El Caso Pokémon, una bomba (de agua) para el PP asturiano

Joaquín Fernández en su única aparición pública desde su detención, en que participó en un acto en Oviedo como sargento del Ejército. Foto / Mario Rojas.

Xuan Cándano / Periodista. Si el PSOE en Asturias tiene su gran caso de corrupción con el Marea, que aún no ha llegado a juicio, al PP le toca ahora lidiar con el “Pokémon”, un escándalo de sobornos a políticos por concesiones de servicios en las Administraciones que apareció en Galicia, pero que tiene protagonistas asturianos y una gran incidencia a este lado del Eo.

Si la detención del ex vicesecretario de Comunicación del PP asturiano Joaquín Fernández ya supuso una gran conmoción en el partido, el levantamiento del secreto del sumario de la asturiana jueza de Lugo Pilar de Lara ha disparado todas las alarmas, sobre todo por lo jugoso de las escuchas.

Tras su detención, a Joaquín Fernández le encontraron en un registro domiciliario 800.000 euros, que según explicó a la jueza eran de negocios lícitos. Esta revista pudo saber que tres meses antes, en noviembre de 2012, se vendió una vivienda propiedad de su mujer. Asturias Diario le atribuye también dos cuentas bancarias con 100.000 euros. El ex dirigente popular sostiene que cuando le detuvieron tenía en propiedad «media finca y un piso de 50 metros cuadrados», en alusión a un apartamento situado en el concejo de El Franco. Aunque también dice que tuvo otras propiedades e hipotecas. Y ahora mantiene una participación en un negocio hostelero.

El Caso Pokémon se ha convertido en una bomba para el PP asturiano, pero no de relojería, sino de agua, porque son los negocios en este sector privatizado por los Ayuntamientos populares los que están bajo sospecha, en una instrucción que promete deparar muchas más sorpresas. Una inmensa red de sobornos, concesiones ilegales y regalos envenenados parece vislumbrarse del gigantesco sumario, con ramificaciones en numerosos Ayuntamientos de toda España, aunque lo conocido hasta ahora se centra en Galicia, Asturias y Cataluña.

“Era un mamporrero”

Joaquín Fernández -empleado de la empresa catalana Aquagest, que gestiona el servicio del agua en muchos Ayuntamientos y en la que el presidente de la patronal de la construcción, Abilio Martínez, tuvo la mitad de las acciones hasta 2008- no era un militante cualquiera en el PP. A sus 38 años, es uno de los jóvenes cachorros conservadores salidos de Nuevas Generaciones, donde coincidió con el alcalde de Oviedo Agustín Iglesias Caunedo, con quien le une una buena amistad y un cierto paralelismo biográfico: ambos empezaron a militar muy jóvenes, abandonaron la carrera e hicieron de la política su vida.

Aunque también es cierto que en la de Joaquín política y negocios van de la mano, lo que fue su perdición. Fue presidente de su partido y concejal en su San Martín del Rey Aurelio natal, asesor en la Junta General del Principado y consejero en la RTPA, un cargo que le daba un dinero que en las escuchas del Caso Pokémon reprocha al PP haber perdido.

En Foro Asturias están llenos de gozo con la caída a los infiernos de Joaquín Fernández, porque llevó la desastrosa campaña electoral en la que la popular Isabel Pérez Espinosa se estrelló contra el entonces emergente Francisco Álvarez-Cascos. El del valle del Nalón se convirtió entonces en un verdadero ariete contra Cascos, el más agresivo y descalificador contra el presidente de Foro, algo de lo que ahora parece arrepentido. “Era un mamporrero, me utilizaron de mala manera”.

A Joaquín le tienen mucho miedo en el PP. Siempre fue un bocazas y un “fantasma”, algo que él mismo admite (“soy un bocachanclas”) y que relaciona con la peculiar expresividad de las gentes de las cuencas mineras. Y eso, que tanto lo pone en evidencia en las escuchas, es un verdadero peligro si incide en ello ante la jueza, porque pocos en el PP conocen las interioridades del partido y sus trapos sucios como Fernández.

