El holding socialista del Caso Marea

Un sólo Juez no es suficiente para el caso Marea. El magistrado Ángel Sorando, que heredó de la jueza López Pandiella el mastodóntico sumario del caso Marea, también reparó en un folio del tomo 5 de la instrucción. Un escueta solicitud en la que se reclamaba a la Agencia Tributaria la investigación de 22 empresas relacionadas con altos cargos de la Administración del Principado, un número extraído de una lista aún mayor en la que se establecían vínculos entre 200 empresas y miembros del  funcionariado asturiano. Atlántica XXII escudriñó la lista y llevó a cabo una investigación de la que sobresalen 13 ex altos cargos del anterior gobierno autonómico, entre ellos Mercedes Álvarez, ex consejera de Cultura, y José Manuel Sariego, secretario del PSOE en Gijón..

Jaime Santos y Xuan Cándano /Periodistas. La Agencia Tributaria facilitó a la jueza Ana López Pandiella, atendiendo a su  solicitud, una relación de más de 200 empresas cuya titularidad corresponde  a funcionarios del Principado. Llama la atención que de ellas López Pandiella  seleccionara a 22, que son las que aparecen en un listado en el sumario del  Caso Marea. Está constatado que muchas son empresas de militantes, dirigentes  y cargos públicos del PSOE. El PP, sobre todo en Gijón, lleva años denunciando  que forman un verdadero entramado de empresas directamente vinculadas  a los socialistas, que llevan muchos años beneficiándose generosamente de  adjudicaciones y contratos públicos.

En esa lista destaca poderosamente la presencia de cuatro empresas del grupo  de La Productora, una sociedad que tiene su génesis en el círculo más íntimo  de José Manuel Sariego, secretario del PSOE en Gijón.  En 1993 Sariego funda junto con su esposa Mar Zapico (hoy comercial de  Almacenes Pumarín y propietaria de la «agenda rosa») la empresa Servitur Merkap S.L. para «la divulgación y  prestación de servicios culturales, recreativos, turísticos, de carácter social y  edición de toda clase de publicaciones». En 1995 Sariego entra como concejal  en el Ayuntamiento cediendo su participación en la empresa a un amigo, el  militante socialista Lorenzo Pañeda, esposo de la ex diputada del PSOE Begoña  Fernández, entonces directora del Instituto de la Mujer y posteriormente concejala  de Empleo en Gijón, puesto al que llegó, como ella misma admite, de la  mano de Sariego, el hombre fuerte del PSOE gijonés. Pañeda funda entonces  La Productora, heredando en su epígrafe la actividad de la empresa de Sariego  y dando comienzo en Gijón y en toda Asturias a una lucrativa actividad comercial  que simultaneó con cargos importantes en la agrupación empresarial  ASATA. Entre los jóvenes de Gijón corre esta consigna, » si quieres trabajar, lleva tu curriculum a La Productora», una frase que da idea de la cantidad de negocio que maneja esta sociedad, principalmente a través de contratos con la Administración Pública.

En La Productora también figuró Víctor Manuel Suárez Prado, viceconsejero de Comunicación y mano derecha de Vicente Álvarez Areces en la presidencia  del Principado. Desde su viceconsejería se contrataron numerosos servicios a  Provoca S.L., propiedad de Óscar Corzo, casado con María Migoya, asesora en  Presidencia y hermana de la consejera Ana Rosa.  La esposa de Suárez Prado, Eva María Sánchez Díaz, entonces directora de Gestión  Patrimonial y persona de alto mando en la Consejería de Cultura, es otra  de las socias de una de las empresas de La Productora, Interinfancia, en la  que también figuró el que fuera director de la Agencia de Cooperación con  el gobierno arecista, Jacinto Braña. Interinfancia también es una de «las 22  empresas».

Es norma que todas estas personas salgan del accionariado de las empresas  cuando acceden a un cargo público. El propio Lorenzo Pañeda y uno de  sus socios, Quique Lombardía, no figuran en el archivo de actividades del  Ayuntamiento de Gijón, a pesar de haber gestionado miles de contratos para el  consistorio a través de La Productora.

