Charo Fernández Hevia es ahora magistrada a la Audiencia de Valencia. Foto / POL.

Lucía Naveros / Periodista.

En noviembre de 2014, la jueza Rosario Fernández Hevia, entonces titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, condenó al exconsejero socialista Víctor Zapico y a otros cuatro acusados a 9 años de prisión y una indemnización de 16 millones de euros para cada uno, tras considerarlos culpables de fraude en el cobro de subvenciones europeas por vender a las térmicas carbón importado como si fuera de la mina de La Camocha.

La “trama carbonera”, de la que la supuesta corrupción en la mina gijonesa no es más que un episodio, encontraba así una sentencia ejemplarizante, que duró exactamente un año y siete meses, el tiempo que tardó la Audiencia Provincial de Gijón en anular el juicio y obligar a su repetición, por “evidente falta de imparcialidad de la juez”. Fue la Sección 8, presidida por María Luisa Barrio Bernardo-Rúa y a la que también pertenecen los magistrados Agustín Pedro Lobejón Martínez y Santiago Veiga Martínez.

Una anulación inusual

La decisión, completamente excepcional (en 2015, el 97,1% de las sentencias penales recurridas ante la Audiencia asturiana fueron confirmadas íntegramente y solo el 0,27 fueron anuladas, según el boletín del Consejo General del Poder Judicial), deja en el aire uno de los casos de corrupción más sonados de Asturias y cuestiona con la mayor severidad a una jueza con una larguísima trayectoria de enfrentamientos con el estamento judicial asturiano. La sentencia considera que la jueza interrogó demasiado tiempo a los testigos, extralimitándose de su papel neutral en el desarrollo de la vista, y les hizo preguntas que revelaban “una previa toma de posición con respecto al objeto del enjuiciamiento”. La decisión judicial, “sorprendente” para algunos destacados juristas con los que ha hablado ATLANTICA XXII, cogió a Charo Fernández Hevia ya fuera del partido judicial gijonés, pues en marzo de 2015 se incorporó como magistrada a la Audiencia de Valencia, tras 23 años en Asturias.

“No es algo habitual, pero entra dentro de la normalidad del funcionamiento judicial”, valora para esta revista la magistrada, ya incorporada a su nuevo destino en Valencia. Fernández Hevia considera que no se le exige una imparcialidad imposible en cualquier ser humano: “No se trata de una imparcialidad total, sino de mantener una posición de neutralidad, y no hay límites marcados legalmente, entra en el criterio de cada Tribunal Superior o en este caso, al tratarse de la vía penal, de la Audiencia. Nos movemos en marcos que pueden ser más o menos amplios. En este caso, la Sala ha adoptado un criterio que respeto y acato”, señala la magistrada, que sí considera más excepcional la petición de las defensas de que se retire al fiscal del caso, Luis Miguel Llorente. “Me parecería más grave, no tengo memoria de algo similar”, asegura Fernández Hevia.

Pero ¿qué es, técnicamente, la imparcialidad de un juez? Los jueces y magistrados no pueden tener vinculación personal o de intereses con las personas que están siendo juzgadas, pero según la jurisprudencia tampoco pueden adoptar un papel activo que pueda equipararse al que desempeña alguna de las partes, la defensa o la Fiscalía. En la sentencia del Caso La Camocha, la Sala 8 de la Audiencia Provincial de Gijón le da la razón a las defensas de los acusados tras visionar los vídeos de la vista.

La Audiencia repasa la jurisprudencia que establece que los jueces deben mantener sus interrogatorios a testigos y acusados dentro de unos límites “moderados”, para aclarar aspectos que hayan quedado oscuros durante la vista, pero manteniendo la neutralidad. Y concluye que Fernández Hevia reveló en sus preguntas “una previa toma de posición” respecto a los hechos juzgados. Como ejemplo (pone varios) señala que la jueza, en el interrogatorio a la propietaria de los camiones que supuestamente introducían carbón en La Camocha, que negaba tener constancia de los envíos, le dijo que “o bien están equivocados todos los transportistas que dijeron que habían realizado los transportes, y están equivocados todos los guardias civiles que hicieron los seguimientos de los transportes, o está equivocada usted”.

Diecisiete años de instrucción

La anulación del juicio del Caso La Camocha, que da un balón de oxígeno a las defensas y supone un varapalo para una larga y compleja instrucción judicial que se inició hace 17 años (“es lo que más me fastidia, porque afecta al trabajo de mucha gente”, dice Fernández Hevia), pone un polémico punto final en Asturias a la carrera de una magistrada que ha sido un auténtico incordio para el estamento judicial asturiano, que la ha tratado con singular dureza.

