Un pleno reciente en el Ayuntamiento de Gijón.

Cándido González Carnero / Sindicalista de la CSI.

Hay en la actualidad un debate en nuestra sociedad, en mi opinión muy interesante, sobre la remunicipalización de los servicios públicos municipales. Precisamente el pasado 27 de octubre se aprobaba, en el pleno municipal del Ayuntamiento de Gijón, la municipalización del servicio de ayuda a domicilio con los votos de Xixón Sí Puede, que era quien la presentaba, y el equipo de Gobierno de Foro, absteniéndose PSOE e IU y votando en contra PP y Ciudadanos.

Tras esta aprobación llama a atención opiniones públicas como la de la concejala del PSOE Marina Pineda, que lanzó mensajes que orientan más a que el servicio debe de continuar en manos de la gestión privada, dejando caer a su vez un mensaje intimidatorio hacia las trabajadoras que prestan este servicio, diciendo que la remunicipalización podría favorecer la pérdida de empleo de éstas.

Marina Pineda, que además de concejala de este Ayuntamiento es abogada laboralista, conoce que este servicio hace años estuvo municipalizado y que hoy existen antecedentes en muchos Ayuntamientos del Estado Español de los que se deduce que remunicipalizar no solo es más rentable económicamente, sino que mejora enormemente la calidad en el servicio, por múltiples razones, acreditadas por estudios realizados y en algunos casos argumentadas en sentencias judiciales.

La mayoría de los servicios públicos municipales se prestan bajo condiciones de monopolio natural, o en condiciones de reserva de monopolio, como pueden ser los servicios sociales y otros. Desde una visión mercantilista, estos servicios gozan del gran atractivo de disponer de unos clientes cautivos, una demanda estable y capacidad de pagar por servicios, ya sea a través de servicios municipales o de tarifas de usuarios. Acceder a este “mercado” es el sueño de cualquier empresario.

Con los estudios hechos por expertos económicos, sabemos que los servicios privatizados presentan sobrecostes que van del 22% a más del 90% respecto al servicio prestado de forma directa; sobrecostes que además llevan añadidos una prestación de servicio de menor calidad y una infra-inversión, además de unas condiciones laborales y económicas denigrantes para los/as trabajadores/as, algo que deberían de conocer tanto la Sra. Marina Pineda y su grupo como el resto que votaron en contra o se abstuvieron en esta votación.

En una situación de emergencia social, resulta especialmente inmoral destinar recursos públicos a cuentas de resultados de grandes Transnacionales, en lugar de destinar los recursos públicos, exclusivamente y de forma eficaz, a satisfacer las necesidades sociales básicas.

La controversia es evidente: o se pone en primer lugar, como valor prioritario, a las personas y mayorías sociales, o se pone al mando el capital, al beneficio de unos pocos, a costa de la felicidad de la mayoría de la ciudadanía.

Y esta es una batalla que no admite términos medios. O se está por la justicia o, por el contrario, se está a favor de esa minoría que solo aspira al lucro individual, injusto e inmoral.

¿Quién gana? Sin lugar a dudas unos pocos intermediarios y algunos políticos de turno que les hacen la faena por unas comisiones u otras prebendas y las caricias que como cachorros bien amaestrados reciben de sus manos.

No se justifiquen, Sra. Pineda ni el resto de grupos que se oponen a esta medida, amparándose en los trabajadores/as, pretendiendo hacerles ver que de llevarse a cabo esta medida podrían perder el empleo. Todo lo contrario: la inseguridad en el empleo y la baja calidad de este se sostiene en la situación actual de  especulación empresarial, además de un mal servicio a los usuarios.

Los trabajadores/as de las diversas empresas conocen mejor que nadie cuáles son las necesidades y los medios necesarios para conseguir mejoras en la calidad del servicio; y este también se podría promover impulsando iniciativas descentralizadoras que fomenten la participación ciudadana y ayuden en la gestión directa de los servicios municipales.

Remunicipalizar los servicios públicos locales es posible y además nos permite preguntar a qué vamos a dedicar el ahorro del sobrecoste de las privatizaciones, en lugar de preguntarnos qué vamos a recortar.

¿Qué supone el modelo actual de privatizaciones?

• RESPECTO A LOS CIUDADANOS/AS: Mayores costes, peor servicio en todas las áreas, menor control social sobre las propias instituciones, corrupción, menos democracia…
• RESPECTO A LOS TRABAJADORES/AS: Despidos, horas extra, bajadas de salario, peores condiciones de trabajo y constante pérdida de derechos día a día, año a año…
• RESPECTO A LOS MONTOS ECONÓMICOS: En un análisis de los mismos, solo con el ahorro del IVA, beneficio industrial y contratación de servicios se obtendría un ahorro mínimo entre el 40 o 55%.