Rosario Fernández Hevia, jueza: “La ley nunca será igual para todos”

Rosario Fernández Hevia este verano en Gijón, donde estuvo de vacaciones. Foto / MAXXII.

Rosario Fernández Hevia (Mieres, 1957) decidió estudiar Derecho el día del atentado de Atocha de 1977 y no antes, porque “hasta entonces, cuando pensaba en abogados, pensaba en alguien dentro del sistema y no en alguien capaz de cambiar la sociedad”. Cuarenta años después, es jueza, pero es muchas cosas más: mujer, feminista, progresista y una voz crítica en el seno de la judicatura, lo cual le costó muchos encontronazos con sus compañeros de profesión en las dos décadas en que ejerció en Gijón y hasta una sanción del Consejo del Poder Judicial, pero también la admiración de las asociaciones asturianas de mujeres, para las cuales su marcha a Valencia hace menos de un año ha sido un mazazo. Estuvo 23 años en un Juzgado de lo penal gijonés antes de trasladarse a la Audiencia Provincial de la capital valenciana. Su última sentencia sonada en Gijón fue la de la “trama carbonera” de la mina La Camocha.

Pablo Batalla / Periodista.

¿Es el judicial español el poder absolutamente independiente de los otros dos que debería ser?

No lo es el español y no lo es ninguno. Un compañero mío siempre decía que la Justicia es el único ejército al que las armas se las tiene que pagar el enemigo, queriendo decir que en ese delicado equilibrio entre los tres poderes, el Ejecutivo tiene la llave de los medios materiales y personales de los que puede disponer la Justicia y ello hace que, evidentemente, se merme mucho la independencia judicial.

¿Son posibles, existen, los jueces estrictamente neutrales, ciegos como las estatuas de la Justicia, o es inevitable que la ideología de los magistrados impregne sus sentencias?

Todos tenemos un posicionamiento ideológico, una confesión religiosa o cualquier otra cosa que inevitablemente impregna cómo uno actúa en la vida. Pero eso no tiene por qué significar falta de neutralidad cuando uno aplica la ley.

Mujeres y Justicia

Las asociaciones de mujeres de Gijón la recuerdan como una garantía en los casos de violencia de género, y lamentaron mucho su marcha a Valencia. ¿Se sentía así?

Yo lo que siento es que tengo, porque me la he procurado leyendo y reflexionando, una formación que me hace cuestionar muchos de los estándares con los que funcionamos en la sociedad y eso respalda una respuesta profesional más coherente. No solamente los jueces, sino también los fiscales, la Policía, etcétera, necesitan esa formación. Y se ha avanzado, pero sigue haciendo falta avanzar más. También hacen falta medios.

¿Qué lagunas, qué asignaturas pendientes, qué urgencias tiene la justicia en materia de violencia de género?

Por un lado, medios. Por otro, urge cambiar un poco la perspectiva de las cosas. Se hace demasiado hincapié en que si la mujer no denuncia no se puede hacer nada y sí se puede hacer. Hay muchas personas que tienen conocimiento de una situación de violencia —vecinos, familias, médicos de atención primaria que atienden a mujeres con problemas que son clarísimamente derivados de una situación de violencia de género…— y que pueden tomar la iniciativa cuando la situación de riesgo es clara y se ve que la mujer en cuestión no está preparada para dar ese primer paso.

Existe un cierto movimiento de asociaciones de hombres que exigen que la custodia compartida sea la sentencia por defecto en casos de separación. ¿Qué opina del particular?

La custodia compartida es la solución ideal para una situación que no existe, que es la igualdad. Ojalá algún día las cosas sean diferentes, pero de momento la custodia compartida es en muchos casos un agravante de situaciones de conflicto y un obstáculo insalvable para muchas mujeres a la hora de romper con situaciones de violencia. Además, yo me planteo una cosa: ¿por qué esas asociaciones de hombres que tanto luchan por la custodia compartida no luchan también por otro tipo de medidas que favorecerían la igualdad no en las situaciones de ruptura, sino en las de pareja, por ejemplo las licencias de maternidad? La mejor manera de conseguir igualdad en la ruptura es conseguirla en la pareja previa a la ruptura.

Otra cuestión en la que inciden las asociaciones de hombres es la de las denuncias falsas de casos de violencia de género, que según ellos son abrumadoras, y esa idea de que la mera palabra de una mujer despechada puede destrozarle la vida a un hombre honrado.

Sí, a mí me da la sensación de que la gente se piensa que las mujeres disfrutamos de privilegios y tenemos unos mejores derechos que los hombres, cuando clarísimamente es todo lo contrario. La Ley Integral contra la Violencia de Género ha agravado esos prejuicios. Ha supuesto muchas cosas positivas, pero también ha supuesto su utilización para dar una imagen muy negativa del problema y de las mujeres que se acogen a ella. La ley bebe del feminismo. El propio concepto de género es un concepto creado por el feminismo, y todos sabemos la mala prensa que tiene el feminismo. Curiosamente, porque es un movimiento cuyo fundamento es la búsqueda de la igualdad y además ha sido un movimiento absolutamente incruento, que nunca ha producido ninguna víctima. Volviendo a la pregunta, no, la palabra de las mujeres es una palabra muy devaluada, y existen todavía muchos prejuicios contra las mujeres que hacen que la palabra de una víctima de violencia de género valga menos que la de las víctimas de otro tipo de delitos en los que tampoco se dispone de pruebas palpables de los hechos a la hora de hacer una sentencia condenatoria y sin embargo la declaración de la víctima se considera en consecuencia prueba bastante. En cuanto a las denuncias falsas, ahí está la memoria de la Fiscalía para decir cuántas, o mejor dicho cuán pocas, son. Creo que más que las denuncias falsas debería preocuparnos por qué se denuncia solo un número muy pequeño de los casos de violencia de género.

