SOGEPSA toca suelo por escándalos y deudas millonarias

El polígono industrial de Bobes da una imagen desoladora de la situación de SOGEPSA. Foto / Imanol Rimada.

Quiso ser un referente del urbanismo español. Una sociedad mixta, público-privada, que impulsó en Asturias millones de metros cuadrados de suelo. Hoy, parte de ese espacio está en barbecho y la sociedad acuciada por las deudas y salpicada de escándalos: suntuosos gastos en jamones, bombones y alojamientos de hotel o cursos millonarios para sus directivos y colaboradores. Ahora se debate entre convertirla en 100% pública y nacionalizar su deuda, privatizarla o disolverla.

Patricia del Gallo / Periodista.

Antes de que todos los asturianos asumamos la deuda de SOGEPSA de 152 millones de euros como pretende el PSOE, o disolverla, como apuntan algunos, muchos quieren saber cómo se ha llegado a esta situación y si hay algún culpable, aunque, de ser así -como ocurre la mayoría de las veces en la gestión de lo público-, nunca llegue a pagar sus errores.

SOGEPSA se creó en 1984 a instancias del Gobierno autonómico presidido por Pedro de Silva, como una sociedad mercantil de capital mixto para gestionar el suelo industrial y residencial. Estaba integrada en un 42 % por socios privados del sector de la construcción, un 45% por el Principado y el 12% restante por Ayuntamientos. El capital social fue de 22 millones de euros. Su finalidad era abrir la posibilidad para realizar operaciones que, por su complejidad técnica o falta de viabilidad financiera, no eran abordadas por la iniciativa privada. Y hacerlo a precio asequible. Y hubo actuaciones que cumplieron su misión.

Durante la etapa de esplendor entre 2005 y 2007 se iniciaron los proyectos para la compra de miles de metros cuadrados de suelo industrial en Bobes (Siero) y La Lloreda (Gijón). Como muchos, no vieron acercarse la crisis y, con ésta ya encima, la sociedad no pensó en redimensionar sus ambiciones. En ambos polígonos invirtió unos 150 millones de euros de los que apenas ha recuperado 26 y suponen el 90% de la deuda actual. El Principado tiene avaladas con 98 millones de euros esas operaciones fallidas.

Bobes, donde crecen los plumeros

Bobes es el talón de Aquiles de la sociedad. Se compraron un millón de metros cuadrados en lo que sería su mayor proyecto de suelo industrial. Cuando empezaron los problemas de tesorería, se dejó de pagar a la UTE que realizaba la obra, integrada de FCC Construcciones, Alvargonzález Contratas y Sardalla Española. El argumento fue que estaba incumpliendo el contrato (la UTE había paralizado los trabajos en 2012 ante la falta de cobro), pero no lo denunciaron. Sí lo hizo en cambio la UTE, que vio cómo la justicia le daba la razón el pasado año y obligaba al Principado a abonarle cerca de 9 millones de euros por lo adeudado, más los intereses.

Una situación que llevó a SOGEPSA a un preconcurso de acreedores del que salió en junio tras alcanzar un acuerdo. La sociedad iría pagando a medida que fuera vendiendo suelo en cualquier parte. El problema es que, según la última información parlamentaria, en los seis primeros meses del año se han vendido 0 metros. Ello explicaría que el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, haya reconocido en la Junta General que “está renegociando con la UTE” y que están teniendo problemas para abonar los pagos comprometidos.

Nadie sabe si esa inversión será recuperable. A lo que se debe a la UTE se suma lo que queda por hacer, prácticamente la urbanización entera, más los arreglos de lo ya realizado, deteriorado por el tiempo. Bobes es hoy un inmenso solar plagado de plumeros de la pampa.

El resto de polígonos tampoco se han vendido bien. En la web de SOGEPSA se ofertaba hasta hace unos días: “Precios especiales en todo el suelo industrial de 45 a 85 euros el metro cuadrado”. Algunos empresarios consultados aseguran que, incluso con esa rebaja, el precio sigue siendo alto. Actualmente tiene solares valorados en 200 millones de euros a los que no logra dar salida.

