Editorial: Pretenden cerrar una revista que molesta a los poderes

La denuncia del exsecretario general de MCA-UGT, Eduardo Donaire, ha servido como punta de lanza de una operación de acoso y derribo contra ATLÁNTICA XXII. Foto / Mario Rojas.

El acoso judicial al que somete UGT a esta revista desde hace tres años es asfixiante. Desde entonces, por diversos números y artículos de la revista, han presentado cinco denuncias diferentes a la empresa editora, Letras Atlánticas, al director, Xuan Cándano, y a los periodistas Fernando Romero y Luis Feás, aunque tres de ellas no se han ratificado en el juzgado tras los actos de conciliación. Y por un artículo sobre uno de los juicios también fueron denunciados Gregorio Morán y La Vanguardia, y José Ramón Patterson por un texto en solidaridad con Cándano en una red social. En todos los casos la Justicia desestimó las denuncias, con la reciente excepción de la Audiencia Provincial, que estimó parcialmente un recurso del exsecretario general de MCA-UGT, Eduardo Donaire, y su mujer, Carmen Fernández.

En realidad, UGT actúa de punta de lanza de una operación de acoso y derribo de la que también forman parte el PSOE y el Gobierno socialista asturiano. El Ejecutivo de Javier Fernández veta la publicidad institucional a la revista, presiona a los anunciantes para que retiren sus inserciones, con éxito en algunos casos, e impide a todos sus altos cargos hablar o hacer declaraciones a ATLÁNTICA XXII. La libertad de expresión le debe de parecer un peligro y no admite las informaciones críticas ni los reportajes de investigación de un medio que considera que “genera opinión”.

Pese al reconocimiento a la difícil labor de los jueces y al respeto que nos merecen todas las decisiones judiciales, en ATLÁNTICA XXII discrepamos absolutamente de la sentencia de la Sección 5 de la Audiencia, porque la consideramos injusta y condicionada por el poder político y sindical de UGT, un sindicato que se enfrenta a numerosas investigaciones e instrucciones en los Juzgados por corrupción. Y reiteramos que las informaciones que provocaron las denuncias son veraces y se publicaron tras actuar los periodistas que las elaboraron con total diligencia, algo que corroboró en su sentencia la jueza María Fidalgo, del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Oviedo. Que la Audiencia la haya corregido en dos de los muchos asuntos denunciados, sin argumentos sólidos que justifiquen esa contradicción entre dos sentencias judiciales, parece un intento de compensar al sindicato por todos los reveses anteriores.

La condena a abonar 6.000 euros es además desproporcionada y supone un serio problema para Letras Atlánticas, que lleva asumiendo cuantiosos gastos por una batería de denuncias que sin duda pretenden ahogar económicamente un proyecto de comunicación independiente que nació con las aportaciones altruistas de un grupo de ciudadanos. Y el recurso puesto al Tribunal Supremo aumenta los gastos y la incertidumbre.

Un sindicato, ejerciendo de ariete de todo un aparato institucional que gobierna en Asturias desde hace tres décadas, quiere cerrar ATLÁNTICA XXII. Es una lucha desigual entre un solitario contrapoder y un gran poder, político, económico y sindical. Resulta curioso que en los casi ocho años de la revista solo haya habido estas denuncias de UGT, cuando la línea informativa y editorial de ATLÁNTICA XXII ha sido crítica con prácticamente todas las instituciones públicas, los Gobiernos, todos los partidos políticos, el otro sindicato mayoritario, los bancos y otros muchos organismos o colectivos. Desde estas páginas nunca se han tenido estrategias premeditadas y se ha ejercido el periodismo desde una absoluta profesionalidad, pero es normal por ello que el ejercicio del poder haya tenido un especial seguimiento.