulares. Es el caso de determinados funcionarios, como los de la administración de Justicia o el personal de las Fuerzas Armadas, que están exceptuados del derecho a la libertad sindical, o de los miembros de la Policía Nacional, que aunque pueden formar sindicatos no tienen reconocido el derecho a la huelga».

Médicos manifestándose en Oviedo contra el Gobierno autonómico.
Foto / Iván Martínez.

Fastos, omertà y contrapoder

Con la existencia de un corporativismo bueno enfrentado a un corporativismo malo está de acuerdo Carina Rodríguez, abogada gijonesa y presidenta en Asturias de la asociación El Patio de Mi Colegio, fundada para denunciar los abusos e irregularidades de los colegios profesionales de abogados, que, según Rodríguez, «tienen más de clubes sociales que de instrumentos de defensa de las reivindicaciones de los colegiados».

El testimonio de Rodríguez ilustra una parte poco conocida del corporativismo, que en ocasiones no solo es perjudicial para los ciudadanos en general, sino también para los propios profesionales. La abogada describe a los colegios como organismos muy preocupados por la imagen externa de la profesión, cultivada en «cenas fastuosas en el Club de Regatas para dar palmaditas al consejero de turno», pero que, sin embargo, desoyen las demandas de los colegiados de que ejerzan su función de altavoz de reivindicaciones laborales, considerando que hacerlo conferiría mala imagen a la profesión.

En este sentido, para Rodríguez «sobra corporativismo del malo y falta corporativismo del bueno» tanto en lo respectivo a las reivindicaciones como en relación a un cierto espíritu de grupo existente antaño pero perdido en la actualidad. «Entre las generaciones más jóvenes está prendiendo un espíritu competitivo y desapareciendo el respeto y la lealtad entre compañeros», lamenta antes de hacerse la siguiente pregunta: «Si se están perdiendo las cosas buenas, si las cosas malas no se frenan ni se hace nada contra ellas, si el aparato lo pago yo, con cuotas mucho más altas que las de otros colegios que sí ayudan a los colegiados, pero no hay transparencia al respecto de en qué se gasta el dinero y además, al final, mis derechos no son defendidos, ¿para qué quiero un colegio?».

Otras dos vertientes a las que se alude con frecuencia cuando se aborda el tema son, por un lado, la especie de omertà consistente en el ocultamiento, por parte de los miembros de un determinado colectivo, de una negligencia cometida por uno de ellos -y el temor de quienes podrían denunciar tal negligencia de recibir represalias por parte de sus colegas-, y, por otro, la condición que el corporativismo tiene de contrapoder y freno a reformas y avances emprendidas desde los Gobiernos.

Sobre la primera, el profesor Álvarez explica que tampoco en este campo hay una legislación específica en España, donde el tratamiento jurídico del fenómeno se ampara de manera general en el artículo 20 de la Constitución, correspondiente a la libertad de información. Álvarez explica que en Estados Unidos, sin embargo, existe la llamada Whistleblower Protection Act (literalmente, Ley de Protección al Tocador de Silbato), que protege de posibles represalias a los denunciantes de irregularidades o formas de funcionamiento indebido de la Administración.

Vigil: una peste arcaica

Respecto a la segunda vertiente mencionada guarda un amargo recuerdo, y se expresa en términos duros, Juan Luis Rodríguez-Vigil, presidente socialista de Asturias entre 1991 y 1993, y anteriormente consejero de Sanidad. El ex presidente, ahora miembro del Consejo Consultivo, opina que «bajo la cobertura del sindicalismo se ha tolerado todo en este país», y recuerda con relación a ello su experiencia con respecto a los sindicatos médicos.

Para el ex político, la acción de tales sindicatos «es la defensa de unas posiciones que no son la defensa de ningún contrato de trabajo ni la oposición a ninguna explotación, porque, indudablemente, en el ámbito médico o sanitario no existe la más remota explotación; al contrario, se trata de defender la mayor acumulación posible de privilegios a base de presiones pequeñas pero muy efectivas, como huelgas de diez anestesistas que, sin embargo, bastan para paralizar todo un hospital».

Este poder corporativo desea «Administraciones muy débiles que cedan a todo», sentencia el ex presidente, para el cual «se empezó a ceder» cuando él mismo dejó el cargo «y se ha seguido cediendo hasta que llegó el actual consejero», que ha adoptado, según Rodríguez-Vigil, una postura más firme frente a las presiones debido a la crisis económica.

En su opinión, «en el momento en que aparecen las restricciones económicas, salta por los aires la facilidad de acallar protestas mediante la concesión de privilegios, y todo este corporativismo actúa con una violencia tremenda, porque le importa un huevo que la sociedad tenga que sufrir penurias; lo único que le importa es que esas penurias no le afecten». Rodríguez-Vigil apostilla que el hecho de «que la presión corporativa se ejerza sobre quienes están tratando de salvar la sanidad pública es bien significativo de que el corporativismo en sí mismo es egoísta y no ve más allá de la satisfacción a corto plazo». De su etapa como consejero recuerda: «En la primera reunión que tuve con el sindicato del Hospital General me vinieron a pedir la cabeza de la persona más honorable, más honrada, más eficaz y más competente que había, José Muñiz, un ingeniero técnico absolutamente ejemplar, y todo, simplemente, porque les hacía trabajar».

Rodríguez-Vigil menciona también otras formas de corporativismo muy enraizadas, a su juicio, en la sociedad asturiana, como «el enchufismo y la endogamia de la Universidad», antes de hacer un rotundo diagnóstico general: «El corporativismo es una peste que arraiga con violencia en todas las sociedades arcaicas o arcaizantes, allí donde hay una sociedad civil débil y tendencia a la endogamia, el aldeanismo y el conservadurismo, como es el caso de Asturias».

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 34, SEPTIEMBRE DE 2014