“Se cree intocable”, “falta al mínimo decoro”, “se atreve a salir en la prensa diciendo que es feminista, y luego juzga casos de violencia doméstica” (algo así como “se atreve a juzgar casos de racismo siendo antirracista”), “contesta con prepotente silencio (sic) en un alarde de chulería”, son algunas de las críticas anónimas pero procedentes del ámbito jurídico que pueden leerse en Internet sobre esta singular magistrada, que durante dos décadas, desde su Juzgado gijonés, desafió todas las normas no escritas de su profesión. Porque Fernández Hevia criticó a los fiscales por su pasividad contra la violencia machista, cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial, absolvió a trabajadores de Naval Gijón acusados de desórdenes públicos (pese a los testimonios en contra de la Policía) y habló a menudo con los periodistas y con los ciudadanos, bajando del estrado a la arena donde vive la gente común.

Un momento del juicio del Caso La Camocha, con la jueza y dos abogados defensores. Foto / POL.

El dicho “perro no muerde perro”, que puede aplicarse a tantos estamentos de poder, entre ellos el judicial, no sirve para esta auténtica outsider de la judicatura asturiana, que fue reprobada por sus compañeros del partido judicial de Gijón como jueza decana y llegó a ser denunciada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por acumular causas sin resolver en su juzgado, un asunto por el que fue condenada a una multa y cinco meses de suspensión, pese a que en aquel momento atravesaba por graves problemas de salud. “Lo encajé. Fue muy duro. Vivía un mal momento personal, pero con eso hay que tirar. Cada uno debe hacer autocrítica, podía haber pedido la baja laboral antes”, señala la magistrada, que considera que la soledad con la que se encontró en los últimos años de su carrera en Asturias “va con el cargo”. La falta de apoyo tras su sanción provocó su salida de Jueces por la Democracia, asociación de la que formaba parte. Más de un compañero suyo duda de su capacidad profesional, según comentó uno de ellos a esta revista.

“Hice lo que creía que tenía que hacer. Creo que el Poder Judicial, que es sin duda un poder, debe ser sobre todo un servicio a los ciudadanos”. Considera que la judicial es una carrera que “por el sistema de selección y la función tiende a ser conservadora, ya que forma parte del poder, tiene que asegurarlo. Hay criterios distintos, entonces, en la interpretación de la ley. Para mí, siempre a favor de los derechos fundamentales”.

La bicha del feminismo

Entre ellos, los suyos propios, ya que en numerosas ocasiones ha asegurado que no estaba dispuesta a callarse por muy jueza que fuera, porque ella misma tenía derecho a la libertad de expresión. Y ahí entra su trayectoria como feminista. “Mencionas la bicha cuando mencionas el feminismo. Yo creo que es totalmente necesario que la resolución de conflictos y las leyes tengan perspectiva de género, si no obtendremos resoluciones injustas. Pero ahí cuestionas privilegios muy antiguos y asentados, mueves el suelo debajo. Muchos hombres no saben cómo ubicarse en esa perspectiva. Con el machismo vivimos continuamente, ahí está, por ejemplo, el invisible deporte femenino, que tan buenos resultados está dando en los Juegos Olímpicos. Pero si lo señalas te llaman tiquismiquis, te acaba entrando complejo de mosca cojonera. Porque lo que no quieren es verlo. Pero nosotras somos muy constantes, y así hemos conseguido todos los avances”, defiende la magistrada.

Esa cautela ante la igualdad que reivindica el feminismo es especialemente acusada en ámbitos de poder como el de la judicatura, donde la presencia femenina estuvo prohibida por ley hasta 1966. “Los hombres concentraban un poder y les molestó la entrada de mujeres, que fueron presionadas para que mantuvieran los mismos hábitos, los mismos roles. Lo que no concebían, no conciben, es que se les critique”. En 1999 (cinco años antes de que se promulgara la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género) Fernández Hevia denunció públicamente la pasividad de la Fiscalía contra el maltrato, afirmando que en ocasiones los fiscales llegaban a los juicios sin haber hablado antes con la denunciante, y que solo tenían posibilidades de prosperar los casos en los que había acusación particular. Sus declaraciones causaron un enorme revuelo, y gran malestar, en un momento en el que la violencia contra las mujeres solía verse como un asunto privado, “pasional”.

