Conflicto Minero
La Justicia también acosa a Victorino Alonso
Victorino Alonso en Cerredo. A su derecha, Isaac Pola, director general de Minas de Asturias. A su izquierda la alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán, y el consejero de Industria de Asturias, Graciano Torre.
Victorino Alonso, acosado por el gobierno del PP, que se niega a darle las ayudas públicas pactadas y firmadas con los sindicatos, también ha topado con la Justicia, con la que tiene un largo historial de encontronazos. En el número anterior de ATLÁNTICA XXII, el 26, aparecido en mayo, publicamos un amplio dossier sobre el empresario minero leonés cuyos autores son los periodistas Fernando Romero, Jaime Santos y Joaquín del Río y que ahora reproducimos.
Don Vito, el ingeniero al que el PSOE hizo millonario
Fernando Romero/ Periodista
El pulso entre el Gobierno del PP y Victorino Alonso amenaza con liquidar a la minería española, algo que ya están padeciendo los mineros de León y del Suroccidente de Asturias. Al empresario leonés lo llaman Don Vito, un apodo apropiado para el despotismo, la insensibilidad y los métodos que emplea este millonario sin escrúpulos que debe su ascensión y su fortuna al PSOE.
A Victorino Alonso le pega mucho presumir de que “se hizo a sí mismo”, aunque no es del todo cierto. Podría haber nacido en el seno de una familia minera o campesina, y a base de duro trabajo y algunos sacrificios estudiar y poco a poco prosperar. Pero esa no es su historia. Su grandes méritos son su astucia, su origen (hijo de empresarios mineros) y sus amistades (especialmente las del poder socialista).
Alonso estudió en Oviedo la carrera de Ingeniería de Minas. Estaba llamado a heredar las explotaciones familiares. Pronto empezará a dar a conocer su temple. En 1979, con veintisiete años, se celebraban en las empresas españolas las primeras elecciones sindicales. Cuenta el ex dirigente sindicalista y ex diputado Antón Saavedra cómo dos compañeros suyos de la UGT de Fabero, Pichín y Toño, habían tenido problemas para intentar organizar comicios en los centros de Victorino Alonso hasta el punto de que fueron sacados “a manguerazos” de la explanada de la mina cuando se disponían a convocar elecciones. Al día siguiente se presentó en la mina Saavedra, acompañado del histórico y malogrado dirigente de CCOO Manuel Nevado, y “sin mediar palabra fuimos invitados violentamente al abandono del recinto minero por un individuo que esgrimía un arma corta en la mano: se trataba del hijo del dueño de la empresa que ya había acabado los estudios de ingeniería, Victorino Alonso García”. Prometía.
En los años ochenta, con la crisis de la minería, Alonso empieza a crecer. Como la burguesía catalana que se hace de oro aprovechándose de la destrucción de Europa durante la Gran Guerra de 1914, el flamante ingeniero y empresario monta su imperio beneficiándose de la quiebra de muchas empresas y de su gran capacidad para hacer amigos en los despachos de los que mandan.
En 1988 Victorino empieza a salir ya en los periódicos por un accidente en su explotación de Antracitas de Busdongo en el que mueren dos mineros. Fue denunciado por la familia porque tardaron horas en informarles del suceso. La brigada de salvamento llegó trece horas después del accidente.
MSP, su jugada maestra
Su jugada maestra llega en septiembre de 1994, cuando se hace con la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), la mayor compañía privada de explotaciones carboníferas del país, que se encontraba en quiebra y que estaba en manos de Caja España. Lo consiguió gracias al apoyo del PSOE y de la UGT. La operación le convertía en el empresario minero más importante del país después de Hunosa. La MSP representaba el 54% de la producción nacional.
Previamente, desde hacía algunos años, Alonso había pisado muchas moquetas del poder socialista que acaudillaba Felipe González y tenía buenos amigos en los mejores puestos. Nace así lo que Antón Saavedra llama la “estrategia de descabezamiento de los viejos clanes mineros de la nación para ir sustituyéndolos por otros nuevos afines y amigos del poder, hasta dejar conformada la trama negra del carbón en nuestro país”.
