Enrique Fernández Castelao, alcalde en funciones de Tapia de Casariego.

Javier Fernández / Periodista.

Él lleva treinta años de concejal y dos de alcalde. Su esposa veintitrés en Asturagua, que lleva la concesión municipal del agua en Tapia. La oposición ha decidido poner en conocimiento de la Fiscalía esta relación. Por si existiese algún tipo de influencia que haya permitido que el cargo del uno favoreciese la carrera profesional de la otra.

“Con el tema como está parece que ahora vale todo”, critica con disgusto Enrique Fernández Castelao, alcalde en funciones por el PP, que lamenta que sus rivales políticos traten de aprovechar la coyuntura para atacarle.

En la misma línea se expresa su mujer, María Ángeles Fernández: “Llevo aquí veintitrés años, cuando comencé a trabajar tenía los estudios para cubrir el puesto y mi marido no era alcalde”. Destaca también que no ocupa ningún puesto directivo sino que es “una trabajadora más” y se extraña de que el debate envuelva esta situación. “Han pasado tantos años, ¿la gente se acuerda ahora?”, critica.

La oposición, sin embargo, ante las aguas revueltas de la corrupción, alega que solo trata de prevenir cualquier ilegalidad que se haya podido cometer. “Dimos traslado de una información que tenía el grupo”, relatan desde el PSOE local, cuyos miembros resaltan que “después de tantos años no creemos que sea constitutivo de ningún delito pero éticamente es reprobable”.

A pesar de esta opinión, Fernández Castelao insiste en que “conviene recordar que hace veintitrés años de esto” y que pese a que hace mucho tiempo que comenzó su vinculación con el consistorio de Tapia “de alcalde llevo dos años”. Y “mi mujer empezó a trabajar en Navia, no aquí”. “En ningún momento -zanja- ejercí ninguna influencia”.

Corrupción de baja intensidad

Los casos de San Martín de Oscos, Grandas, Pesoz, Navia y Tapia, en relación a los empleados de las empresas concesionarias del servicio municipal del agua, son aparentemente legales. Los límites en la contratación en relación a los lazos familiares entre las empresas y los organismos públicos son muy estrictos. Pero no existen en relación a las contrataciones de personal en las propias empresas. Los políticos locales cometerían ilegalidades si fueran empresarios, pero solo son empleados de las empresas a las que sus Ayuntamientos contratan. “Ahí está uno de los gérmenes de la corrupción: tú me das el contrato y yo te coloco al pariente o te lo promociono”, alerta Leopoldo Tolívar, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo.

Tolivar observa que este tipo de comportamientos, como los de estos concejos del Occidente asturiano, “están ciertamente arraigados” en los municipios pequeños, “microcosmos donde, de la misma manera que hay muchas relaciones cruzadas y parentescos entre numerosos vecinos, también hay conexiones importantes entre la oferta y la demanda”. Debido a que el presupuesto de estas localidades es más bajo que el de otras mayores, “el volumen de negocio es muy inferior al que se da en la contratación de grandes poblaciones y, por tanto, cuantitativamente la eventual corrupción siempre será menor”. Pero ese no es un motivo para no mantener una actitud de alerta. La corrupción es un mal a combatir tanto en la ciudad más grande como en la aldea más pequeña y Tolívar insta a combatirla con la misma dedicación en todas partes, sin importar el tamaño del censo: “Debemos poner freno a las irregularidades, no siendo tolerantes  con la corrupción de ‘baja intensidad’”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 37, MARZO DE 2015