El Montepío, un nido de corrupción desde hace 30 años

José Antonio Postigo levantaba el puño en público y lo cerraba en la intimidad. Foto / Fernando Geijo.

El Montepío de la Minería está ahora en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción por el Caso Villa, que también es el de José Antonio Postigo, el ex presidente de una entidad supuestamente benéfica y sin ánimo de lucro controlada por los sindicatos, en especial por el SOMA-UGT. Pero en realidad es un nido de corrupción y excesos desde hace tres décadas. Un incesante trasiego de maletines, comisiones ilegales pedidas para el SOMA pero que no se sabe en las manos que acabaron, extorsiones a proveedores, despilfarros escandalosos, enchufismo y endogamia en las contrataciones, sobornos, vacaciones gratis total para los sindicalistas… Eran los tiempos del derroche, el boom inmobiliario y el poder implacable del SOMA y el PSOE. Apenas hubo denuncias, y cuando las hubo, la Justicia miró para otro lado.

Xuan Cándano / Periodista.

Era ya a principios de este siglo y Maximino García empezó a caer de la burra durante una reunión en Madrid con José Folgado y Carmen Becerril, entonces secretario de Estado de Economía y directora de Minas y Energía del Gobierno de José María Aznar, respectivamente. El entonces secretario general de la Federación Minera de CCOO de Asturias les preguntó por la corrupción en la mina de La Camocha, que ahora acaba de ser sancionada en una dura condena judicial con penas de cárcel para cinco de sus responsables. Le dijeron: “No estamos en eso”. Y ‘Mino’ empezó a creer “en lo de los maletines”.

Lo de los maletines con dinero viajando de un sitio a otro por las cuencas mineras y por los lugares donde el Montepío minero tiene sus instalaciones de ocio (Ledesma, Roquetas de Mar y los Alcázares) era un secreto a voces entre la gente del sector del carbón. Pero no pasaban de comentarios de chigre, aunque la ostentación de algunos sindicalistas misteriosamente enriquecidos de una día para otro era realmente grosera.

Todo ese entramado de corrupción vinculado a la minería del carbón, y especialmente al SOMA-UGT, se está destapando ahora con el Caso Villa, porque el enriquecimiento del que fuera el Rey de las Cuencas no es precisamente reciente.

Soborno frustrado a Uría

Uno de los pocos sindicalistas que había aludido públicamente a esos episodios de corrupción fue Joaquín Uría, histórico de CCOO, ex alcalde de Morcín por IU y vicepresidente del Montepío entre 1989 y 1993. Ya lo había hecho en el número 19 de esta revista, en marzo de 2012, pero ahora es más explícito.

Era en 1991, en plena expansión inmobiliaria del Montepío bajo la presidencia de Ricardo López Estébanez, del SOMA, como todos los presidentes. Estébanez y los suyos querían comprar más de un centenar de apartamentos en Los Alcázares (Murcia). El presidente de la empresa que los vendía, Promociones Europa, y dos de sus directivos agasajaron a Uría en Orihuela. Lo invitaron a cenar y a un local de alterne y le ofrecieron dinero por su apoyo a la venta, sin llegar a especificar la cifra. Uría se negó y contó el intento de soborno a dos relevantes cargos sindicales de CCOO de la minería, Marino Artos y Antonio Hevia. También al mismísimo José Ángel Fernández Villa, con el que Uría había compartido encierro en el pozo Barredo. No hubo reacción y aquella operación millonaria salió adelante con los votos en contra de CCOO. Uría piensa que “es fácil suponer que la oferta no me la hicieron solo a mí” y asegura que Ángel Fernández Noriega, hombre de Villa y entonces presidente de Cajastur, “estaba detrás de la operación”.

61 de esos apartamentos de los Alcázares fueron vendidos una década después en una extraña operación de compraventa que supuso que del Montepío se “evaporasen” 6 millones de euros, según cálculos de la actual dirección de la entidad, que encabeza Juan José González Pulgar.

Aquel episodio fue denunciado en los tribunales sin éxito por un grupo de mutualistas que formaron una plataforma. Fueron demonizados por la dirección del Montepío y en algunos casos expulsados. Hoy están rehabilitados socialmente y todo el mundo les da la razón. Pero parecía natural dársela entonces. Aquella operación era claramente ruinosa para el Montepío, pero también un verdadero pelotazo que llenó muchos bolsillos y convirtió en millonarios a varios de los implicados. En resumen (véase ATLÁNTICA XXII número 4, septiembre de 2009), en 2003 obtuvo por los 61 adosados murcianos vendidos 3.299.551 euros y gastó en la compra de 140 apartamentos en Roquetas de Mar (Almería) 10.818.217. Las empresas que vendía y compraban en la operación para el Montepío tenían al frente a la misma persona, un ex minero de Riosa, Sergio Díaz Gallego. Su suegro, Amado Hevia, había sido vicealcalde de Riosa cuando el alcalde era Alfredo Álvarez Espina, que presidía el Montepío cuando se produjo la curiosa y ruinosa compraventa.

El caso estuvo en juzgados de Murcia y Oviedo durante años hasta que fue archivado por la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Oviedo, María Luisa Llaneza.

Sindicalista cesado

Para el único para el que tuvo consecuencias aquel episodio fue para Ricardo González Argüelles, sucesor de Joaquín Uría como vicepresidente del Montepío por CCOO, que fue de la mano de Álvarez Espina durante todo el proceso, negoció con los empresarios y facilitó la operación.