El director general de la Energía, una vez desalojado Felipe González del poder, era el popular Nemesio Fernández-Cuesta. Por primera vez sacaba a la luz datos sobre el verdadero poder de Victorino, hasta entonces protegido por el PSOE. Las empresas de Victorino Alonso, decía el director general, controlaban un suministro garantizado de 3,65 millones de toneladas de carbón subterráneo y 295.000 toneladas de cielo abierto; es decir, el 22,5% del suministro nacional de carbón. Empleaba a un total de 4.605 trabajadores, el 18,7% del empleo nacional en minería del carbón, y aproximadamente a 700 personas de contratas. Destacaba Fernández-Cuesta que este grupo seguía una “política agresiva” de adquisición de nuevas empresas mineras. El director general se quejaba que con tal número de empresas se había creado tal entramado de intereses, tal conglomerado de instituciones, que “es muy difícil hacer el seguimiento de lo que pudiéramos denominar precios de transferencia entre las distintas empresas del grupo”. De esta época datan las inspecciones fiscales en las empresas Coto Minero del Sil y MSP. Nemesio insistió demasiado y duró poco en el cargo.
La Minero Siderúrgica de Ponferrada era la mayor empresa privada del país. Pertenecía al conde de los Gaitanes, uno de los principales colaboradores de Don Juan, padre del Rey, y progenitor del periodista Alfonso Ussía. Esta explotación tenía más de 6.000 trabajadores repartidos por sus centros de trabajo en el Valle de Laciana en León y La Camocha en Asturias. Su compra fue a precio de saldo, sin desembolsar una sola peseta y concediéndole el banco un crédito de 500 millones para hacer una ampliación de capital. Para esa adjudicación, por la que pujaban al menos otros dos grupos empresariales, se ponen como avales acciones de la gran corta de Fabero y 1.000 millones de pesetas que aparecieron de un día para otro en una cuenta bancaria en Caja España.
El rico insolvente
La concesión de la MSP a Victorino fue objeto de una exhaustiva investigación en 1995 a cargo de la Policía Judicial adscrita a la Guardia Civil de León y de la propia Interpol. Se inicia tras declararse Alonso insolvente. Decía que no podía pagar la manutención de las hijas que había tenido en su primer matrimonio con María del Mar Blanco. La instrucción se abrió también por un presunto delito de alzamiento de bienes y ocultación. La investigación, cuyo expediente fue consultado por ATLÁNTICA XXII, se preguntaba textualmente en su introducción: “¿Cómo es posible que una persona que es declarada insolvente y que manifiesta que vive de las propinas de su padre pueda manejar, controlar y dirigir uno de los grupos de empresas mineras más importantes del país?”. La única propiedad que entonces declaró fue un ciclomotor de más de diez años de antigüedad.
Pero claro, vistos los registros de la propiedad mercantiles, los investigadores se encuentran que Alonso era propietario de numerosas empresas. Para defenderse de estar enriqueciéndose con ellas y sin cortarse un pelo, el industrial leonés llega a declarar a la policía judicial que en las empresas en las que él y su mujer (la segunda tras separarse de la primera) ostentan cargos “no perciben ninguna contraprestación por el desempeño de los mismos, ya que se trata de un cargo totalmente gratuito; y que en esa situación tan precaria económicamente no podía pagar la pensión a sus hijas”.
Llama también la atención de la Policía Judicial que el nivel de vida que sigue Victorino Alonso “no es muy acorde con los ingresos que tenía: así, utiliza escolta personal, coches muy caros como un Lamborghini diablo, Mercedes y otros y posee vigilancia permanente en el chalet de la carretera de circunvalación (en la Virgen del Camino), con sofisticados medios de seguridad, alarmas, etc.”.
El “precario” ya tenía por estas fechas un grupo, GEVA, de 39 empresas: Hulleras de Barruelo, Teverga Minera, Antracitas Gaiztarro, Agrupación Minera del Bierzo, Antracitas de Valderio, Carlenor, Maderas Bodelón, Preparación de Carbones, Aldisa, Penfil, Hidroeléctrica del Bierzo, Watercard, Elbeida, Financial Investment Corporation, entre otras.
Su grupo de empresas tenía un capital social en torno a los 2.000 millones de pesetas y un movimiento de dinero en suministros superior a los 40.000 millones de pesetas anuales. Para la constitución de sociedades usaba a seis testaferros: Antonio Francisco de la Fuente Vidales, Manuel Fernández Alonso, Juan José Fernández López, Esteban Guerrero Contreras, Lucio González Tascón y el que fuera subdirector general de minas del Gobierno del PSOE hasta 1991, Juan Antonio Martín Moreno, quien tras cesar en su cargo fichó por Victorino Alonso.