Y mientras la deuda creció el beneficio se privatizó. Lo asegura el diputado de Podemos Héctor Piernavieja. Sostiene que SOGEPSA vendió a sus socios privados parcelas por un valor de 206 millones de euros entre 2007 y 2015, aproximadamente el 42% del volumen de negocio, lo que califican de “capitalismo de amiguetes”. “Es una forma aberrante de funcionar, cuando las mejores parcelas se las quedaban ellos sin ningún tipo de procedimiento de libre concurrencia para el resto de empresarios”.

Este modo de actuar es lo que ha censurado la Unión Europea. Como consecuencia de las protestas de los expropiados de La Magdalena (Avilés), Europa abrió un expediente al Reino de España porque SOGEPSA vulnera sus directivas. Considera que la “selección de la participación privada fue hecha de manera no transparente”. Así que el Parlamento asturiano tuvo que aprobar recientemente una modificación en la que se recoge el requisito de la publicidad, concurrencia y transparencia, lo que obliga a abrir la convocatoria de socios privados a cualquier empresario asturiano.

En estos momentos se espera la respuesta de Europa para ver si esa modificación es suficiente. Fernando Lastra ha reconocido que “de los muchos problemas que tiene SOGEPSA éste es el más importante”. “Si no lo solucionamos, no podemos asumir los demás”, asegura. De ser sancionados la multa “repercutiría inevitablemente en la Comunidad Autónoma”. Lastra heredó, entre otros, el problema de SOGEPSA de su antecesora Belén Fernández, para la que este conflicto supuso una de las causas de su ocaso político.

Podemos, PP y Foro critican desde hace tiempo la gestión en SOGEPSA. Creen que la entidad pudo ser útil en su momento, pero puede que hoy “no tenga sentido”. Argumentan que la gestión del suelo ha sido un desastre, como demuestra la millonaria deuda y la comercialización. En La Lloreda, por ejemplo, apenas se ha vendido el 20% del suelo. Y las víctimas de la gestión son los trabajadores despedidos (pasaron de 50 a 19 en la actualidad) y los vecinos expropiados, que aseguran que sus tierras se pagaron por debajo de su precio y que están consiguiendo más dinero gracias a sus demandas en los tribunales. Llevan años tratando de demostrar que la compra de sus terrenos no obedecía a un interés general como se argumentó.

Las protestas de afectados por las expropiaciones de SOGEPSA se repiten desde hace años. Foto / Pablo Lorenzana.

Dispendios y escándalos

Tras la última auditoría se descubrieron gastos para informática entre 2014 y 2016 de 900.000 euros, adjudicados a una empresa sin licitación. Cantidad a la que hay que sumar la indemnización que hubo que pagar a quien hasta ese momento tenía contratado el servicio. Según el testimonio de algunos trabajadores, el programa que les instalaron era tan bueno que valía para la NASA, pero para lo que realmente ellos hacían “era totalmente ineficaz”. El PP ha denunciado este gasto en los juzgados.

También dudan trabajadores y políticos de la necesidad del máster en una escuela de negocios de Madrid que entre 2009 y 2010 recibió su gerente José María Quirós Zarauza, que costó 40.000 euros más 12.000 en dietas. Duró un año, de jueves a viernes, aunque la estancia se prolongaba la mayoría de las veces todo el fin de semana. En las facturas figuran comidas y cenas para más de un comensal en conocidos y caros restaurantes de la capital e incluso anotaciones de coctelería. Un ejemplo, asegura el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, del “manirrotismo con el que se ha gestionado SOGEPSA durante 15 años”.

La propia Belén Fernández, entonces consejera de Infraestructuras y presidenta de SOGEPSA, lamentó que “estaba a un abismo de lo que es una conducta ejemplar”. El gerente tenía un sueldo de 87.000 euros anuales. “Le gustaba vivir bien”, aseguran en Podemos, que también ha denunciado el excesivo gasto en bombones a los que tenía acostumbrados Quirós Zarauza tanto a los que pasaban por su despacho como a los miembros del Consejo de Administración. Entre 2005 y 2015 se gastó unos 11.000 euros en bombones.

