Clientelismo: Del ‘señorito a caballo’ al ‘agente modernizador en helicóptero’

Manuel Chaves tuvo que dejar la política por el Caso de los ERE de Andalucía.

Félix Talego / Profesor de Antropología Política en la Universidad de Sevilla.

José Ángel Gayol / Antropólogo, interventor municipal y miembro del Observatorio Ciudadanu Anticorrupción (OCAN).

Mientras en Asturias José Ángel Fernández Villa es investigado por haber ocultado a Hacienda 1,4 millones de euros, en Andalucía son encausados dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el escándalo de los ERE y los cursos de formación. En Asturias la Audiencia Nacional está instruyendo el caso de los sobrecostes de la ampliación del puerto de El Musel (250 millones de euros) donde figuran como investigados (antes imputados) el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, el exdirector del Puerto José Luis Díaz Rato (que también era responsable de la obra de ampliación), 16 directivos de la empresa adjudicataria (UTE Dique Torres), el exdirector general de Tudela Veguín (propiedad de los Masaveu), José Antonio Muñiz Muñiz, y el exconsejero delegado de Hidroeléctrica del Cantábrico, Joaquín Coronado Galdós. En Andalucía, las redes clientelares se hallan perfectamente engrasadas y engarzadas en el sistema democrático español como muestra la grabación de quien fuera delegada de Empleo en Jaén (alto cargo de la Junta de Andalucía), Irene Sabalete, que fue sorprendida amenazando a los funcionarios de su Departamento si no hacían campaña a favor del PSOE. Posteriormente y ante la Guardia Civil, explicó que “entre las prácticas habituales del partido [PSOE]” se encontraba “ofrecer los cargos públicos a disposición del partido a los miembros que estuvieran interesados”.

Cientos de kilómetros separan los lugares de residencia de quienes firman estas líneas, pero las prácticas sociales y culturales en el ámbito de la res publica son las mismas. Asturias y Andalucía no constituyen casos aislados. En Cataluña aparecen cada poco nuevas revelaciones de la trama corrupta que encabezaba la familia Pujol, y en Palma el juez pide para Iñaki Urdangarín una pena de dieciocho años de cárcel, al tiempo que las televisiones tiran de hemeroteca y emiten las diatribas contra la corrupción que en su momento pronunciaba Francisco Granados, exsecretario general del PP madrileño, hoy imputado en la trama Púnica.

Son algunos de los muchos casos que han venido destapándose y que, sumados, han curado de espanto a la opinión pública. Parece que el régimen emanado de la “modélica transición” no ha sido en realidad sino la resultante amañada de formidables tramas corruptas. Lo más grave es que amplios sectores de la ciudadanía no solo lo asumen, sino que parten de la premisa de que, salvo excepciones anómalas, es el interés propio y el medro personal lo que arrima a sus congéneres al ejercicio de la política; que solo los raros santos o los imbéciles dejan de sacar tajada si tienen oportunidad. Ciertamente, una cosa está clara: no son anti-sistema, son el sistema.

Por lo que se va sabiendo, la extensión de las redes de corrupción y el volumen de las mordidas es de tal calibre que los analistas se resisten a designar al fenómeno en su conjunto como clientelismo, por quedárseles pequeño el concepto. El clientelismo se asocia todavía con el añejo cacique y sus agradecidos servidores de un medio rural aislado, atrasado y empobrecido. Nada que ver, aparentemente, con los vientos modernizadores y de “crecimiento” que han impulsado los sucesivos Gobiernos, socialdemócratas o liberales, a base de exposiciones universales, autopistas, urbanizaciones, aeropuertos, etc. Y, sin embargo, si clientelismo era aquello atrasado del señorito que pasea a caballo ante sus peones destocados en el agro, clientelismo es esto del agente modernizador que desciende en helicóptero a cortar la cinta inaugural del último megaproyecto. ¿O es que creemos que cambios en la puesta en escena, en las formas y estéticas suponen necesariamente un cambio en la actitud servil, entre agradecida y temerosa, del cliente de siempre?

José Ángel Fernández Villa saliendo del Juzgado antes de conocerse que se acogió a la amnistía fiscal del ministro Montoro.

No solo atraso y ruralidad

El clientelismo no es una estampa, es una relación diádica y privada, de interdependencia desigual, en la que, en lo fundamental, el cliente entrega al patrón bienes políticos (autonomía, criterio y palabra propia sobre lo común o público) para recibir bienes materiales, hedonistas o de seguridad (o su promesa), en una gradación que puede ir desde lo más perentorio a lo más ostentoso. Pero tanto aquello perentorio como esto ostentoso son bienes privados o sociales, no políticos. Por eso, en tanto clientes, la condición servil de todos es en esencia la misma, aunque uno reciba un mendrugo y otro la Ínsula Barataria: aquél y éste dependen de su respectivo patrón. Y, en grado de dependencia, todavía ahondará más su servilismo el que espera la ínsula que el que necesita el mendrugo, porque la necesidad, si bien se renueva siempre, sacia pronto y fácil, mientras que la pasión es insaciable.

El régimen democrático realmente existente en España no ha supuesto un freno al clientelismo, que ha terminado anegando todas las instituciones. Y, como afirmaba recientemente Alejandro Nieto en El País (05/06/2016), tal práctica no es una rareza hispánica y se la encuentra por toda la geografía de la UE. Véase, como botón de muestra, el trato de favor fiscal otorgado a corporaciones por Jean Claude Juncker, actual presidente de la Comisión Europea, mientras presidía el Gobierno luxemburgués, según destapó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Resulta obvio que el clientelismo no es, como pensaron algunos antropólogos e historiadores, un síntoma de atraso y ruralidad, pues medra igualmente en los paisajes de la modernidad y de los Estados de Bienestar desarrollados.