A través de Interpol se supo que todo el entramado piramidal tenía su vértice en tres empresas extranjeras: Watercard SA, Elebeida SA, ambas uruguayas, y Financial Investment Corporation, sociedades de derecho norteamericano de Delaware, único Estado que permite dentro de las fronteras de EEUU la creación de empresas fantasma. También por estas fechas el empresario leonés adquirió en Ucrania una explotación minera de la rica cuenca del Donbass, según Saavedra “para colocar sus producciones en térmicas españolas haciéndolas pasar por carbones nacionales”.
En las conclusiones presentadas al juez se vislumbran ya las ramificaciones de Alonso con el poder político: “Es preciso plasmar la poca colaboración aportada por los representantes de algunas instituciones”. Y también las sospechas sobre el proceder de Caja España y de su presidente socialista Ángel Villalba para adjudicar MSP a Victorino. Villalba, de larga trayectoria acumulando cargos en el PSOE, está siendo actualmente investigado por presuntos delitos de estafa y malversación de fondos públicos durante su reciente gestión como presidente de Feve.
Las sospechas recayeron también sobre el que fuera director general de Minas del Ministerio de Industria, Alberto Carbajo (luego estuvo al frente de REE). Carbajo, según los instructores del caso, se puso nervioso y acelerado cuando le preguntaron por qué Victorino Alonso no declaraba granos en las cuentas anuales y contestó que lo molían todo, algo que los investigadores confirmaron que era falso ya que Alonso tenía un almacén de granos de venta al público en San Andrés de Rabanedo.
Sorprendentemente, y a pesar de las pruebas e indicios obtenidos, el Ministerio de Industria anuncia que no iniciará investigaciones sobre las presuntas irregularidades fiscales, tributarias y financieras que ponía de manifiesto el informe. Todavía gobernaba Felipe González. Judicialmente el caso también se archivó. Angel Villalba pasó a ser consejero de MSP cuando dejó la presidencia de Caja España y estuvo como consejero cuatro años largos, de 1996 a 2000, con un buen sueldo. Todos contentos, especialmente Victorino.
Ni Hacienda puede con él
Han sido numerosos los procesos en los que se ha visto involucrado el empresario leonés por sus problemas con la Hacienda Pública. De todos ellos ha salido prácticamente indemne, a pesar de la gravedad de muchas de las denuncias. Por el IVA de los ejercicios 1994 y 1995 llegó a alcanzar una deuda tributaria de 1.210.777,60 euros. En 2003 se le impone una sanción de 692.219 euros.
El 9 de febrero de 1998 se inicia una inspección fiscal de Hacienda en MSP que a fecha actual aún no se ha resuelto. En total, en 2007 venían a reclamarle a MSP en torno a los 31 millones de euros.
En septiembre de 2006 Victorino se enfrenta a una serie de juicios como imputado en delitos relacionados con el IVA y el impuesto de sociedades, cobros presuntamente irregulares de subvenciones y delitos contra la Hacienda Pública que afectan a sus empresas Transova, Tomlick, Norfesa, Obricosa, Patra, MSP, Victoriano González y Antracitas de Gaiztarro. En total, le pedían hasta 30 años de prisión y 100 millones de euros.
El tiempo pasa y suceden algunos hechos significativos y sorprendentes, como la retirada por parte del Ministerio de Hacienda de la acusación por delito fiscal en relación al IVA “por falta de pruebas”. En este caso era de la empresa Asturleonesa de Seguridad.
Otra de las batallas clásicas contra Victorino tiene que ver con las presuntas irregularidades entre la cantidad de carbón extraída y la declarada. La contabilidad de alguna de sus empresas le delataba.
El caso de Patra fue también muy llamativo. Había comprado en 1991 esta empresa, dedicada a la extracción a cielo abierto. En el proceso, el fiscal destacaba la “opacidad” del grupo Patra y ponía un gráfico ejemplo de cómo funcionan las empresas de Victorino: “Compra carbón por 6 millones de euros a otra empresa del grupo, Transova, sin que se llegara a vender y sin que ésta consignara la deuda. Compra por millones y le da igual que se venda o no se venda. Tengo serias dudas de que estas operaciones fuesen reales”. Finalmente todo el caso, del que corrieron ríos de tinta en los medios de comunicación, quedó en un arresto mayor de dos meses. También se le privaba de subvenciones y créditos públicos por tres años, aunque solo a esta empresa y no al grupo. Llama la atención ver cuál fue la reacción de los abogados de Victorino tras conocer la sentencia: “Después de tanto alarmismo es la misma pena que se le aplica a una riña de vecinos”.