Ahora, más de una década después de la entrada en vigor de la ley integral, Fernández Hevia vuelve a poner el dedo en la llaga. “Han faltado medios, y también formación. Quizá también la insistencia en abrir la vía penal no es el mejor camino. Porque la denuncia es un proceso penoso. Si condicionas cualquier medida de protección a la denuncia, estás exigiendo a las mujeres una fortaleza de la que en ese momento, y precisamente como consecuencia de la violencia, carecen”. Y a golpe de leyes, reflexiona, se avanza poco. “Es necesario un cambio en la sociedad real. Dejamos que los niños aprendan lo que es el sexo viendo porno en Internet, que es brutal, violento y presenta a la mujer como una cosa de usar, tirar y golpear, y rechazamos dar educación afectiva y sexual en la escuela. Muy mal nos va a ir”.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, asegura que los casos salen adelante “con enormes dificultades y a costa de fuerza de voluntad” de los jueces, que lo tienen todo en contra. “Un caso de esos es como un terremoto, afecta a toda tu vida”. Pocos medios y una Ley de Enjuiciamiento Criminal que data del siglo XIX y que nadie ha querido cambiar, llena de remiendos, complican el control judicial de los políticos. Lo que a ella, quizá, no le extraña demasiado, ya que “el Poder Judicial es el único ejército al que las armas se las tiene que dar el enemigo”, ironiza.

El banquillo de los acusados en el Caso La Camocha. Sentado en el centro, Víctor Zapico. Foto / POL.

Víctor Zapico: “Tenía premeditada la sentencia”

“La única sensación que tenías era que estabas condenado hicieras lo que hicieras”, dijo a ATLÁNTICA XXII en relación a la vista del Caso La Camocha el acusado más conocido, el exconsejero socialista Víctor Zapico, que fue directivo de la mina gijonesa. Sostiene que la parcialidad de la jueza era bien visible: “Al segundo día del juicio la opinión que teníamos era esa, que iba a por nosotros”. Sobre la anulación no tiene dudas: “Si un tribunal dice eso con la rotundidad con que lo dice no hay más nada que añadir. Los interrogatorios eran de ciencia ficción, ella preguntaba y ella respondía. Tenía premeditada la sentencia”.

Saavedra: “Recurren a triquiñuelas”

El exsindicalista y exdiputado Antón Saavedra fue el primero que denunció la llamada “trama carbonera”, allá por el año 1996. “Han pasado dos décadas y miles de transportistas han declarado que transportaban carbón que entraba por El Musel, lo sabe mi nieta antes de nacer, pero siguen buscando triquiñuelas. A la sentencia no se le puede poner ni una coma”, insiste Saavedra, que destaca que “no ha habido ninguna absolución, son vueltas y revueltas, a ver si jugando una y otra vez a la lotería les toca el gordo. La instrucción está hecha, solo hay que repetir el juicio oral”.

Saavedra destaca que en el Caso La Camocha han sido mujeres las que impulsaron una instrucción trabajosa. “Al principio lo llevaba una jueza que fue relevada por Ana Suárez Pandiella, la que empezó con el Caso Marea. Llegó a ponerse fecha al juicio, pero coincidió con una huelga de jueces y volvió al cajón. Han sido juezas las que lo sacaron del cajón, como Rosario Fernández Hevia, una tía muy brava, con muchos güevos, a la que ya se intentaron quitar de delante por feminista. Chorradas. Son triquiñuelas, primero impugnaron a los jueces, luego que si estaba prescrito, ahora esto. Es un país que solo persigue a los robagallinas”.

Cinco hijos más uno

Ser juez es difícil. Ser además mujer y no tener pelos en la lengua lo hace un poco más complicado. Desarrollar esa carrera y encima criar cinco hijos se presenta poco menos que imposible. Charo Fernández Hevia lo hizo, pero además sumó al carro familiar a un sexto hijo, hace siete años, un joven senegalés al que conoció en el Rastro. “A veces miro para atrás y me pregunto cómo lo conseguimos. Ahora empiezan a salir adelante por sus propios medios, y realmente ves los resultados. Es muy bonito. Los hijos enriquecen, te aportan muchas cosas”.

A su último hijo le conoció en Madrid. “Era muy alto y, como mis hijos jugaban al baloncesto, le preguntamos si él jugaba. Empezamos a tener relación, y hubo un momento en que comprendimos que no tenía nada, las cosas se le ponían cuesta arriba. No podíamos darle otra cosa que llevarle con nosotros, y luego hicimos el papeleo. Para mis otros hijos ha sido muy interesante convivir con alguien de otra cultura. Y él es un gran chico”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº46, SEPTIEMBRE DE 2016