El pasado verano el juez Ángel Sorando, que actualmente instruye el Caso Marea, se fijó en uno de los nombres de la lista, Formación e Inserción S.L. propiedad de Sergio Álvarez marido de la ex Consejera de Cultura Mercedes Álvarez, y solicitó su imputación a Tribunal Superior de Justicia de Asturias dada la condición de aforada que entonces ostentaba la política gijonesa. El TSJA rechazó la petición por considerarla carente de pruebas. Formación e Inserción S.L. recibió más del 76.000 euros del gobierno del Principado entre los años 2006 y 2009. Sergio Álvarez además ejerció como representante de la empresa audiovisual Idola Media que se benefició de contratos con la televisión pública asturiana, RTPA. Mercédes Álvarez dejará de ser diputada del Junta General del Principado el próximo 25 de marzo, ya que la Federación Socialista Asturiana la ha excluido de sus listas electorales. Igual suerte corre Jose Manuel Sariego, que no fue elegido en la pasadas elecciones porque su nombre ya había sido relegado y  ahora ni siquiera concurrirá en las listas del PSOE a la anticipadas elecciones autonómicas en Asturias.

En el listado de empresas investigadas en el  sumario judicial también aparece la empresa forestal Arboris,  propiedad del alemán Rudi Walter Kopke, casado con María Esther Vigón,  ex jefa del servicio de Medio Natural en la Consejería de Medio Ambiente desde la se que adjudicó a Arboris dos contratos por valor de 650.124,94 euros. El  director general de esta consejería, Francisco Rivas,    dimitió recientemente por haber  «enchufado» al hijo de un funcionario amigo suyo, otra de las muchas ramificaciones del caso Marea .

Jose Carlos Arboleya Heres, antiguo jefe del servicio de Supervisión e Inspección de  la Vivienda del Principado, fue director general de la empresa de arquitectura  Arboleya, otra de las empresas investigadas.

La empresa de eventos deportivos Argomalus SL, que también figura en la lista,  contó entre sus socios con José Alonso Huerdo, que ostentó la dirección de actividades  festivas en la Consejería de Cultura y organizaba desde hace unos años el  Día de Asturias; sobre él recayó la responsabilidad de dar la cara el año pasado  con el asunto del showman José Luis Moreno, quién protagonizó una estrambótica incursión en la programación del teatro de la Laboral.

Entre las varias empresas de comunicación, editorial y relaciones públicas  que figuran en el listado, está la familiar de Manuel Álvarez Llana. Una de sus  administradoras es María Álvarez Rea que fue nombrada en  2008 por Ana Rosa Migoya,  coordinadora del Área Contenciosa I del Servicio Jurídico del Principado  en la Consejería de Administraciones Públicas, siendo Migoya su titular. Otras dos empresas del sector  en el listado son Trabe y Saltadera, del escritor y editor Antón García, que fue  director de Política Linguística en los años ochenta. Está casado con Consuelo  Vega, que era directora general de Cultura cuando estalló el mayúsculo escándalo del caso Marea. La editorial Trabe la vendió hace unos años y Saltadera es una productora de televisión montada para elaborar programas  para la TPA.

Las otras empresas citadas en la lista son: Arkimax 55, Asistencias Técnicas  Eduardo Barzana Coca, Centro de Formación Campa, Control Ingeniería y  Servicios, Corvera Informática,  Gold Fruit´s XXI, Grupo  Esdor Outsourcing, Heptamerón, Narseo Vallina, Organización Técnica Control de  Calidad, Trisquelmedia y Zig Zag Danza.  Llama la atención que casi la mitad de estas empresas investigadas se dedica a  la comunicación, la publicidad y los servicios culturales, y que dependen en gran  medida de la Administración. Su facturación, sin alcanzar las cifras de la construcción,  mueve importantes cantidades de dinero. La evidente vinculación de  estas empresas a altos cargos del PSOE no sólo dibuja una amenaza orweliana  (la propaganda bajo control), sino que desvirtúa profundamente el mercado de  la libre competencia. La presunta privatización de servicios públicos ha recaído  masivamente en empresas afines al poder sospechosas de recaudar y enriquecer  a los partidos y a sus allegados. Los servicios subcontratados, además,  permiten afilar el salario de los trabajadores y contribuyen decisivamente al  panorama de paro juvenil y precariedad laboral.

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