El citado Nemesio Fernández-Cuesta expresaba en el Congreso las dificultades para investigar a estos grupos empresariales: “Lo que es difícil de entender es que un grupo de empresas mineras que en 1996 ingresó en conjunto 50.000 millones pierda 264 y, además, con unos recursos propios de 10.000 millones. No se entiende que un negocio en el cual hay un patrimonio de 10.000 millones dé unas pérdidas de 200 millones y además siga en una política expansiva de adquisición de nuevas empresas mineras; o bien se tiene una fe ímproba en el negocio de la minería en el que, como hemos sabido, la norma comunitaria marca un descenso de actividad, o bien se obtienen beneficios por otras vías”.
Hay denuncias para todos los gustos. Por ejemplo es sabido, y así se denunció y se condenó en ocasiones, que no todo lo que Victorino Alonso vendía como carbón lo era. Muchos de sus camiones llevaban una carga mezclada de carbón y tierra (sedimentos de carbón). Unión Fenosa llegó a denunciar a la Agrupación Minera del Bierzo AIE de Victorino Alonso por ello y fue condenada a pagar una elevada multa al haber suministrado carbón de forma irregular en su propio beneficio. La carga de camiones con esta mezcla fraudulenta se hizo en el periodo comprendido entre 1 de julio en 1993 y 30 de junio de 1994.
El PSOE expulsa a sus enemigos
La etapa dorada de Victorino finalizó con la caída de Felipe González en 1996. Pero el empresario leonés, que tampoco había vivido mal con el PP, recuperó su esplendor gracias al regreso de los socialistas al poder. Esta vez, además, con un buen amigo del empresario leonés como presidente del Gobierno, su paisano José Luis Rodríguez Zapatero, que desde La Moncloa telefoneaba muchas veces al empresario. Cuando Zapatero acudía a algún acto en su León natal, entre los invitados de honor siempre estaba Victorino Alonso.
Su poder no solo llegaba a los Ministerios, sino a sindicatos y a Ayuntamientos pequeños como el de Villablino. El 10 de junio de 2005, en este consistorio se firma un convenio de colaboración con MSP, por el que la institución municipal otorgaría licencias y autorizaciones para cinco explotaciones a cielo abierto en Laciana en unas condiciones muy ventajosas para la empresa. El acto demostraba el poder de Victorino y su influencia con el PSOE, ya que estaban presentes tres senadores: Ángel Villalba, secretario general del PSOE en Castilla y León, Miguel Martínez, presidente de Paradores y secretario provincial del PSOE, y Ana Luisa Durán, alcaldesa de Villablino y senadora del PSOE . El convenio fue anulado finalmente por los recursos presentados por la asociación ecologista Filón Verde, una vez desestimado el recurso de MSP ante los tribunales. La ejecutiva comarcal del PSOE en Laciana había protestado por la firma del convenio. Su rebeldía se resolvió en tres días con la expulsión fulminante de todos sus miembros, comunicada desde Ferraz por fax. Tal era el poder del empresario minero.
En marzo de 2012 otro alcalde socialista de Villablino, Guillermo García, y Victorino Alonso fueron imputados por cohecho y prevaricación debido a un convenio de explotación a cielo abierto en Feixolín celebrado entre ambos en 1996. La empresa había pagado más de 100 millones de pesetas al Ayuntamiento para consentir la explotación, a pesar de que carecía de licencia para ello.
Sumarios, expedientes, sentencias, polémicas en la prensa… La trayectoria vital y empresarial del mayor empresario del carbón es inmensa. Como poderoso señor, se rodea de buenos bufetes, de asesores financieros que le enseñan el camino para sortear los problemas. Un buen entramado de empresas, domicilios en todas partes, testaferros, conexiones internacionales, generosidad hacia políticos, sindicatos y funcionarios… todo ello ha hecho imposible que prosperaran las numerosísimas denuncias contra Victorino Alonso.
La última partió de Hunosa, que se ha querellado contra el magnate leonés por la desaparición de 528.214 toneladas de carbón propiedad del Estado que la compañía compró en 2010 y quedaron depositadas en una veintena de parques de distintas empresas mineras, entre ellas las de Victorino Alonso. Un nuevo capítulo de una historia que parece no tener fin.
Algo más que carbón
Las empresas que en la actualidad tiene Victorino Alonso son principalmente del sector del carbón, aunque ha ido diversificando. Así, entre sus sociedades encontramos de maquinaria pesada, tratamiento de metales, tecnología, construcción, cerámicas, medios de comunicación, transportes de mercancías, maderas y seguridad.