Ahora, como antes, el clientelismo arraiga porque vincula privadamente a personas que persiguen cada una bienes de distinta naturaleza: los unos, señores y patronos, ansían poder y ascendencia sobre los demás; los otros, clientes y siervos, persiguen seguridad, bienestar y símbolos de estatus¹. ¿Pero no es este mismo intercambio de bienestar por dominio lo que está en la base del pacto político de los regímenes democráticos realmente existentes? Ciertamente, pues, de un lado, todos los partidos concurrentes a las elecciones pretenden ofrecer más y mejor bienestar y seguridad (servicios para cubrir necesidades, trabajos de calidad para seguridad) que sus adversarios. Del otro lado, las mayorías sistémicas votarán aquella opción que mejor satisfará su bienestar. A fin de cuentas, la ciudadanía media (sistémica) cifra sus derechos en que se les satisfagan sus necesidades (cortesanas en el límite, como ya vio Thomas Veblen). No debe extrañarnos que entreguen su confianza (solvencia política) a quien mejor se la ofrezca, sea patrón, jefe, partido o líder partidario.

Es clara la homología entre el vínculo con el patrón y el vínculo con el partido o líder partidario. En uno y otro caso, lo que queda severamente comprometido es la participación política efectiva y las condiciones de la libertad bien entendida, es decir, como la entiende la tradición republicana. Las variaciones de pedestre filosofía materialista, desde la smithiana a la marxista, pasando por la darwinista, que comparten la misma teoría de las necesidades, imputan esta polaridad entre poder y necesidad a una combinatoria de supuesto egoísmo innato, humana aspiración a una felicidad confortable o ciegos impulsos societales del desarrollo de las fuerzas productivas. Nosotros creemos más bien que la tensión entre necesidad y poder ha de ser larga y profundamente inoculada en la conciencia de la gente, hasta conformar una cultura política de amplio espectro, tan presente y normalizada que pasa inadvertida. Esta cultura política no es consecuencia de una deficiente educación, sino, como ha sostenido Jürgen Habermas, fruto de una educación premeditadamente despolitizadora.

La exdelegada de Empleo de la Junta de Andalucía, Irene Sabalete, en la visita a uno de los talleres de su departamento. En marzo de 2015 fue detenida por la UCO, junto a otras 15 personas, por presunto fraude en los cursos de formación. Foto / www.losvillares.com

Educación y productividad

La educación formal regulada por el Estado, pública o privada, es, casi desde su origen, un aparato enteramente dedicado a formar personas a la integral condición obrera, burócrata, profesional y, como ahora se dice, emprendedora. Esto supone en la práctica una despolitización ciudadana basada en que lo fundamental es “crecer” o “producir” (materialismo, crecentismo), y que solo se logrará con denodada dedicación para formar un esforzado proletariado, personas competitivas y emprendedoras, etc. Así hasta el colmo de considerar que los buenos ciudadanos lo son por ser buenos agentes “productivos”. Entretanto, no ha quedado espacio para formar una ciudadanía atenta a la cosa pública, celosa de la palabra propia, amante de la libertad, la justicia y la equidad. En un reciente artículo de La Voz de Asturias (16/07/2016), Enrique del Teso califica de “memez” esta clase de discursos que tratan de presionar el sistema educativo desde posturas interesadamente liberales. Las élites quieren personas de usar y tirar, “sujetos quizá muy cualificados y eficaces en ciertas tareas, pero niños incapaces de manejar y entender los procesos en los que viven”. Quieren que el sistema educativo “produzca” piezas para su maquinaria productiva, en vez de “formar” personas con criterio y capacidad crítica.

Necesitamos como ciudadanía una virtud cívica en el sentido que propugna la democracia deliberativa y la ya citada tradición republicana. La felicidad pública consiste en una libertad real y efectiva para participar en las decisiones de gobierno, y creemos que es precisa esa virtud cívica que permita a los ciudadanos ser conscientes de la importancia de las decisiones que toman cuando participan en unas elecciones o cuando realizan alguna clase de acción política del tipo que sea. Y la ciudadanía también ha de concienciarse de las posibilidades que tiene como tal ciudadanía para decidir en primera persona sobre los asuntos públicos, que son todos pues todos les atañen.

Las élites que concentran el poder, sean socialdemócatas, keynesianas o neoliberales, comparten el aserto crecentista de que la producción y “creación” de riqueza son la primera virtud cívica. Y sus disputas en política educativa versan no más que en cómo mejor lograr la supuesta productividad. La fundamental coincidencia de todas estas doctrinas, y sus consecuentes programas educativos, la pone de manifiesto, al tiempo que la denuncia, John Rawls: en el arranque de su obra fundamental, Teoría de la justicia, afirma que es esta, la justicia (no la riqueza o su creación supuesta), la primera virtud de las instituciones sociales. La propuesta de Rawls, necesario es advertirlo, es bien distinta a la lerda noción socialdemócrata de justicia como distribución equitativa de bienestares.

Hay otra instancia con un papel notabilísimo en la socialización de la gente y su conformación como clientes prestos a demandar bienestares e ignorantes del valor de la palabra propia y la autonomía: la llamada “industria del entretenimiento”. Instancia ubicua que conforma desde los rótulos callejeros a las redes telemáticas pasando por los que Agustín García Calvo llamó los “medios de formación de masas”. Si la escuela forma sujetos en tanto trabajadores y emprendedores, esta industria los forma en tanto que consumidores. Pero eso lo dejamos para otro día.