La jueza Charo Fernández Hevia. Foto / MAXXII.

¿Por qué se denuncia solo un número muy pequeño de los casos de violencia de género?

Por miedo, inseguridad con respecto al futuro o a qué va a ser de los hijos… Estos meses hemos tenido noticias terribles de padres que matan a sus hijos, y que pasen esas cosas hace que muchas mujeres en situación de violencia decidan aguantar lo que sea con tal de que sus hijos no corran el riesgo de verse en una situación similar. Pero no hace falta irse a extremos tan dramáticos: yo tengo la experiencia de que, en general, las mujeres no quieren enviar a la cárcel al padre de sus hijos. Quieren que cese esa situación de violencia y poder disponer de su vida al margen de esa otra parte, pero nada más. Por otro lado, estamos en una situación de crisis económica y eso también tiene sus consecuencias. Igual que no hay ayudas para mucha gente en situaciones terribles, tampoco las hay para garantizar a las mujeres que se van de una casa puedan iniciar una vida autónoma.

En general, ¿qué reformas de la Justicia considera más urgentes?

En materia penal necesitamos una norma procesal ya. ¡Nuestra ley de enjuiciamiento criminal es de finales del siglo XIX! También necesitamos más seriedad y un poquito más de reflexión por parte del poder Ejecutivo y del Legislativo a la hora de hacer reformas del sistema. No se puede reformar un código penal o una ley procesal a golpe de titulares de periódico, de marchas indignadas o de voces de víctimas. Es muy legítimo y enriquecedeor que las víctimas tengan su voz, pero su voz no es o no debe ser la más importante.

Ley Mordaza antidemocrática

Un asunto eternamente candente relacionado con la Justicia española es su politización.

Vamos a ver, la ley, como la Justicia, no es neutral. Evidentemente, las leyes tienden a proteger a quien tiene el poder y sobre todo a garantizar que se mantenga en el poder. Hay que acabar con eso, porque la sospecha de una justicia parcial causa un grave daño a todo el sistema judicial y hace que la gente sienta que eso que es un servicio público no le protege. La ley no es igual para todos y nunca lo será; no soy tan ingenua como para pensar lo contrario, pero podríamos ir caminando hacia metas de igualdad y equidad mayores.

¿Qué balance hace de estos cuatro años de Gobierno del PP en materia de Justicia?

Un balance malo. Se habla mucho de los recortes en sanidad y educación, que efectivamente han sido serios, pero la Justicia también los ha sufrido, y de eso se habla menos. Por otra parte están estas últimas reformas legislativas importantes, la llamada Ley Mordaza, que es un recorte de derechos y libertades muy poco democrático, y la reforma del Código Penal anunciada, que yo espero que no llegue a tener efecto porque es una reforma parcial y apresurada de nuestras normas procesales penales y no algo hecho de una forma suficientemente reflexiva.

¿Qué opina de la así llamada prisión permanente revisable?

Opino que es una cadena perpetua y por lo tanto algo que se compadece poco con el principio constitucional de que las penas de privación de libertad tienen que ir orientadas a la reinserción social. Hay delitos que como ciudadanos nos producen espanto, pero mayor espanto causa que el Estado tenga la posibilidad de encerrar a una persona de por vida, sobre todo cuando por otro lado hemos avanzado lo suficiente como para que haya alternativas más eficaces que la cárcel para determinados delitos. Por ejemplo, en los años de explosión de la delincuencia con motivo de la drogadicción, la cárcel tuvo muy poco éxito a la hora de reformar esa situación, entre otras cosas porque el derecho penal se utilizó más como un cuerpo represivo que como una forma de ayudar a esas personas. En lugar de invertir, como se invirtió, en levantar más cárceles —España es el país de la UE que tiene menos número de delitos y sin embargo también es el que tiene mayor número de delincuentes en la cárcel: eso debería hacernos pensar—, podríamos habernos esforzado en alternativas como centros públicos de deshabituación a las drogas, que prácticamente no ha habido. Ha habido iniciativas privadas que han ayudado mucho y han hecho una labor magnífica, pero ésas no pueden ser las únicas manos en las que como ciudadanos dejemos esa situación.

Tiene dicho que el magistrado ideal es lo que usted llama juez amable. ¿Qué significa eso?

Alguien con quien la gente pueda hablar y a quien la gente pueda conocer y transmitir sus problemas. Yo creo que cada vez hay más, ¿eh? El problema es que los jueces nos regimos todavía con fórmulas que a veces asustan a la gente: esas togas negras que nos dan un aspecto como demasiado imponente, por ejemplo. La gente tiene que saber que la justicia es un derecho, algo cercano a ellos, que está al servicio de la ciudadanía y de los derechos y libertades.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 40, SEPTIEMBRE DE 2015