Según los últimos datos del registro mercantil consultados por ATLÁNTICA XXII, el empresario leonés es administrador único o apoderado de unas 30 empresas en España, aunque es sabido que también posee firmas en América y países del Este de Europa. Llama la atención que en la mayoría de estas sociedades aparece como su principal gestor en un tiempo relativamente reciente que no va más allá de cinco años.
Estas son las empresas de la que es propietario en la actualidad:
Agrupación Minera del Bierzo, Epmisa compañía minera, Antracitas Calello SA, Opelesa SA, Agrupación Carbonera del Norte AIE, Industrial Cienfuegos SA, Penfil SA, Actividades de Tecnología y Proyectos, Peninsular de Contratas, Coto Minero Cantábrico SA, Minas de Pontedo SA, Bordolesa SA, Rioscalsa SA, Universal Beximport SA, Comilesa, González y Díez SA, Cerámicas del Cantábrico SL, Lignitos de Castellón SA, Televisión Local de Gijón, Unión Minera del Norte, Cartemace SL, Talleres Caminero, Teverga Minera SA, Patrasa, Dairsa, Minas de Tormaleo SA, Minas de Ventana SA, Maderas Bodelón SL y Asturleonesa de Seguridad.
Pistolero
Que a Victorino Alonso le gustan las pistolas y las armas es algo sabido. Ya recién terminada la carrera, antes de convertirse en empresario, ayudó a su padre a impedir, pistola en mano, que se celebraran elecciones sindicales en sus explotaciones. La policía judicial adscrita a la Guardia Civil que investigó un posible delito de alzamiento de bienes del empresario leonés cuenta en su informe esa afición por las armas: “El señor Victorino figura en los archivos centrales de la Intervención de Armas de la Guardia Civil, con la condición de vigilante jurado, y en posesión de licencias de armas tipo C, D y E que habilita para tener, poseer y utilizar armas largas, aunque éstas en el desempeño del trabajo. Figura como titular de un arma corta, revólver marca Astra, calibre 38 de 4”, con número 433445. Su mujer María Morán también dispone de permiso de armas. Victorino es muy aficionado a la caza y tiene algunos cotos, que compra a través de sus empresas, en Extremadura y Huesca. En este último lugar fue denunciado por caza ilegal, al soltar especies exóticas para disparar sobre ellas.
Terror medioambiental
Texto y fotos Jaime Santos/ Periodista.
Victorino Alonso miraba a los ojos de Graciano Torres (entonces y ahora consejero del Gobierno asturiano) cuando dijo: “Esperemos que nos den más concesiones para explotar a cielo abierto porque si no vamos a tener que entrar a la brava”. Era el año 2009 y se celebraba la inauguración de la moderna explotación del plano inclinado de Cerredo, Degaña. Entre el público, que aplaudió estas palabras, estaban el entonces líder del SOMA Jose Ángel Fernández Villa y la alcaldesa socialista de Villablino, Ana Luisa Durán.
Alonso también dijo entonces que allí se garantizaba carbón para 30 años y el pleno empleo de la minería en la comarca. Menos de cuatro años después, el 90% de los trabajadores de minería del grupo Alonso están afectados por un ERE, alguno temporal y otros de extinción, y sus empresas en preconcurso de acreedores. Varias explotaciones de Alonso fueron cerradas por iniciativas vecinales, porque lindan con Reservas de la Biosfera o están enclavadas en zonas CEPA (de especial protección para las aves). Muchas incumplen la legalidad y otras simplemente son atrocidades contra el medio ambiente y el patrimonio. Lo que se venía barruntando cada vez es más real: como los romanos, cuando el oro se acabe Victorino se irá por donde vino, dejando tras él un paisaje -natural y social- totalmente devastado.
Al carbón también se le llama por el Noroeste español el oro negro. Pero el oro era la subvención pública: a la extracción, a la quema en centrales térmicas, a la restauración de cielos abiertos. Las ayudas estatales que recibía Alonso, y que hoy estrangula el Gobierno del PP, venían a cubrir unas perdidas que Alonso tenía capacidad de cocinar, pues hasta el último tornillo, latiguillo o plancha de hormigón son suministrados por empresas pertenecientes al propio empresario.
