Acción de protesta por el cierre de La Madreña. Foto / Pablo Lorenzana.

Daniel Ripa / Psicólogo social. Candidato de ‘Podemos’ en el 25-M. Era 2004 y realizaba un Erasmus en Zwolle (Holanda), una pequeña ciudad en la campiña holandesa de apenas 100.000 habitantes, pero que contaba con hasta 4 centros sociales ocupados y autogestionados. Fábricas o escuelas abandonadas rehabilitadas y convertidas en centros culturales, educativos o salas de conciertos por los jóvenes de esa ciudad. La ley holandesa les permitía dar un uso social a edificios abandonados siempre que lo comunicasen a la policía con 15 minutos de antelación. La policía acudía al lugar, certificaba la ocupación y legalizaba de facto el lugar. ¿Es que a los (muy) conservadores habitantes de Zwolle les encantaban los okupas? No. Según su mentalidad, la ocupación no solo daba un uso a edificios abandonados sino que permitía a los jóvenes el desarrollo de habilidades ‘emprendedoras’ de autogestión, de desarrollo de proyectos, o de vocación de servicio. Y posteriormente las pondrían en práctica en otros proyectos sociales, en la organización de conciertos y festivales, en la Administración pública o incluso en empresas privadas.

¿Okupas emprendedores? Suena raro. Más aún si ‘emprendeduría’ es la palabra de moda de Mariano Rajoy y Javier Fernández. Pero no echemos las campanas al vuelo: no hablamos de lo mismo. Lo que se ha derivado del boom de los emprendedores en los últimos 4 años no son centros de innovación a lo Silicon Valley, sino hasta 250.000 falsos autónomos (según la Encuesta de Población Activa) que siguen trabajando para una única empresa pero sin derechos sociales. Es decir, el objetivo fue quitar la responsabilidad a los Gobiernos del incremento del paro, pero no lograr una transformación que permita mayor dinamismo y mejores condiciones de vida en la sociedad.

Emprendedores de ‘postín’

Miremos el espejo al revés: ¿de verdad son emprendedores los que llenan los telediarios con lecciones sobre emprendeduría? Elena Valenciano, cabeza de lista del PSOE en estas elecciones europeas, siempre trabajó en la órbita de su partido. Javier Fernández fue aupado por el sindicato minero SOMA, el mismo que gestionaba fondos mineros de forma clientelar. El ex consejero socialista José Luis Iglesias Riopedre está siendo juzgado por el Caso Marea y la jueza López Pandiella llegó a investigar a un conjunto de 22 empresas vinculadas a cargos públicos y funcionarios que facturaban preferentemente para el Gobierno asturiano, el ‘holding socialista del Caso Marea’. Entre ellas estaba Contratas Iglesias (que dejó sin finalizar el soterramiento de las vías en Langreo), la cual organizaba un banquete anual para alcaldes, parlamentarios y secretarios de Ayuntamiento en el Hotel de La Zoreda. ¿Quid pro quo? Juzguen ustedes mismos.

Pero no crean que el PP es diferente. El cabeza de lista popular, Miguel Arias Cañete, comenzó su carrera política hace 32 años, aunque la ha alternado con intereses en empresas petrolíferas (Petrolífera Ducar y Petrologis Canarias, de las que ocultó en 2011 al Congreso sus concesiones y contratos con la Administración) que le convirtieron en el ministro más rico, con un patrimonio declarado de 1,7 millones de euros. Salvador Garriga, candidato del PP asturiano, lleva desde 1987 viviendo de la política. Fátima Báñez, la ministra de Trabajo que pide esfuerzos a nuestros jóvenes, nunca trabajó. El hermano del Mayor Oreja ex ministro, José Mayor Oreja, fue presidente de FCC (que gestiona el agua y la limpieza en más de 850 Ayuntamientos españoles). El marido de Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, aparece como donante en los papeles de Bárcenas mientras cobra 7.000 euros al mes de Liberbank por unas funciones sin aclarar. El hijo de Aznar gestiona fondos buitre y compra pisos ‘nacionalizados’ a precio de saldo al SAREB. Y el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, buscaba adquirir desde Capio Sanidad los hospitales que intentaron ser privatizados en Madrid.

