Editorial: ERA, la deuda con nuestros mayores

La atención a los ancianos es una necesidad social en aumento. Foto / Fernando Geijo.

En cualquier hotel, a la hora de pagar, se puede pedir la factura y te la dan. Aunque hayas estado solo una noche. El precio de la habitación varía según la cabalística de los “motores” internáuticos, pero también idéntica habitación de la misma cadena de hoteles en unas ciudades es más barata y en otras, más cara.

En cualquier residencia de ancianos “legal”, a fin de mes, mandan la factura. El organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) no envía las facturas mensuales a los ancianos residentes. Es la primera anomalía que detectan los familiares o tutores: ¿dónde está la factura? Porque el recibo del banco es un mero justificante del cargo. No es una cuestión baladí. En una factura vendría detallado el precio de la plaza, lo que se descuenta de la pensión de jubilación, lo que le corresponde de la Ley de la Dependencia, si lleva IVA o no, si cubre el precio de la plaza o genera “deuda” y el importe acumulado de esa “deuda” odiosa.

En abril de 1991, la Junta General aprobó la Ley de Asistencia y Protección al Anciano que contemplaba la creación del citado organismo autónomo ERA, adscrito entonces a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales que encabezaba Juan Luis Rodríguez-Vigil (PSOE), que en 1991 se convertiría en presidente del Principado. Pero dicha ley parte de la premisa errónea de considerar que los ancianos ingresan en las residencias voluntariamente, para pasarlo bien y disfrutar de los últimos años de vida, como aquel que se marcha a vivir a Benidorm. E incluye la típica maldad de los habilidosos que con una mano te dan y con otra te quitan. No se establece un precio de la plaza a tenor de la pensión real que cobran los ancianos y se autoriza la “incautación de bienes”: “Constituir garantías adecuadas para el pago”, dice el texto legal. O sea, que al trabajador que ahorrando toda la vida se haya comprado un piso, a por él; al que fue un vividor o un quinqui, a ése, nada. Y los ricos al ERA no van. Cualquier persona con un nivel de inteligencia y de conciencia social normal estará de acuerdo en que lo justo sería pagar un tanto por ciento de lo que se cobre de pensión, deducidas las obligaciones familiares si las hubiera. Pero es que, además, con la “incautación de bienes” se está reconociendo que una persona no puede vivir con lo que cobra de pensión ni siquiera en una residencia del ERA. ¿Estado del bienestar? Para estos ancianos, en Asturias, parece que se entre en un estado de malestar lamentable.

En los artículos 51, 52 y 53 de la citada ley se establece que cada residencia del ERA elaborará anualmente un proyecto de presupuesto de ingresos y gastos que servirá para fijar el precio de la plaza en cada residencia. Es lo que se decía del precio de la habitación de hotel, tan evidente. También se dice en esos artículos que se habrán de auditar anualmente las cuentas del organismo autónomo y de sus residencias. No consta que se haya hecho y, menos, que se haya hecho público. Y de esos malos comienzos, multiplicados por veinticinco años de inepcia y descontrol, se ha llegado a la desastrosa e impresentable situación actual.

Ninguna medida política puede acertar si falla en el conocimiento y análisis de los problemas sociales que se pretenden solucionar. En primer lugar, ¿de quién estamos hablando? Pues de seres humanos, de hombres y mujeres, compatriotas y vecinos nuestros, que tuvieron la desgracia de, en los últimos años de la vida, enfermar de alzhéimer, demencias, ictus terribles y un largo etcétera de calamidades complicadas con los achaques de la edad. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los atendemos o los abandonamos a su suerte como hacían algunas tribus primitivas? ¿O los gaseamos e incineramos, que es más rápido? Son seres humanos, ciudadanos que también tienen sus derechos. Son, fueron, los niños que padecieron los horrores de la guerra y las miserias de la posguerra, los que levantaron este país con su esfuerzo y su sobriedad… Dicen que el alzhéimer es recíproco: el enfermo pierde la memoria a su pesar; sus familiares, vecinos y amigos también le olvidan, pero por comodidad y egoísmo asocial.

Las residencias de ancianos son desde hace ya muchos años hospitales clandestinos al margen de la Sanidad pública. Y no se puede continuar así ni un día más. Como en la película Spotligh, toda Asturias y toda España lo sabe, pero políticos, jueces, fiscales y periodistas prefieren mirar para otro lado. Terrible. Peor trato y menos atenciones y derechos que los presos en la cárcel.

En ninguna ley dice que hijos, sobrinos, nietos, hermanos u otro familiar se tengan que hacer cargo de padres, tíos… Y menos, cuando estén gravemente enfermos. No obstante, cuando alguien se ve en el trance de tener que llevar a un familiar anciano a una residencia e ingresarlo a la fuerza, detrás suele haber muchos años de abnegación, sufrimiento y sustos. Se empieza con “pequeños detalles”: la puerta de casa abierta o con las llaves puestas, y se continúa con fogones del gas abiertos, o con lejía en el café, o con la ropa para lavar metida en la nevera, o con un cuchillo en el pecho porque dice que le falta dinero de la cartera; por no entrar en los detalles escatológicos. No, alguno habrá, pero nadie mete alegremente a otra persona en una residencia como el que lleva al bebé a la guardería, porque sabe que de la residencia ya no se sale.

La Consejería de la Felicidad del Gobierno de la Autocomplacencia dice que “no hay dinero”. “Más medios materiales y humanos” se piden. De risa y para echar a correr. Es como si el de la recepción del hotel, al pedirle la factura, dijera: “Un momento, que tengo que llamar a la gerencia en París para que me manden más personal y equipo informático. Y hasta que lleguen, no le puedo hacer la factura”. Para un sketch de José Mota podría quedar bien.

No, no es un problema de dinero ni de equipos informáticos ni de personal. Es un problema de dirección y de gestión, ambas pésimas. Y de mala fe. Mucho peor que lo de las “preferentes” y lo de Bankia, porque aquí se ha desinformado a pobres gentes que llegaban en jaque mate a buscar una plaza para un anciano gravemente enfermo. Los contratos de hospedaje son nulos, no hay facturas, no se llevan las cuentas individuales de las residencias, no hay auditoría, no hay memorias anuales económicas y de gestión… ¡Pobre Estado del Bienestar cuando al ataque neoliberal se suma la incompetencia, el despilfarro y el saqueo de lo público!

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 44, MAYO DE 2016