EDITORIAL: Por la fusión de Ayuntamientos

Las negociaciones para la formación de Gobierno en el Principado de Asturias y el documento de bases planteado por UPyD han vuelto a poner de actualidad el debate sobre la fusión de municipios, acordada recientemente en algunas localidades de Galicia y ya defendida por Atlántica XXII en uno de sus editoriales de 2011. Su aplicación ahorraría 16.000 millones de euros anuales.

Esta crisis del capitalismo y de la economía globalizada, que están pagando las clases populares, tiene algunas consecuencias positivas, como la necesidad de plantearse nuevas actitudes personales y nuevos modelos de organización social. Por ejemplo, cada vez es mayor el clamor contra el escandaloso despilfarro de las Administraciones públicas y de la clase política. Muchos cargos, organismos y parcelas de poder sobran; su supresión ahorraría ingentes cantidades de dinero y mejoraría la gestión pública.

Una de las primeras reformas necesarias para racionalizar la vida pública en España debería ser la fusión de Ayuntamientos. En todo el Estado, en poco más de 500.000 kilómetros cuadrados, hay 8.114 municipios, una atomización absurda. Son centenares los Ayuntamientos con menos de diez kilómetros cuadrados y apenas un puñado de habitantes.

Un municipio sin población ni masa crítica, sin autosuficiencia económica, capacidad inversora ni tamaño suficiente no sirve más que a los que viven directa o indirectamente de su existencia. La atomización también provoca o alienta el caciquismo y el clientelismo, dos vicios ancestrales que no han desaparecido de la España rural.

En Grecia, una de las primeras medidas que se tomaron frente a la crisis económica fue la fusión de los Ayuntamientos. Desaparecieron nada menos que dos tercios, pasando de 1.035 a 355. En España, de momento no pasamos de los estudios. Uno de ellos sostiene que con una población mínima de 20.000 habitantes por Ayuntamiento se ahorrarían 16.000 millones de euros anuales; otro estudio propone la eliminación ya del 20% de los Ayuntamientos españoles, unos 1.500.

Al menos, en la sociedad española el asunto se ha comenzado a debatir seriamente, si bien siempre ha habido voces favorables a la supresión, sobre todo entre los geógrafos y los expertos en políticas territoriales. También ha sucedido en Asturias, aunque no es de las autonomías más afectadas por este problema, que tiene más incidencia en otras como Castilla y León o Cataluña, donde el fenómeno de los Ayuntamientos minúsculos es sencillamente ridículo.

La organización territorial en Asturias se sostiene desde hace al menos dos siglos con 78 concejos, un número en cualquier caso excesivo que no soporta un análisis reflexivo basado en la racionalidad y la eficiencia. ¿Qué pintan concejos como Yernes y Tameza, donde ni los alcaldes son del municipio? ¿O los tres Oscos, donde solo el localismo explica la dispersión? ¿Y cómo es posible que la mayoría de los Ayuntamientos del valle minero del Nalón no se unan en una sola corporación, cuando se trata de una gran ciudad lineal metropolitana? La lista con ejemplos similares sería amplísima.

Hay un riguroso estudio, elaborado en los años ochenta del pasado siglo por el geógrafo de la Universidad de Oviedo Guillermo Morales, que proponía la fusión municipal en Asturias suprimiendo prácticamente la mitad de sus Ayuntamientos. Guillermo Morales fue director general de Urbanismo del Principado y no se atrevió a aplicar su propia receta. Ese es uno de los problemas: los intereses de la clase política. Menos alcaldes, menos concejales, menos cargos y más eficiencia en la gestión son demandas ciudadanas, pero también un peligro para los políticos y sus prebendas. La red clientelar que sostiene los Gobiernos –y que tantos réditos electorales reporta a los partidos– peligraría con la desaparición de los pequeños Ayuntamientos, absolutamente dependientes de las administraciones autonómicas y estatales, que también precisan, a su vez, un urgente adelgazamiento.

Hay, evidentemente, más obstáculos para las fusiones municipales. Uno es el localismo, un mal endémico que tanto tiene que ver con el inmovilismo de la sociedad asturiana. Y otro es la oposición de buena parte de los vecinos afectados por las posibles fusiones, que identifican la pérdida de su Ayuntamiento con la de los servicios que ahora disfrutan. Si esto fuera así –menos Ayuntamientos, menos servicios– habría que olvidarse de cualquier experimento; pero lo lógico, además de lo deseable, es justamente lo contrario. No solo las fusiones no deben restar servicios, sino que tendría que ser al revés. Una organización administrativa mejor y más adecuada, con Ayuntamientos con la suficiencia económica y la capacidad inversora que debe garantizar un tamaño adecuado, mejoraría la oferta de servicios a los vecinos.

Pero está claro que habría que acometer, a la vez que la reforma, un esfuerzo casi pedagógico para explicar a los vecinos afectados que ni van a perder el edificio municipal –su Ayuntamiento de toda la vida– ni servicio alguno o puestos de trabajo, excepto los de las alcaldías y concejalías que se suprimieran. Al contrario, podrían sumar incluso más posibilidades para luchar por sí mismos contra el despoblamiento y la agonía del medio rural, un gravísimo problema que no se sabe atajar desde los centros de poder urbanos, probablemente por falta de sensibilidad.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 12, ENERO DE 2011