Una reacción sería necesaria

El pacto firmado entre Gobierno, patronal y sindicatos para la subida en 2018 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no alivia la situación de los trabajadores.

Mario José Diego Rodríguez / Sindicalista jubilado.

Patronal y Gobierno comenzaron este año como acabaron el anterior, tomando el pelo al conjunto de las asalariadas y asalariados del país. De hecho, Mariano Rajoy, en una de sus declaraciones, deseaba que el nuevo año “fuese bien para mí y para ustedes”. Para él como para la patronal, sus empleadores, no cabe la menor duda que 2017 acabó formidablemente bien y el 2018 comenzó bajo los mejores auspicios. Para el conjunto de las asalariadas y asalariados 2017 acabó mal no, lo siguiente y en cuanto a 2018 no podía empezar peor, con lo cual, cuando Rajoy habla de “ustedes”, está claro que no se refiere a las clases populares.

2017 acabó con la tragicomedia representada el 26 de diciembre por los “agentes sociales”, como los define la prensa –aunque mejor sería llamarlos “actores”–, patronal y sindicatos, chaperoneados por la ministra del Trabajo, en una rueda de prensa anunciando la subida en un 4% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2018.

Por mucho que esta subida sea bienvenida para los pocos afortunados que podrán beneficiarse –aproximadamente los 530.000 trabajadores con contrato a jornada completa–, la situación no está como para tirar cohetes. El salario mínimo mensual será de 736 euros al mes en 14 pagas lo que representa un salario anual de 10.304 euros. No se necesita ser un eminente economista para saber que con semejante salario no se puede vivir dignamente en nuestro país.

Para hacernos una idea precisa del alcance de esta subida es necesario recordar que en estos últimos siete años el SMI creció de un 13,3% mientras que los precios subían ellos un 11,6%, con lo cual la capacidad adquisitiva del SMI creció únicamente de 1,7%. Si esa crecida la comparamos con la de los beneficios empresariales rondando un 23% se ve muy bien a quiénes beneficia dicha tragicomedia.

Tres días más tarde el Gobierno y sus voceros anuncian a bombo y platillo la revalorización en un 0,25% de las pensiones. Como todos los años, para justificar que la revalorización no puede ser cuantitativamente igual al IPC, el Gobierno invade con su ejército de súbditos (especialistas administrativos, sociólogos, economistas y voceros) los medios de comunicación afines o a sueldo para justificar lo injustificable hablando de “pensionistas privilegiados”.

Siendo la pensión media de 920 euros y el 51% de los pensionistas (4.800.000) los que cobran menos del SMI, ¿quiénes serán esos pensionistas privilegiados? Quizás hablen de los consejeros del Ibex 35 computando planes de pensiones por valor de 382 millones de euros, de los cuales Ana Botín, Florentino Pérez, Matías Rodríguez Inciarte y César Alierta acumulan un cómputo de 185 millones.

En cuanto a 2018, al atraco cometido por las eléctricas a finales del pasado año incrementando sus precios de un 10%, habrá que añadirle las subidas ya anunciadas: gas, sellos y peajes de autopistas. Si a esto le añadimos que la subida salarial este año para el conjunto de las asalariadas y asalariados será peor que la del año pasado o en el mejor de los casos idéntica, deja claro que tanto los activos como los pensionistas seguirán perdiendo poder adquisitivo.

Mientras la burguesía y sus súbditos políticos agiten la batuta y nadie se la arranque de la mano, éstos seguirán con su ofensiva anti-clase trabajadora otorgándose el fruto del trabajo colectivo. Hasta ahora, por el momento, la calle es propiedad de todos aquellos que deseen ocuparla. Ocuparla sería una necesidad, más que razonable, indispensable.