Junto a estos dulces, por Navidad llegaban los jamones, “normales” para los empleados y de máxima calidad para los miembros del Consejo de Administración y de la Dirección. A unos 400 euros la unidad, se llegaron a gastar en cinco años 40.000 euros. Para Piernavieja es un “escándalo porque todo esto ocurría mientras la crisis inmobiliaria afectaba a la mayoría de los ciudadanos”. A pesar de lo que algunos califican de pésima gestión del suelo industrial, Zarauza consiguió, por una sentencia judicial que declaró improcedente su despido, una indemnización de 103.570 euros.

A raíz de la auditoría que el Gobierno entregó a los grupos parlamentarios se descubrió un contrato con José Antonio Cullía de la Maza, secretario general de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA), por 11.000 euros para impartir un curso a los empleados en 2007, que según ha denunciado Podemos “se hizo con material obsoleto”. Es más, este partido duda de que realmente los empleados lo recibieran. Para Podemos es inconcebible que le pague un curso SOGEPSA, donde están los empresarios y los constructores a los que precisamente Cullía tenía que fiscalizar.

Llama aún más la atención que el Principado tardara nueve años en enterarse de que la sociedad había contratado “a dedo” a uno de sus consejeros para dar cursos de formación urbanística a los trabajadores por una cuantía total de 90.000 euros entre 2007 y 2009. José Manuel Cañal era jefe de servicio y tenía un puesto del nivel 28 en la Administración con “dedicación especial”. Tenía prohibido ejercer cualquier actividad pública o privada retribuida distinta al cargo. Según la Sindicatura, “no constan en ninguna parte las fechas ni el número de personas que asistieron a aquella formación”. El Principado se enteró de ello ante la petición de información de Podemos.

La sociedad se gastó más de 500.000 euros en remodelar las tres plantas de un edificio en alquiler para ubicar su sede, a pesar de que tenía oficinas en propiedad. Una vez que terminó la reforma, ya con la crisis, decidió usar solo una de las tres plantas. El propietario se quedó con una espléndida reforma y una indemnización de 12.000 euros por la modificación del contrato. “Eso es tirar el dinero” critica Cuervas-Mons. “Eso por no dudar de quién se benefició de esa obra, que se hizo sin licitación”.

Aunque todas estas decisiones pueden generar dudas sobre su ética o su legalidad, ya que muchas están en los juzgados, lo más sorprendente es que el letrado de SOGEPSA acabó sentado en el banquillo el pasado año por algo mucho más rocambolesco. Ante el ERE que puso en marcha la sociedad en 2016 se pidió a todos los trabajadores el currículum. Ante la negativa del entonces asesor jurídico, Rafael González del Santo, se le instó en varias ocasiones. Su negativa estaba motivada en que no poseía el título de licenciado en Derecho. Y ello a pesar de que en SOGEPSA llevaba ejerciendo como tal durante 26 años, cobrando 77.800 euros al año. El problema fue que además decidió, como último recurso, manipular su expediente académico. Fue condenado por intrusismo y falsedad documental a seis meses de cárcel y una multa. Fue despedido por pérdida de confianza.

Quizá ello explicaría que SOGEPSA se gastara durante años miles de euros en bufetes de abogados para realizar los informes jurídicos. Algunos encargados al despacho de la mujer de uno de sus directivos.

José María Quirós Zarauza, exdirector gerente de SOGEPSA. Foto / Mario Rojas.

Sin gerente

La última auditoría constata “la falta de colaboración de SOGEPSA” para proporcionarles toda la información. Señalan además que no han “tenido constancia de la existencia de protocolo o control alguno en la comercialización de suelo a sus socios privados ni procedimientos relacionados con la operativa de compras y de servicios”.

Desde hace más de un año el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado, Juan Fernández Pereiro, está al frente de la sociedad al quedar desierto el proceso de selección de un gerente que sustituyese al destituido. Consideraron que ningún candidato cumplía el perfil. La fallida selección costó 12.000 euros al contratar el Principado a una empresa privada para hacerla.

Durante la crisis algunas de las sociedades mixtas similares a SOGEPSA en otras Comunidades acabaron desapareciendo o recibiendo dinero público. Está por ver ahora si los asturianos acabaremos cargando sobre nuestras espaldas el peso de esta sociedad y de sus desmanes.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 54, ENERO DE 2018