González Argüelles fue obligado a dimitir por la ejecutiva y el Consejo Regional de CCOO de Asturias, por las sospechas de cobro de una comisión de 150.000 euros por la operación de compraventa del Montepío. En representación de CCOO, el sindicalista Salvador Fernández visitó a González Argüelles en su domicilio de Siana (Mieres), una hermosa vivienda centenaria rehabilitada poco antes por su dueño. En una conversación dura y tensa, Salvador pidió explicaciones a Argüelles, que negó haber cobrado una comisión. Lo sigue negando hoy, como corroboró personalmente para este reportaje desde su despacho en la sede de IU en Mieres, donde ahora es secretario de organización. “A mí nadie vino a ofrecerme nada. Yo creo que no hubo pelotazo, pero no pongo la mano en el fuego por nadie”.

Pero sus explicaciones no convencieron en el sindicato y fue cesado como vicepresidente del Montepío, formalmente por haber aprobado la compraventa inmobiliaria. “Cometió un error”, dice Maximino García, que confirma que entonces las informaciones que manejaba el sindicato aludían a otra comisión idéntica para el SOMA. Salvador va más allá y dice que en aquella época “se repartieron en comisiones cerca de 1.200.000 euros, en billetes de 500 traídos del extranjero”.

Ricardo González Argüelles en su despacho de la sede de IU en Mieres, donde es secretario de organización. Foto / Fernando Geijo.

Álvarez Espina dejó la presidencia del Montepío en 2006 a causa del ambiente enrarecido por estos episodios. Tiene numerosas propiedades inmobiliarias en varias zonas de Asturias, vive apartado de la vida pública en Villaviciosa y no quiso atender las llamadas de esta revista. A un amigo suyo le comentó, según confirmó éste a ATLÁNTICA XXII, que el SOMA le obligaba a cobrar para el sindicato una comisión del 10% a los proveedores del Montepío.

A Álvarez Espina le sustituyó José Antonio Postigo. Venía para limpiar la imagen del Montepío, pero la ensució mucho más. Ya antes de acceder al cargo le habían acusado de intentar cobrar una “mordida” a una empresa minera. La persona de esta empresa que sufrió supuestamente la extorsión se lo comentó personalmente a José Ángel Fernández Villa. Varios informantes aseguraron a esta revista que el empresario Rodolfo Cachero pagó una comisión de 30.000 euros a Postigo en el alto de Santo Emiliano, lugar donde conocedores del tema ubican un autentico trasiego de maletines. Un redactor de esta revista acudió personalmente a la sede de una de las empresas de Cachero en Madrid para pedirle su versión, sin éxito.

Lo de las comisiones parece que era la comidilla en las cuencas, pero nadie denunciaba nada. “Toda la vida oí que Villa tenía un cobrador del frac”, dice Ricardo González Argüelles. Joaquín Uría asegura que las comisiones se pedían en nombre del SOMA, pero que en muchos casos acababan en los bolsillos de los recaudadores. Y alude directamente a los economatos de Hunosa, aportando el nombre del recaudador de la comisión de los proveedores, un delegado del SOMA que trabaja allí. “El que vendía tenía que pasar por caja”, afirma.

Proveedores y multas de Hacienda

Lo primero que hizo Postigo al llegar al Montepío fue cambiar a los proveedores. Y muchos de los servicios de los centros del Montepío los puso en manos de su amigo el empresario Juan Fernández, el constructor que a través de la empresa Alcedo de los Caballeros hizo la obra del macrogeriátrico de Felechosa, de casi 32 millones de euros. Salvador Fernández, cuando era vicepresidente del Montepío, se quedó de piedra cuando en Roquetas el empresario que llevaba la limpieza en los apartamentos de la mutualidad le preguntó si eran “tontos o ricos”. Era una subcontrata de Alcedo de los Caballeros.

El grandonismo de Postigo multiplicó las contrataciones y los negocios a costa del Montepío con obras millonarias en pleno boom del ladrillo. Aparte del macrogeriátrico, abordó obras por valor de 4,5 millones de euros en el balneario de Ledesma, donde la Fiscalía Anticorrupción podría llegar a tiempo en su investigación sobre los pagos a los proveedores, porque en otros casos los presuntos delitos estarían prescritos.

La Fiscalía se centra en la obra de Felechosa, donde trabajaron muchas empresas subcontratadas por Alcedo de los Caballeros. El dueño de una de ellas declaró a ATLÁNTICA XXII que el empresario que solicitó sus servicios le pidió una “mordida” de 3,000 euros que se negó a pagar. Por un impago de 48.000 euros acabó en el Juzgado y recuperó el 70%. Tuvo que entrar con una orden judicial a visitar las obras. Asegura que fue el trabajo con peor ambiente que tuvo nunca, que había una veintena de trabajadores enchufados sin ninguna cualificación y que todo era “chulería, secretismo y prepotencia” por parte de Postigo y Juan Fernández.

Otro de esos asuntos a aclarar con los proveedores llegará a un juzgado en breve. La dirección del Montepío reclama a Postigo y a su actual pareja Dorina Bicher -a la que nombró gerente del centro de Los Alcázares, donde era recepcionista- 100.000 euros detectados como desfase en el último año en las cuentas de la entidad, relacionados con las operaciones con los proveedores. Hubo un acto de conciliación en diciembre sin acuerdo y habrá juicio en breve.

100.000 euros fue justamente la cantidad que pagó Postigo de multa tras una investigación de Hacienda por la publicación en enero de 2011 en ATLÁNTICA XXII de un reportaje en el que se destapaban las estrechas relaciones entre el entonces presidente del Montepío y el constructor Juan Fernández, que tienen en Mayorga (Valladolid) dos lujosos chalets pegados y casi idénticos. Juan Fernández también fue multado con una cuantía mayor: 400.000 euros.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 36, ENERO DE 2015