¿No es paradójico? Aquellos que dan lecciones de emprendeduría y esfuerzo son quienes menos se han esforzado para conseguir lo que tienen: PP y PSOE usan las instituciones del Estado para forrarse ellos y sus amigos. Un ejemplo: la UE ha denunciado que la Autoridad Portuaria de Gijón (compuesta de altos cargos políticos y empresariales) se puso de acuerdo con los empresarios (FCC, entre otros) para acumular 201 millones de euros de sobrecostes.

Eso es lo que parece que también sucedió en 2007 en la Operación de los Palacios: el Gobierno autonómico (PSOE-IU) y el Ayuntamiento de Oviedo (PP) autorizaban la venta a la constructora pública SEDES (60% gobierno autonómico, 40% Cajastur) de tres parcelas públicas, incluida la antigua Consejería de Sanidad de General Elorza (posteriormente ocupada por los activistas de La Madreña tras 4 años de abandono). Esos terrenos financiaron la compra por 59 millones de euros de 12.000 metros cuadrados en el Calatrava a la empresa Jovellanos XXI, propiedad de las familias Cosmen (ALSA) y Lago (Constructora Sánchez y Lago). Un precio elevado si tenemos en cuenta que el hotel de ese complejo, con 17.000 metros cuadrados, era adquirido por menos de 16 millones de euros. Un informe de la Sindicatura de Cuentas de Asturias del 1 de abril de 2009 ya señaló que la operación se saltó la legalidad. El pelotazo estaba servido y acabaría en ‘drama’. O en éxito, según se mire. SEDES quebraría (está a la espera de ser vendida a precio de saldo), sin que nadie asuma responsabilidades políticas, y el Ayuntamiento de Oviedo aprobaría el rescate de Jovellanos XXI. Pero Jovellanos XXI, antes de ser rescatada, descapitalizó todo su patrimonio y vendía el aparcamiento, el hotel, y el centro comercial a un precio reducido a empresas de su mismo grupo, según denunció la empresa subcontratada Ipezsa. Un clásico: privatización de los beneficios, socialización de las pérdidas. ¿Quién pagará el expolio? Los trabajadores de SEDES, que llevan más de 80 días encerrados en Oviedo (en otro edificio abandonado de la empresa), los usuarios de La Madreña, que ahora serán desalojados, y los 10.000 estafados por la deuda subordinada de Cajastur, convertidos en accionistas obligados para financiar sus agujeros económicos.

¿Cuál es la alternativa a La Madreña?

No hay ninguna alternativa a La Madreña. Ese es el dilema: la alternativa a las actividades infantiles, a las salas de estudio, a la biblioteca, a los locales de reunión para asociaciones de vecinos, a los conciertos, al teatro y a las conferencias culturales no es ningún otro proyecto alternativo. Es el cierre o la demolición, como ya sucede con los otros 3 edificios propiedad de SEDES en Oviedo. ¿Por qué los asturianos y ovetenses preferiríamos un inmueble abandonado que otro con vida, avalado por el pleno del Ayuntamiento de Oviedo, por los Consejos de la Juventud, por las asociaciones de vecinos y por un juez que clamó que cumplía ‘una función social’? Y, ¿por qué deberíamos permitir que esto lo hiciese una empresa pública, propiedad del Gobierno del Principado de Asturias y de una Caja de Ahorros privatizada, Cajastur-Liberbank, en la que siguen al frente los mismos dirigentes que la expoliaron?

Resulta curioso que quienes claman por la ‘cultura emprendedora’ cierren La Madreña y defiendan el expolio de fondos públicos en el Centro Niemeyer (el pasado 15-M declaró como imputada la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela). O no tanto. Suben el IVA a los pequeños comerciantes, tejen redes clientelares en el terreno empresarial para que pervivan empresas afines a sus partidos o persiguen a medios de comunicación independientes y autogestionados, como ATLÁNTICA XXII. Los emprendedores, los de verdad, son sus enemigos. La casta política que ‘okupa’ las instituciones nos desahuciarán y quebrará cualquier proyecto social y económico que llevemos a cabo si no les desahuciamos nosotros a ellos primero. ¿A qué estamos esperando?