Los enemigos se agolpan a las puertas de Victorino Alonso. La vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría, que inició su carrera como abogada del Estado en León, conoce bien sus trapicheos y su innegable connivencia con el PSOE, y está detrás del jaque al empresario leonés. El Ministerio de Industria, decidido a cerrar minas, le niega las ayudas estatales por dos motivos: el fraude fiscal cometido por su grupo en 2012 y la desaparición de 526.000 toneladas de carbón propiedad de Hunosa. Las compañías eléctricas están hartas de comprar a la fuerza un carbón caro que parece cortado por un chusco traficante de cocaína y buscan alternativas más baratas animadas por los bancos. Como dice José Francisco Gatón, ex minero y presidente del grupo ecologista Filón Verde: “El carbón nacional no es malo, lo hizo malo Victorino”. Sus trabajadores están, ahora sí, unidos en su contra porque les debe nóminas, les despide y no les paga ni la indemnización, y ya no se cortan al hablar de extrañas mezclas en el carbón y de suministros sospechosos. Además, Europa no parece dispuesta a seguir financiando explotaciones ruinosas y un grupo de europarlamentarios conoce de primera mano las atrocidades cometidas contra el medio ambiente en el lejano oeste de la cordillera cantábrica.
El paisaje lunar de Tormaleo
Los vecinos de la parroquia de Tormaleo (Ibias) tuvieron que acostumbrarse a ver cómo su Campa, lo que fue un hermoso collado en el se que celebraba una antigua romería, es hoy un monumental y sucio socavón encharcado de aguas contaminadas. Alonso adquirió las explotaciones de carbón de la parte alta de Ibias y en apenas veinte años convirtió todo el entorno de Tormaleo en un paisaje lunar. Es el precio a pagar por varios centenares de puestos de trabajo que hoy están amenazados. Eso y las voladuras con explosivos que a menudo hacen temblar las casas del pueblo. Es tal la cantidad de tierra removida y apilada que nuevas montañas fueron creadas y hoy los vecinos del cercano pueblo de Lanelo se quejan de recibir una hora menos de sol.
Tampoco hubo respeto por los muertos. A principios de la pasada década, las máquinas de Victorino comenzaron a cercar el cementerio de Pandelo, donde descansaban buena parte de los vecinos de la parroquia. Ante la presión de algunos trabajadores, Alonso se vio obligado a trasladar el cementerio. Pero se hizo sin los permisos eclesiásticos pertinentes para remover tierra santa, en unas condiciones inhumanas y chapuceras. “El traslado lo hicieron albañiles no especializados que llegaron a bajar los cadáveres en un Nissan Patrol”, recuerda un testigo. A cambio, las empresas de Alonso construyeron una pequeña e insuficiente ampliación del otro cementerio de Tormaleo.
En un piquete en la Campa Tormaleo, los mineros despedidos y sus compañeros hacen guardia. Llevan más dos meses haciendo turnos para vigilar que de las explotaciones no salga ni un tornillo ni un kilo de carbón, no están dispuestos a que el empresario saque ni un duro de allí mientras no les pague lo que les debe. Son ya cinco mensualidades sin cobrar a las que hay sumar los dos meses de huelga en la última revuelta minera que culminó en Madrid. “Dos meses tirados en la carretera para una tarde de gloria”, resume un minero. El ambiente es de calma chicha y anuncia tempestad. Hay muchos despedidos sin indemnización ni prejubilación.
Voladuras al enemigo
No muy lejos, en el Feixolín, al norte de Villablino, el hostelero Antonio Arias Tronco consiguió, a través de la entidad Narsil, parar la explotación porque se estaba extrayendo carbón sin los permisos necesarios, “a la brava”, en un monte protegido. El Tribunal Superior de Justicia declaró su clausura en 2009. A Victorino le motivan los retos y las confrontaciones, pero también tiene un puñado de enemigos que no se arredran. Tronco se negó a vender su finca colindante con el Feixolín y como respuesta Victorino ordenó socavar una galería por debajo de sus terrenos, bombardeando con voladuras que impactaban en la cabaña que usa frecuentemente la familia del hostelero: una guerra abierta.
