¿Son también comisionistas Ovidio y Garriga?

Ovidio Sánchez, Mariano Rajoy y Salvador Garriga. Foto / Iván Martínez.

Los políticos asturianos del PP Ovidio Sánchez y Salvador Garriga compartieron despacho con el comisionista Pedro Gómez de la Serna, pero no quieren aclarar sus negocios. Sánchez acaba de ser senador en la legislatura recién terminada. Entre las empresas que pagaban comisiones a ese despacho madrileño estaba la asturiana Contratas Iglesias.

Patricia Simón / Periodista.

Ovidio Sánchez, profesional de la política desde 1983 –cuando empezó su carrera como concejal de Alianza Popular en el Ayuntamiento de Oviedo–, alquiló un despacho a su buen amigo –y también diputado y comisionista– Pedro Gómez de la Serna en 2014. Ambos ocupaban entonces asiento en el Congreso. Cuatro meses después, según asegura el propio Ovidio, lo cerraría tras facturar 30.250 euros –21.770 de éstos, beneficios–, “porque no me compensaba”, ha declarado. Ovidio Sánchez, reincidente y fallido candidato a la presidencia del Principado por el Partido Popular desde 1999 hasta 2007, presidente del partido en Asturias hasta 2012, diputado en el Congreso hasta este año y actual senador, fue apartado de la primera línea de la política asturiana, según fuentes de su propia organización, después de que esta revista revelara el cobro de 6.000 euros mensuales en sobresueldos que él mismo se asignó, llegando a cobrar en alguna ocasión 9.400, durante su etapa como portavoz de la Junta General del Principado (véase ATLÁNTICA XXII número 29, noviembre de 2013).

Ahí se esfumó su sueño de ser eurodiputado, pero los partidos no suelen dejar tirados a los suyos, aunque caigan en desgracia, y la socorrida “patada hacia arriba” lo llevó primero a convertirse en diputado en el Congreso, donde, mientras era legislador, creó a nombre de su esposa, Ana María Paz Mier Rozado, la empresa Sanmier SL; y abrió un despacho que, según ha declarado él mismo, estaba destinado a que ejerciera como abogado. De hecho, para ello solicitó permiso a la Comisión del Estatuto del Diputado en marzo de 2014, que le autorizó a volver a ejercer la abogacía pero sin que pudiera recibir por ello remuneración alguna. Efectivamente, en sentido estricto, no fue él quien ingresó esos 30.250 euros, sino la empresa de su esposa.

¿A quién asesoraba Sánchez?

Doce días antes de las elecciones generales del 20 de diciembre, la Cadena Ser daba una exclusiva que, en circunstancias normales, se habría convertido en un proyectil en la línea de flotación del Partido Popular, si no fuera porque ésta ya estaba mermada por tanto caso de corrupción, hasta el punto de convertirse en el primer partido político imputado judicialmente en España. El diputado Gómez de la Serna y el exparlamentario y hasta entonces embajador en la India Gustavo Arístegui habían creado una entramado de empresas para cobrar comisiones millonarias a empresas españolas por conseguirles contratos de obras públicas y privadas en el extranjero. Una presunta “organización criminal”, como la ha definido en su auto el juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, que investigará la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por delitos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

El auto ordena la apertura de diligencias previas y el registro de las oficinas no solo de los 8 presuntos artífices de la red –incluido otro antiguo cargo del PP, José Félix González Noriega, adjunto en la Secretaría de Relaciones Internacionales del Gobierno de Aznar– y sus al menos 6 empresas, con las trabas para la investigación que entrañan las prerrogativas de inviolabilidad, inmunidad y aforamiento del diputado De la Serna, administrador único de varias de ellas. El juez ha incluido también en sus indagaciones a otras 12 sociedades mercantiles que les contrataron y pagaron mensualidades por la búsqueda de contratos y comisiones de entre el 2,5% y el 5% de las obras multimillonarias adjudicadas. Entre estas sociedades, el auto recoge a la asturiana Contratas Iglesias.

Según la investigación, que parte de la colaboración de un exsocio de los presuntos comisionistas con la Fiscalía, más de una veintena de empresas españolas habrían contratado los servicios de Aristegui y de la Serna a través de su marca comercial internacional, Voltar Lassen. Entre 2010 y 2014 habrían facturado al menos 1,6 millones de euros, aunque se estima que la cifra podría ser muy superior por la cuantía multimillonaria de los contratos amañados.

Fue en este periodo, en julio de 2014 en concreto, cuando Ovidio Sánchez alquiló un despacho a De la Serna para hacer trabajos de asesoría internacional, según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Sánchez no ha querido aclarar a ATLÁNTICA XXII el origen de esos 30.250 euros facturados en cuatro meses. En los últimos tiempos, más de una vez ha comentado públicamente que sus cargos públicos serán pronto pasado y que debe pensar en su futuro.

Pedro Gómez de la Serna.

Contratas Iglesias y su expansión internacional

En una grabación, publicada por El Mundo, podemos escuchar a Gómez de la Serna compartiendo, con un exsocio que está colaborando con la Fiscalía, su preocupación por una inspección de Hacienda que le van a hacer a él y a su hijo, administrador de otra de las empresas de la presunta trama investigadas por la Audiencia Nacional.

De la Serna: –Pues yo… Me van a machacar. Están cuestionando todo.

Socio: –¿Pero qué problema tienes tú?

De la Serna: –¿Joder macho, pues que por qué recibía esas igualas si no hacía trabajos, dónde están los informes, dónde están los trabajos, dónde están los éxitos…

Socio: –Los trabajos son…

De la Serna: –Por ejemplo, de Iglesias [Contratas Iglesias] ¿dónde están los éxitos?

