Tocarán las pensiones: Merkel insiste y Rajoy otorga

Fue moderada en las formas en Madrid, para no contribuir a deteriorar aún más su imagen en España, pero Angela Merkel no anduvo con disimulos: Alemania y la troika comunitaria exigen más reformas a España. Como cuando los ministros franquistas anunciaban que no subiría la gasolina y lo hacía de inmediato, Mariano Rajoy dice que no tocará las pensiones, pero lo mismo aseguró con el IVA y no es precisamente su única promesa incumplida.

Aunque los imponen como inevitables y los medios los presentan también así ante la opinión pública, los recortes acometidos en España y otros países frente a la crisis económica son profundamente injustos, ineficaces y están destrozando las conquistas sociales que los trabajadores tardaron más de un siglo en conseguir.

ATLÁNTICA XXII lo analizó en profundidad en el editorial de su número 21, que reproducimos a continuación.

Rebelión democrática contra los recortes

La crisis actual no es ajena a las decisiones tomadas en la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La finalidad de sus disposiciones es conseguir precisamente lo que está ocurriendo ahora: el desmantelamiento del llamado Estado del bienestar. Intentan eliminar para siempre la identificación de los derechos sociales con el concepto de ciudadanía y reducir a mínimos insufribles las medidas de protección de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Tales instituciones, junto con el Consejo Europeo, han difundido la idea –coreada desde unos medios de comunicación a su exclusivo servicio– de que un problema creado en el sector privado, como consecuencia de su enorme endeudamiento, se tiene que resolver a costa de la reducción drástica y eliminación progresiva del conjunto del sector público.

Según tal teoría, la «solución» pasa por hacer creer a la ciudadanía que hay que reducir las pensiones y recortar el gasto público, incluyendo el social, con recortes drásticos en la sanidad, en la educación, en los servicios de atención domiciliaria, en las escuelas de infancia, en los servicios sociales y un largo etcétera. La fuerza de tal avalancha ideológica es tal que incluso personas que se consideran de izquierdas llegan a creérselo y, donde gobiernan, como en Asturias o en Andalucía, aplican también tales políticas neoliberales, con la disculpa de que no hay alternativa posible. Con ello, la única diferencia entre izquierdas y derechas gobernantes está en la forma de aplicar la cirugía: unos intervienen sin duelo y presumen de su contundencia y los otros hacen lo mismo entre lamentos de falsa conciencia. La crisis sin fondo de la socialdemocracia en Europa se debe precisamente a esta forma de actuar.

Estas políticas de austeridad impuestas por los grandes poderes financieros por intermedio de los Gobiernos de Francia y Alemania y del Banco Central Europeo han llevado a casi toda Europa a otra recesión, han agravado el peso de la deuda y el paro, y están destruyendo la cohesión social y los derechos sociales cuya conquista costó décadas de conflictos y luchas. Se destruyen miles de empresas, crean pobreza y exclusión y producen un alejamiento, quién sabe si ya definitivo, entre la población y los gobernantes. No hay ninguna experiencia histórica que permita afirmar que se puede salir de una crisis como la presente (de racionamiento financiero y falta de demanda efectiva) con menor gasto; de modo que insistir en reducirlo sin tomar al mismo tiempo medidas que garanticen de nuevo la financiación y que proporcionen ingresos adicionales a la población consumidora es una vía que solo conduce al desastre.

La sumisión de las autoridades políticas que nos representan a los poderes financieros les lleva a insistir en nuevos recortes, que solo sirven para que los bancos, especuladores y grandes empresas aumenten su beneficios y un poder omnímodo.

Los recortes experimentados en Madrid, y en otros lugares, llegan ya a toda España con el objetivo de deteriorar el sistema educativo público para reducirlo a la condición asistencial que permita reconvertir todas las instalaciones del Estado en propiedad privada, y que la educación se convierta, por fin, junto con la sanidad y demás servicios sociales, en un mero negocio.

Pero ¿para qué tanto recorte? Si se tratara de racionalizar el gasto para mejorar la calidad de los servicios públicos todos estaríamos de acuerdo. Pero se recorta para pagar deudas adquiridas porque resulta obligado que los Estados se financien a través de la banca privada. Es una añagaza que solo se ha conseguido amordazando a los medios de comunicación. Primero los Estados pierden su soberanía económica al no poder financiar su deuda con el banco emisor de moneda, después se les obliga a negociar la deuda con bancos que aumentan sus beneficios subiendo los intereses de la deuda y finalmente se dice que solamente destruyendo la sanidad, la educación, los servicios sociales y el propio Estado es posible racionalizar la economía, mejorar su eficiencia y asegurar el futuro. Nunca se había mentido de manera tan contumaz: estos recortes sirven en exclusiva para aumentar las ganancias de los banqueros y favorecer la tan ansiada acumulación de capital, debilitar a los Estados y dejarlos inermes ante los ataques venideros del capital financiero. Y esta debilidad se traduce en una pérdida de libertad de los ciudadanos, porque sus Estados son ahora rehenes de las multinacionales, los bancos más poderosos y los países con más poder económico.

Y resulta ya cansino recordar que el Estado es un entramado institucional que pertenece a la sociedad española en su conjunto. Esa idea de que las empresas privadas salvarán a la sociedad española es otra falacia ideológica que se acaba creyendo a fuer de ser repetida. Todo el entramado de empresas pequeñas, medianas y de mayor fuste funciona gracias a que ese Estado al que todos contribuimos con nuestro trabajo e impuestos está regulando, estructurando, amparando y financiando tantas iniciativas particulares. Es el Estado quien ofrece los servicios y las infraestructuras necesarias para que prosperen esos negocios, y no al contrario. Se necesitan más que nunca unos Gobiernos que planten cara a tanto desmán y expliquen a la ciudadanía lo que en verdad está ocurriendo. Y eso es exactamente lo contrario de lo que está pasando. En España, con el sistemático incumplimiento de sus promesas y su absoluta sumisión a los mercados y a los dictados de la troika y de Angela Merkel, el Gobierno del PP ha perdido absolutamente su credibilidad, a pocos meses de ganar por mayoría absoluta. Mariano Rajoy y los suyos se muestran débiles con los poderosos, empezando por la banca a la que van a apuntalar nada menos que con hasta 100.000 millones de euros prestados por la Unión Europea, e implacables con los débiles. Bien lo han comprobado últimamente los mineros, los últimos trabajadores de un sector que fue básico para la economía española y para el movimiento obrero español, que ahora ve cómo se pierden los derechos que tantos años de lucha costó conseguir.

El desgaste vertiginoso de los Gobiernos en Europa, víctimas de esta gran recesión al margen de su sesgo ideológico, es una nueva señal del peligroso retroceso democrático que llega parejo con la mayor crisis del capitalismo desde 1929. Populismo, neofascismo y xenofobia son algunas de sus consecuencias. Más que en instituciones y gobernantes, cuyo desprestigio es ya un clamor, la ciudadanía debe confiar en sí misma para pilotar la salida a la crisis, la regeneración del sistema democrático y la transformación del modelo económico en otro más justo, equilibrado y sostenible. La resignación es la crisis. Las soluciones vendrán de abajo a arriba o no vendrán, porque no se puede esperar que solucionen el problema quienes lo crearon, por su codicia, su voracidad y su insolidaridad. Es la hora de la rebelión democrática.