La denuncia de Narsil consiguió detener la explotación en esta mina, pero hoy la montaña del Feixolín se derrite como un pastel al sol. La carretera está reventada, enormes grietas por las que cabe un ternero la jalonan y en algunos tramos sencillamente ha desaparecido. Se supone que esta mina ha sido restaurada, es decir, limpiada, nivelada y reforestada, en un 80%, para lo cual Alonso recibió subvenciones. Pero una deprimente excursión por esta ladera muestra un paisaje de hormigón reventado, vías de tren retorcidas, bocaminas hundidas como si fueran de plastilina, ferrallas y compresores aplastados por inquietantes corrimientos del terreno. Para culminar la ruta, la cima más alta de esta montaña, donde hubo una mina a cielo abierto, se muestra partida en dos como un gigantesco diente roto y, a sus pies, otro alucinante socavón negro y gris en las que las vetas del terreno se muestran desnudas e impúdicas. Desde allí, la cima de Fonfría, otra explotación abandonada por el Grupo Alonso, ofrece una visión yerma y desolada. Y siempre, en todas las minas de Alonso, activas o no, una o varias máquinas aparcadas en algún sitio bien visible, como si fueran siniestras chinchetas en su mapa de posesiones.
Desviar el río
A pocos kilómetros, y sin salir de Laciana, la explotación de Nueva Julia asoló toda la parte norte de lo que debió de ser un hermoso valle glaciar, el campo de la Mora. Allí el nacimiento del río Luna estorbaba la extracción, así que los ingenieros decidieron socavar una balsa de más de cuatro hectáreas con la intención de desviar el cauce de este río desde el Sil hacia el Duero. De nuevo, la intervención ciudadana vino a poner fin a tal despropósito. En este caso, fue la asociación ecologista Filón Verde quien paró la explotación, una vez más, porque no se ajustaba a los permisos legales dentro de una zona con diversas protecciones medioambientales. Los miembros de Filón Verde invitaron recientemente a tres europarlamentarios a recorrer alguno de estos paisajes de devastación y son ellos los que recuerdan en Bruselas las barbaridades cometidas por el empresario leonés cuando algún europarlamentario español trata de defender en Europa los intereses de Victorino Alonso.
Aquel hecho provocó la indignación de la comarca, aunque el Ayuntamiento de Villablino (PSOE), fiel valedor de los intereses de Alonso, y algún periódico regional, retorcieron el asunto para hacer creer que los ecologistas habían cambiado urogallos por puestos de trabajo. También desde la Junta de Castilla y León echan buenos capotes. Este mismo año, el director general de Energía de la Junta, Ricardo González Mantero (PP), ante las acusación de Hunosa por la desaparición del 500.000 toneladas de carbón, declaraba que él “prefería defender a Victorino que a una empresa pública porque el empresario leonés sí crea puestos de trabajo”.
A los urogallos de Laciana cada vez les quedan menos espacios donde criar y los mineros de Laciana están hoy en sus casas, mano sobre mano y con muchas nóminas sin cobrar. Mientras, el aire y las aguas freáticas de comarcas enteras continúan recibiendo la contaminación provocada por tanto mineral expulsado sin control a base de voladuras hechas con explosivos de nitratos, de alto poder contaminante. Los paisajes desoladores se repiten por la cordillera occidental, en Laciana, el Alto Sil, en Degaña, en el Bierzo, en Ibias… Con toda la producción parada por un juego de despachos al más alto nivel, la sensación de abandono y destrucción que produce visitar estos lugares es hoy más impresionante que nunca.
También a la entrada de la mina interior de Pilotuerto, en Tineo, hay un piquete. La puerta de la bocamina está adornada con un monigote ahorcado de Victorino. Allí no entienden cómo una mina de última generación, cuajada de buen carbón y situada a cinco kilómetros de la central térmica de Soto de la Barca, puede no ser rentable. “Si Victorino es culpable, que lo metan en la cárcel y busquen a otro empresario. Pero a nosotros que nos pague lo que nos debe y que se nos garantice algún futuro”, dice un minero.
El expolio de las cabras africanas
En el año 2007 Victorino Alonso se hace con el coto de caza Bastarás, enclavada en el Parque Natural de Sierra de Guara, Huesca, a través de una de sus empresas, Maderas Bodelón. La mayor particularidad de esta gran finca es que en su interior alberga la Cueva de Chaves, un yacimiento arqueológico destacado entre los mejores de España por la riqueza de sus descubrimientos del Neolítico.
La idea era rentabilizar la finca como coto de caza exclusivo para aficionados con dinero. Para garantizar buenos tiros, la empresa Fimbas y Ferqui, ambas del grupo Alonso, contruyeron 80 balsas artificiales y varios kilómetros de pistas, y comenzaron a criar animales de caza mayor, entre ellos el arruí, una especie de cabra africana.
