SOMA: endogamia, pelotazos y suministros

José Antonio Postigo, interviniendo en una asamblea del Montepío de la Minería en Oviedo. Foto / Mario Rojas.

Descubrir que José Ángel Fernández Villa, su “jefe” durante más de tres décadas y su gran referente moral, guardaba en su casa de Oviedo 1,4 millones de euros ocultos a Hacienda ha sido una sorpresa y una conmoción en Asturias. Pero las llamativas y cuestionables prácticas político-sindicales del SOMA-UGT, que hasta hace bien poco ejercía el poder supremo en la Autonomía con su control sobre el PSOE, eran bien conocidas por la opinión pública y no solo en las cuencas mineras. Y de esas causas pueden venir esas consecuencias.

Y pocos ejemplos más ilustrativos de esa peculiar cultura somática, que impregnó a toda la política asturiana desde la Transición, como la gestión del Montepío de la Minería.

Nacido durante el franquismo y ejemplo del paternalismo laboral de la dictadura, el Montepío se convirtió con la democracia en un feudo de los sindicatos mineros, pero especialmente del SOMA-UGT, aunque CCOO fue un testigo cómodo para el sindicato socialista, con el que comparte gestión, aunque no mando supremo.

En los últimos años el Montepío ha estado bajo sospecha por su llamativa gestión, a la que solo un puñado de mineros le plantó cara, llegando incluso a los tribunales de justicia. Inútilmente, porque solo consiguieron ser depurados por la cúpula del sindicato socialista al mando de los órganos de gestión del Montepío.

En su número 4, en septiembre de 2009, ATLÁNTICA XXII ya alertaba de presuntos pelotazos financieros en los centros de ocio del Montepío en Los Alcázares y Roquetas de Mar con un reportaje de Manolo García (“Montepío minero: sombras inmobiliarias al sol de Murcia y Almería”). En una amplia información se detallaba una curiosa operación de compraventa de los apartamentos de Murcia y el centro de ocio de Roquetas, que arrojaba unos cuantiosos beneficios que para un grupo de mutualistas agrupados en una plataforma resultaban realmente sospechosos. En aquella operación aparecían los nombres del entonces presidente del Montepío, el ex alcalde socialista de Riosa Alfredo Álvarez Espina, y del empresario inmobiliario Sergio Díaz Sariego, natural de la misma localidad y ex minero del pozo Olloniego.

Los mutualistas disidentes de la Plataforma llevaron el tema ante la Justicia, pero no prosperaron sus denuncias ni en Juzgados de Murcia y Oviedo, ni en el Tribunal Constitucional. Álvarez Espina dimitió en junio de 2006, supuestamente por motivos personales, y le sucedió en la presidencia del Montepío José Antonio Postigo, la mano derecha de José Ángel Fernández Villa, al que visitó en su domicilio de Oviedo el pasado miércoles.

En plena fiebre del ladrillo, la gestión de Postigo supuso un paso hacia adelante en los ambiciosos negocios e inversiones inmobiliarias del Montepío, que construyó con 31 millones de euros de los fondos mineros el macrogeriátrico de Felechosa. En aquella época de vacas gordas, cuando los mineros pata negra que monopolizan el enorme poder sindical del SOMA no disimulaban que estaban entre los españoles que vivían por encima de sus posibilidades, también el Montepío vivía en una burbuja inmobiliaria que acabó estallando, casi a la vez que el “Caso Villa”.

Parientes o allegados

Al grandonismo en la gestión, tan asturiano y sobre todo tan minero, hay que añadir la endogamia. De la evidente mejora del nivel de vida de Postigo ya dio cuenta esta revista (número 18) detallando sus propiedades, entre ellas un lujoso chalet en Mayorga (Valladolid), pegado y casi gemelo al del constructor del macrogeríatrico, Juan Antonio Fernández, con el que el presidente del Montepío compartía también jornadas de ocio y caza. Del lujo del chalet de Postigo en Mayorga dan fe quienes lo visitaron y de sus frecuentes escapadas a Roquetas los trabajadores y usuarios del complejo turístico almeriense. Para sus desplazamientos tenía chófer propio, una persona de su total confianza.

Postigo empleó a su propia hija en el macrogeriátrico de Felechosa. Según RTPA, hay otras cuatro personas, parientes o allegadas de Postigo, contratadas en el mismo centro con jugosos contratos. Como gerente Postigo contrató al hijo de José Ángel Fernández Villa, Rolando Fernández Iglesias, con un contrato de 50.000 euros anuales y un blindaje por despido de 80.000.

La biografía laboral de Rolando Fernández,  educador social, es realmente llamativa. Antes de su paso por Felechosa fue gerente de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas Discapacitadas y Dependientes (FASAD), un organismo público de la Consejería de Bienestar Social del Principado. En tres años el FASAD llegó a perder 20 demandas por despidos y conflictos laborales, que supusieron más de 70.000 euros de pérdidas, según informó en 2012 Pilar Rubiera en La Nueva España. Rolando Fernández dejó su puesto entre graves acusaciones del comité de empresa, que lo tildaba de autoritario y despótico y de crear un ambiente de “terror y pánico”.

En el macrogeriático de Felechosa soportó parecidas acusaciones antes de ser cesado por el nuevo presidente del Montepío, Juan José Pulgar, que sucedió el pasado mes de junio a Postigo. Pero Pulgar no despidió a Rolando, sino que le ofreció el puesto de supervisor. Desde entonces el hijo de Villa está de baja médica.

Marcando las distancias con Postigo, Pulgar se puso de inmediato a ajustar las cuentas del macrogeriátrico, una auténtica ruina económica que amenaza con llevarse por delante al histórico Montepío. La terapia del ajuste de plantilla no basta y Pulgar contrató a un asesor externo y puso en marcha una mesa de contratación para rebajar los gastos en suministros y servicios externos en Felechosa y en los otros centros del Montepío, en Murcia, Almería y Ledesma (Salamanca), donde muchos mutualistas pasan sus vacaciones. Algunas de estas rebajas previstas, de hasta un 40%, según información de La Nueva España, resultan llamativas.

Equo ha solicitado “una investigación exhaustiva de los procedimientos de contratación y de certificaciones de obra” en el macrogeriátrico, que para el partido verde “no tenía ningún plan de negocio, fue el despilfarro por el despilfarro, colocando además al hijo de Fernández Villa como director, lo que a la luz de su gestión fue un error monumental”.

Por su parte seis círculos de Podemos, el de Gijón y cinco de concejos mineros, piden una auditoría sobre los fondos mineros. El título de un manifiesto hecho público por este partido vincula esas inversiones públicas al Caso Villa: “Va apareciendo el dinero de los fondos”.