El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. Foto / Iván Martínez.

Por Ana Taboada / Abogada.  Cuando se habla del aborto como una cuestión moral, y desde la jerarquía fundamentalista de la Iglesia Católica se dicen cosas como “la moral católica lo que dice es que hay que respetar la vida y fundamentalmente la vida del no nacido, y entre la vida de la madre y la del niño se prefiere la del niño” (Antonio Menéndez, obispo auxiliar de Oviedo), no queda más que poner de manifiesto la persistente hipocresía de esta cúpula eclesial, su anacronismo y su ceguera ante la realidad.

Pero esto no debería importarnos si esta institución, ajena teóricamente al Estado, se manifiesta así en el marco de su libertad de pensamiento y opinión y con respeto hacia un Estado de Derecho que, según nuestra Constitución, es aconfesional. El problema es que la Iglesia actúa, más que como un lobby, como brazo impulsor del actual Gobierno, y pretende influir e imponer su ideología trasnochada cuestionando, sin ninguna base científica, prácticas sanitarias como la dispensación de la píldora del día después.

Los ultras de la Iglesia Católica están henchidos de alegría por contar con un Gobierno que atiende todas sus peticiones en materia educativa, permitiendo el adoctrinamiento en un Estado laico y la segregación por sexos, amén de sus privilegios fiscales y el abuso en la apropiación de patrimonio ajeno. En lo que nos ocupa, tratan a la mujer como un ser del que hay que tutelar tanto su cuerpo como sus decisiones, imponiendo maternidades por medio de políticas criminalizadoras.

“La ideología de género tiene unos objetivos tremendos, sutilmente jaleados y subvencionados, para desmentir el dato natural de una diferencia antropológica entre el hombre y la mujer que la cultura judeocristiana ha propuesto durante siglos”. ¿Debería quedarse indemne una declaración tan reaccionaria del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz?

Drama en América, retroceso en España

La realidad social se impone ante cualquier argumento político o ideológico, tendente a limitar la soberanía del cuerpo de las mujeres y el respeto a sus decisiones. Según la Organización Mundial de la Salud, mueren al año alrededor de 80.000 mujeres en el mundo por someterse a prácticas de interrupción del embarazo en condiciones de clandestinidad e insalubridad. La tasa de aborto de las mujeres en Latinoamérica es 10 veces mayor que en los países desarrollados. En el Cono Sur americano se producen 4,5 millones de abortos inseguros y el 21% terminan en muerte de la mujer.

La penalización del aborto en países como El Salvador no es nada nuevo. Ni siquiera un hecho aislado, sino que es la forma de mantener la pobreza, principal sustento del capitalismo y del patriarcado. Así perpetúa la mano de obra barata infantil, juvenil y femenina. El caso de la salvadoreña Beatriz, obligada  por los estamentos judiciales y la política represora del Estado a llevar a término un embarazo con grave riesgo para su salud, traspasa los límites del absurdo al tener en su vientre, además, a un feto sin cerebro ni, obviamente, expectativas de vida.

Manifestación contra la ofensiva antiabortista del PP. Foto de Mario Rojas.

La pretendida reforma del Gobierno del PP de la Ley del aborto (que significó un avance con limitaciones criticadas desde los movimientos feministas) nos haría volver  treinta años atrás. Volveríamos a una situación incluso más gravosa a la que existía en 1985. Se establece como conducta punitiva todo aborto voluntario que no obedezca a causa de violación o de salud de la mujer, lo que nos llevaría a considerar delito las interrupciones voluntarias hasta las 14 semanas, e incluso por malformación del feto hasta las 22 semanas.

La consecuencia sería clara: se privaría a las mujeres del derecho a decidir sobre su sexualidad y reproducción. Además, se condenaría a las mujeres a soportar embarazos que pondrían en riesgo su vida o su salud, e incluso se obligaría a seguir adelante con una gestación de un feto malformado; todo ello en un contexto en el que, con las políticas privatizadoras de los servicios públicos, no haya recursos públicos de apoyo, condenando a las mujeres a abortos clandestinos, en pésimas condiciones de seguridad sanitaria y con costes difícilmente asumibles. Salvo para quienes tengan recursos para ejercer el “turismo sanitario”, claro.

Solo el 2% en centros públicos

En el año 2011 abortaron en España 118.359 mujeres, de las cuales un 48% desliga su decisión de sus circunstancias económicas, laborales o afectivas.

Las mujeres jóvenes y las inmigrantes presentan mayores tasas de aborto debido a las dificultades que tienen para acceder a la anticoncepción, ya sea por falta de información, por problemas económicos o por culpa de las políticas restrictivas del acceso a la asistencia sanitaria.

La actual ley ha tenido una repercusión práctica limitada, debido a las dificultades en su aplicación en determinadas Autonomías. En Castilla-La Mancha se han negado a practicar abortos en los centros públicos, derivando a las mujeres a las clínicas privadas a las que luego no pagan. En Navarra se obliga a las mujeres a desplazarse fuera de la Comunidad y a adelantar los gastos ocasionados. En Cataluña son derivadas a clínicas privadas, teniendo las propias mujeres también que adelantar su coste, que se les reintegra meses después, en su caso, tras lentos trámites burocráticos.

Como consecuencia de todas estas trabas, en el año 2011 tan solo el 2,7% de los abortos se realizaron en centros públicos.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 27, JULIO DE 2013.