Tres palacetes y un destino

El palacete de La Lila, también recuperado por el Ayuntamiento de Oviedo. Foto / Iván Martínez.

Lucía Naveros / Periodista.

Villa Magdalena es el más famoso, pero no es el único heredero del escándalo del derribo del palacete de Concha Heres. La ciudad quedó tan traumatizada por el derribo en los años setenta del caserón donde hoy se alza el insípido edificio del Banco de España que lanzó un conjuro para intentar salvar del “progreso” a otros tres palacetes señeros: además de Villa Magdalena, quedaron protegidos y blindados por el Plan General de 1986 (del socialista Antonio Masip) el palacete de La Lila, también de Juan Miguel de La Guardia, y el antiguo Colegio Hispania, en la calle Marqués de Gastañaga, junto al Campillín. Para los tres, el ordenamiento urbanístico preveía la expropiación, ya que se consideraba que su paso a manos públicas era de interés general. Para los tres se plantearon, en distintas épocas, convenios urbanísticos que pretendían sortear la vía expropiatoria. En dos casos estos convenios salieron adelante. En el tercero, la vía en apariencia más directa, el proceso expropiatorio, se convirtió en un camino sinuoso, lleno de trampas y de escándalos políticos, que ha supuesto un severísimo varapalo económico para las arcas municipales.

El que menos ha dado que hablar es el acuerdo del palacete de La Lila, hoy convertido en cibercentro municipal. Con amplios jardines, una modificación del planeamiento permitió hacer viviendas en la parte lateral y posterior de la finca. El Ayuntamiento se hizo así con la propiedad, que fue restaurada con encomiable respeto por el original por el estudio de arquitectura Menéndez y Gamonal.

El caso del Colegio Hispania fue otro quebradero de cabeza interminable. Se convirtió en una “actuación aislada” en el Plan General, que recalificó todo el patio de la antigua escuela para hacer viviendas en el corazón del casco urbano. El Ayuntamiento, que no sabía muy bien qué hacer con el caserón (hubo innumerables proyectos, entre ellos el de abrirlo como Museo de la Ciudad), finalmente lo vendió al Colegio de Arquitectos, que lo reconstruyó tras su desmontaje y le añadió una polémica visera que produjo años de pleitos con el vecindario. Finalmente, la visera fue desmontada.

El PP siempre alude al caso del palacete de la Lila para defender que la mejor opción para Villa Magdalena hubiera sido la del convenio urbanístico. Sus contrincantes políticos insisten en que el coste de la expropiación se disparó por dos causas atribuibles en exclusiva a los populares: la Ley del Suelo de Aznar, que elevó a precios de mercado los justiprecios de las expropiaciones, y la decisión de no consignar el dinero de la tasación inicial, lo que dio derecho a Comansa a pedir una nueva valoración en 2007, cuando el mercado inmobiliario estaba en plena burbuja.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 45, JULIO DE 2016