De momento sus revelaciones telefónicas ya salpican, con el agua contaminada de la política y los negocios, a numerosos Ayuntamientos del PP y a sus responsables, aunque también hay otros gobernando por otros partidos: Cangas del Narcea, Siero, Coaña, Gozón, Nava, Salas…

En Cangas del Narcea el escándalo ya le ha costado el puesto de asesor de la Alcaldía al popular Juan Carlos Guerrero, ex alcalde de Pravia, que cobraba 3.800 euros mensuales por unas tareas que están bajo sospecha y le han supuesto la imputación en el Caso Pokémon.

En las escuchas Guerrero aparece como un colaborador necesario en los negocios de Aquagest con el Ayuntamiento de Cangas, siempre a través de Joaquín Fernández, del que el ex asesor es un buen amigo. En una conversación entre Joaquín y el concejal y presidente del PP de Navia, Roberto Santiago, sale a relucir que a Guerrero “le caerán 2.000 o 3.000 euros”.

Roberto Santiago, que trabajó unos dos meses como comercial para una empresa de ropa laboral de Joaquín Fernández, dijo a esta revista que cree que esa referencia era a dinero que Guerrero percibía del PP.

El urbanismo de Nava

Otro buen amigo de Joaquín Fernández, ya desde los tiempos de Nuevas Generaciones, el presidente del PP en Nava y concejal de Urbanismo, José María Osoro, también tiene protagonismo en las escuchas en relación a una concesión municipal en la que el imputado en el Caso Pokémon hace de asesor y aconseja cómo actuar invitando a tres empresas concretas.

Osoro dijo a ATLÁNTICA XXII que se trataba de un proyecto menor de 6.000 euros para un estudio sobre agua y saneamiento. Y tanto Osoro como Joaquín subrayan que Aquagest no ganó un concurso para unas depuradoras en Nava y que fue el propio concejal de Urbanismo el que rechazó la reclamación de la empresa. “No tengo nada que ocultar ni nada de lo que arrepentirme”, sostiene Osoro.

La conversación entre José María Osoro y Joaquín Fernández también desvela las divisiones internas en la derecha naveta a costa del Plan General de Ordenación Urbana. Osoro acusaba a su antecesor en la presidencia del PP local, Juan Roza, de apoyar el PGOU por salir beneficiado a costa de la propiedad de unos terrenos.

‘Cherines’ y Gabino

Pero las aguas nada limpias del Pokémon salpican incluso a otras dirigentes del PP, como la presidenta de Hunosa, Teresa Mallada, también amiga de Joaquín, a quien facilitó un contrato para la Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara, que le reportó 9.000 euros durante medio año hasta que fue detenido, según el propio interesado. Y llegan más arriba, hasta la propia presidenta del PP asturiano y portavoz en la Junta General, Mercedes Fernández, ‘Cherines’.

Las escuchas revelan que Joaquín Fernández colocó en Aquagest a un hermano de ‘Cherines’ -que es abogado y se encontraba en paro- para cubrir una baja por maternidad. Y cuando acababa la baja y el contrato de su hermano, ‘Cherines’ quedó en acudir a una comida con el director territorial de Aquagest para ver si podía continuar la relación laboral, por indicación del propio Joaquín, porque “había que moverse algo”. En el PP un muro protector de silencio sobre su presidenta rodea a este episodio, aunque ella asegura que no tiene relación alguna con la empresa ni conoce a sus grandes responsables.

El Caso Pokémon también es un motivo de preocupación para el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, por su etapa como alcalde de Oviedo. La jueza Pilar de Lara abrió una pieza separada en la instrucción sobre la gestión de la grúa municipal en la capital asturiana, a cargo de la misma empresa, Cechalva, que está en el origen de este caso de corrupción al destaparse sus sobornos a políticos y funcionarios en Lugo, a costa de la concesión del mismo servicio municipal (veáse ATLÁNTICA XXII número 23, noviembre de 2012).

Pero el ex alcalde, y antiguo hombre fuerte del PP en Asturias, ahora en horas bajas, parece que puede respirar tranquilo desde el punto de vista judicial: Pilar de Lara le comentó a uno de los responsables de Cechalva, el ovetense José Luis Álvarez, el que destapó el escándalo, que “lo de Oviedo está prescrito”. Entre los imputados de mayor rango en la trama está otro ovetense, Jorge Cechini.

En el PP tienen a la jueza Pilar de Lara por próxima al PP, pero desconfían de ella porque la consideran “una resentida con la clase política”. Su marido es un gijonés que fue militante del partido.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 32, MAYO DE 2014