A los técnicos de Fimbas y Ferqui la Gran Cueva de Chaves les debió de parecer un lugar idóneo para guarecer su “ganado”, así es que procedieron a allanar el suelo, cubriendo las catas arqueológicas y destruyendo para siempre cualquier posible investigación sobre los restos prehistóricos. Semejante expolio fue valorado por un peritaje en 14 millones de euros, pero resulta difícil pensar cómo se valora la total destrucción de un Bien de Interés Cultural declarado por la Unesco patrimonio de la humanidad.
Hasta la fecha Fimbas solo ha sido condenada a pagar una multa de 30.000 euros por cerrar con vallas el acceso a terreno público y a retirar los ejemplares de cabra africana, una especie alóctona. El juicio por la destrucción de Chaves aún está en proceso de ejecución.
Imputado por estos hechos en 2012, Victorino Alonso declaró ante un juez en Huesca “desconocer estos detalles”, ya que solo acudía a la finca dos o tres veces al año para cazar, algo fácilmente contrastable por fotos colgadas en Internet este mismo año, cinco años después de la destrucción de Chaves. En su declaración Alonso dijo que no se fijaba en esos detalles porque para él “todos los montes son iguales”.
La Camocha y las tramas carboneras
Joaquín del Río/ Periodista
Mina de Pilotuerto. Foto / Marcos Martínez.
Si donde hay subvención hay corrupción y picaresca, al menos en este país, eso es lo que debe explicar que los negocios con el carbón sean tan sucios como el propio mineral, casi desde que se explota en España. Además, en torno al carbón se mueve mucho dinero y se producen operaciones difíciles de justificar. Hunosa y Victorino Alonso se encuentran ahora inmersos en un contencioso que debe determinar qué ha sido del medio millón de toneladas desaparecidas que el empresario debía guardar para la hullera pública.
No será ése el primer asunto oscuro del carbón que termina en los tribunales. De hecho, allí está desde hace doce años el llamado sumario de La Camocha, una investigación que intenta conocer si existió cobro ilegal de subvenciones y si se produjo algún tipo de falsificación de documentos. Este fraude (el de La Camocha y otros parecidos, las famosas tramas carboneras) se basa en el hecho de que las empresas eléctricas en España pagan por ley un precio por la tonelada de carbón español muy superior al del mercado. De manera que si alguien hace pasar por autóctono un mineral comprado fuera gana una gran cantidad de dinero, incluido el porte de traerlo. Ese sobreprecio es lo que se paga con las subvenciones del Estado, que abonan a la empresa la diferencia entre el coste social (el de mantener mineros en activo) y el de mercado (al que está el carbón en los mercados internacionales). En Hunosa, esa diferencia es enorme.
De las actuaciones obrantes en el sumario del Caso La Camocha se desprende que pudo haber existido fraude al cobrar ilegalmente subvenciones por importe de 87,75 millones de euros (14.600 millones de pesetas), al vender a la central térmica de Hidroeléctrica del Cantábrico en Aboño carbón importado y de otras explotaciones mineras a cielo abierto como si fuera de producción propia. Sería un carbón “virtual” del histórico pozo y un inmenso fraude ante el que todas las partes miraban para otro lado, incluidos los sindicatos.
El Juzgado de Instrucción Número 4 de Gijón trasladó el caso el 29 de enero de este año a los juzgados de lo Penal. Cinco directivos de la mina gijonesa, ya cerrada, y de otras dos empresas involucradas se sentarán en el banquillo de los acusados. Aún no se ha fijado fecha para la celebración del juicio oral.
El principal imputado en ese sumario es Víctor Zapico, que fue director general de Minas del Principado de Asturias (con Juan Luis Rodríguez Vigil como presidente, cuando el ‘Petromocho’) y era apoderado de Mina La Camocha. Por ese sumario pasó Guillermo Quirós, que fue presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, aunque ha quedado exonerado de todos los cargos.
Además de Zapico, se sentarán en el banquillo Ángel García Brugos (administrador único de Hullas Coto Quirós); Manuel Martín Martín (presidente, consejero y apoderado de Mina La Camocha); Guillermo Alfredo Honrubia Álvarez (apoderado tanto de Hullas Coto Quirós como de Trabajos y Explotaciones) y Margarita García Fernández (apoderada de Mina La Camocha).
En concepto de responsabilidad civil, si la acusación prospera, deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria al Estado con la cantidad de 17.089.200 euros, junto con los intereses legales de demora correspondientes, siendo responsables civiles con carácter subsidiario la sociedad anónima Mina La Camocha y las sociedades limitadas Hullas Coto Quirós y Trabajos y Explotaciones.
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