UGT y CCOO fueron los sindicatos que gestionaron el dinero para la formación de los fondos mineros. También lo hacen en otros sectores. Ilustración / Alberto Cimadevilla.

El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa continúa sin dar explicación alguna sobre su fortuna oculta de 1,4 millones de euros, aunque en su entorno se justifica por su delicado estado de salud, que lo mantuvo ingresado una semana en el HUCA de Oviedo hasta el pasado viernes.

Ese silencio alienta todo tipo de especulaciones sobre las causas de su enriquecimiento. Algunas apuntan hacia su propio sindicato y sus vías de financiación. Cuando se alude a la financiación de los grandes sindicatos siempre se mira hacia los cursos de formación, que gestionan con la patronal.

ATLÁNTICA XXII dedicó varios reportajes en diferentes números a la financiación sindical vía cursos de formación. En uno de ellos, en el número 23 de la revista, en noviembre de 2012, Fernando Romero ahondaba concretamente en la millonada para cursos de formación que llegó a través de los fondos mineros. Por su actualidad reproducimos este artículo a continuación.

Fondos mineros: 500 millones poco formativos

Fernando Romero / Periodista.

Capítulo aparte merecen los recortes que han afectado a la línea de flotación de los sindicatos y de la patronal del sector minero a través de la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón. El objetivo de esta entidad, cuyo patronato se reparten CCOO, UGT, Carbunión y el Estado, es “colaborar al desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón, teniendo como fin esencial fomentar y facilitar el acceso a niveles educativos y de capacitación profesional superiores de los recursos humanos de dichas zonas”.

Los nuevos presupuestos dejan prácticamente a cero la financiación de esta entidad (el recorte es de un 92%), que tenderá probablemente hacia su desaparición. La causa, además de los recortes, es su cuestionada eficacia ya que, según dos informes del Tribunal de Cuentas, durante 14 años este ente ha gestionado de manera irregular 500 millones de euros.

Este organismo fue creado dentro del Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, suscrito en 1997 por el entonces Ministerio de Industria, FIA-UGT y CCOO. Una parte importante de los fondos de este Plan se destinaron a la formación de los recursos humanos de las cuencas mineras y, especialmente, a las nuevas generaciones. Los millonarios fondos se agotaron al cien por cien, aunque desde diversos sectores políticos, ciudadanos y de sindicatos minoritarios consideran que no redundaron en la mejora de la formación de los jóvenes de las cuencas mineras. ¿A qué se destinó entonces tamaño caudal de dinero público? USO no lo duda: parte de esa cantidad se dedicó a financiar a UGT, CCOO y la patronal a través de sus empresas de formación.

La voz de alarma la dio reiteradamente el Tribunal de Cuentas primero en 2002 y luego en 2012, pero ahora ya es tarde. La oportunidad histórica que se ha tenido para invertir en formación se ha perdido. 14 años después y con 500 millones gastados, las zonas mineras de España mantienen sus niveles de desempleo y muchos dudan de que haya mejorado la formación de los jóvenes. El Estado, aprovechando la coyuntura de crisis y recortes, y posiblemente ante las anomalías denunciadas por el Tribunal de Cuentas, ha dejado sin fondos a esta Fundación para los próximos años.

El doble del presupuesto de la Universidad

La web oficial de la Fundación ha anunciado el cierre de la convocatoria 2011-2012 y no anuncia nuevas. Las ayudas Formic para acciones formativas cerraron su convocatoria también en diciembre de 2011, sin que se anuncie su renovación. Para Ramón García Cañal, del PP asturiano, “la idea era buena de cara a la creación de empleo en las cuencas pero tengo la sensación de que no ha servido más que para muy pocos casos”.

Del total de fondos destinados a formación Asturias se llevó la mitad, cerca de 250 millones de euros, “y si tenemos en cuenta que las becas están en torno a 9.000 y 12.000 euros anuales, ese dinero tendría que haber servido para formar a mucha gente y yo no he visto ese rendimiento”, dice Cañal, al que no le salen las cuentas y subraya que “250 millones es equivalente a lo que le cuesta al Principado financiar dos años a la Universidad de Oviedo, que ha llegado a tener 40.000 alumnos”. Para Cañal, los responsables son los sindicatos y la patronal, que estaban allí y, aunque no llevaran la gestión, “su deber era controlar” desde la comisión de seguimiento. De hecho, el Patronato, que preside el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), tiene entre sus funciones “la vigilancia y orientación de la labor de la Fundación”, mientras que la gestión fue encargada a la empresa Infoinvest SA, participada en un 100% por la entidad pública SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). El Tribunal de Cuentas dijo que dicha adjudicación “se realizó de forma directa, sin solicitar otras ofertas, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia rectores de la contratación del sector público”. La Fundación ha incurrido en una serie de irregularidades que han sido puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas, entre ellas el no haber aportado la documentación necesaria para poder contrastar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados o la subcontratación ilegal de cursos.

ATLÁNTICA XXII intentó sin éxito recabar la opinión del secretario de organización de SOMA-FIA-UGT José Luis Alperi y la de Juan Carlos Álvarez, responsable de Industrias Extractivas de CCOO. Estos dirigentes se habían ya manifestado sobre este tema en diversos medios defendiendo su gestión y denunciando que las críticas a la misma tienen como objetivo eliminar las ayudas, negando que se hayan concedido “a dedo”. Ambos sindicatos se defendieron frente a los ataques del PP diciendo que los criterios se aprobaron con el Gobierno de Aznar.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 23 , NOVIEMBRE DE 2012