Socio: –Y por eso cancelaron el contrato.

De la Serna: –Ya, ya, pero a mí mientras me dieron una pasta.

Socio: –¿Y?

De la Serna: –Ah, pues que a ver si eso van a ser facturas falsas.

Socio: –Bueno, los éxitos de Iglesias sí que están. Están los hospitalities, pero no nos los han pagado. Sí que hay éxitos.

Los hospitalities a los que se refieren son los hospitales que, según el mismo De la Serna ha confirmado a la Cadena Ser, consiguieron que les fueran adjudicados a Contratas Iglesias en Panamá. Contratas Iglesias ha construido cuatro centros sanitarios en el país centroamericano. Por solo dos de ellos ha ingresado 40 millones de dólares, un encargo por el que habría pagado 8.000 euros mensuales a Voltar Lassen y se habría comprometido a pagar entre un 3,5% y un 5% de su valor total tras confirmarse la adjudicación. Los contratos de la trama establecían una serie de países con compromiso de exclusividad y Contratas Iglesias se comprometía a pagar estos emolumentos por cualquier obra contratada en lugares como Bolivia, fuese o no conseguida por los comisionistas del Partido Popular. Según el diputado De la Serna –también candidato cuando estalló el escándalo y ahora en el Grupo Mixto, aunque miembro de la Comisión Permanente del Congreso–, un intermediario con amplia experiencia en Panamá –Juan Gestoso, también investigado por la Audiencia Nacional, como su empresa Río Celeste– terminó quedándose con la comisión. Ésa fue la razón por la que, según se escucha en las conversaciones publicadas por El Mundo, el por entonces diputado Arístegui estuvo a punto de pegarle en un Corte Inglés de Madrid.

Contratas Iglesias también ha rechazado explicar a ATLÁNTICA XXII el pago de estas comisiones. Al frente de la empresa están los hermanos Leopoldo y José Manuel Iglesias, de Llanera, y se supone que a uno de ellos se refería el exsocio de De la Serna en las escuchas, cuando le reprochaba al diputado: “Te traigo a un empresario asturiano que tiene 1.000 millones y lo dejas tirado”, en referencia a una cita frustrada. Los métodos de esta constructora asturiana para conseguir adjudicaciones de obras públicas se han convertido en un escándalo público en Panamá. La prensa se ha hecho amplio eco de este tema sensible, ya que los servicios sanitarios panameños, además de insuficientes y de mala calidad, llevan años enfrentándose a intentos gubernamentales de privatización, ante los cuales se han sucedido huelgas y protestas.

La Audiencia Nacional investiga también el pago de sobornos por parte de Voltar Lasser a funcionariado argelino para conseguir contratos a la empresa española Elecnor, la cual también consiguió, en las mismas negociaciones que Contratas Iglesias, la adjudicación para la ampliación de un hospital gubernamental en Panamá.

Un deterioro de la imagen pública de Contratas Iglesias en América Latina al que hay que sumar las críticas que la firma asturiana ha recibido en Bolivia por haber ganado la licitación de la construcción de un aeropuerto, por valor de 27 millones de euros, sin tener experiencia previa en la construcción de terminales aéreas, “aunque en la presentación de su sitio web lo indica entre sus especialidades”, denuncia el diario digital Uje.tv

Antes del estallido de la crisis económica y del desplome del sector de la construcción, Contratas Iglesias era en Asturias una de las empresas más favorecidas por la contratación pública, tanto en Ayuntamientos como en el Principado, con Gobiernos del PP y del PSOE. Su nombre aparece en el sumario del Caso Marea y su sede fue registrada por la Policía, que revisó sus ordenadores, cuando el caso lo llevaba la jueza López Pandiella. Los hermanos Iglesias agasajaban a menudo entonces a políticos y funcionarios en el hotel La Zoreda, de su propiedad. (véase ATLÁNTICA XXII número 13, marzo de 2011).

Firma del contrato entre el Gobierno boliviano y Contratas Iglesias en 2015 para la construcción del aeropuerto de San Ignacio de Velasco (Santa Cruz).

Garriga no declaró sus actividades

El otro político del PP que alquiló un despacho a Gómez de la Serna para ejercer de lobbista, en este caso con una asesoría jurídica a empresas para facilitar sus negocios en el ámbito de la Unión Europea, es el ex eurodiputado Salvador Garriga, también asturiano. Según ha informado la Cadena Ser, no declaró sus actividades mercantiles, pese a que tenía obligación de hacerlo según el reglamento comunitario. Administrador único de la constructora Claros Antúnez SL, redujo sus explicaciones a la prensa a un “de algo hay que vivir”.

Casi igual de lacónico se mostró el ahora senador Sánchez, portavoz en la Comisión de Fomento, cuando fue abordado por los periodistas el mismo día en que fue descubierta su vinculación con Gómez de la Serna, en un acto electoral. El PP ya lo había mantenido escondido durante la campaña, hasta el punto de que ni siquiera concedía entrevistas, pero desde entonces su ostracismo fue absoluto, lo que no impidió que los asturianos lo eligieran senador en listas abiertas. “La verdad es que no tenía mucho tiempo. Uniendo a eso el hecho de que el alquiler era caro (unos 760 euros), no le vi mucho interés (…) Fueron tres o cuatro meses, rescindimos el tema, y fuera”. Nada sobre lo más importante: a quién facturó esos 30.250 euros en los cuatro meses que mantuvo abierto el despacho mientras era legislador. El PP tampoco le pide cuentas.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 43, MARZO DE 2016