Los actuales reyes de España acudieron al geriátrico de Felechosa para apoyar al Montepío en vista de su escasa ocupación. En la imagen aparecen con José Antonio Postigo. Foto / Pablo Lorenzana.

El PP acabó desmarcándose del PSOE y ayer se alineó con Foro Asturias y UPyD en la votación para decidir las comparecencias en la Comisión de investigación en la Junta General del Principado sobre el Caso Villa. Serán llamadas a comparecer 67 personas, entre ellas el presidente asturiano Javier Fernández y dos de sus antecesores, Vicente Álvarez Areces y Juan Luis Rodríguez Vigil. También José Ángel Fernández Villa, José Antonio Postigo, familiares directos de ambos y el ex sindicalista Antón Saavedra.

El PP, que iba de la mano del PSOE hasta ahora, acabó apoyando la postura de los casquistas de investigar también los fondos mineros para no dar la impresión de intentar tapar las supuestas responsabilidades de los socialistas en este escándalo de corrupción. La Comisión está presidida por el único diputado autonómico de UPyD, Ignacio Prendes.

Además de la fortuna oculta de Villa, de 1,4 millones de euros, también se investigará el origen de los 360.000 euros que su mano derecha, el ex presidente del Montepío minero José Antonio Postigo, afloró en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal del ministro Montoro. Villa y Postigo “blanquearon” sus dineros a la vez y a través de la misma persona, un asesor del Montepío que fue despedido por el actual presidente Juan José González Pulgar.

Siguiendo con la publicación en esta web de los artículos del dossier sobre el Caso Villa publicado por ATLÁNTICA XXII en su número 35, aparecido en el pasado mes de noviembre, volcamos a continuación el referido a la clara vinculación entre el Montepío minero y este caso de corrupción que amenaza con pasar una dura factura electoral al PSOE en Asturias.

El polvorín del Montepío de la Minería

Fernando Romero y Xuan Cándano / Periodistas.

Como mínimo, el papel de José Ángel Fernández Villa ante los continuos escándalos en el Montepío de la Minería es el del consentidor. Parece difícil de creer que estuviera al margen de un organismo gestionado por los sindicatos mineros, pero sobre todo por el SOMA, donde Villa colocó de presidente a su mano derecha, José Antonio Postigo, y de gerente a su propio hijo, Rolando Fernández. Y conocer que Postigo ingresó 300.000 euros en 2012 en la misma oficina del BBV en la que Villa depositó 1,4 millones estrecha el cerco judicial sobre los dos. Y su hija Patricia 60.000.

Pero que algo huele a podrido en el Montepío es evidente desde hace muchos años y también pone bajo sospecha la gestión de los dos antecesores de Postigo, Ricardo Estébanez y Alfredo Álvarez Espina. En la época de Estébanez hubo maletines con sobornos en operaciones inmobiliarias en los centros de ocio que el Montepío tiene en el Sur, según le dijo el entonces presidente del Montepío al sindicalista de CCOO de la Minería Antonio Hevia, que lo contó recientemente al diario La Nueva España. Hevia aludía a un supuesto cobro de 50 millones de pesetas por parte de un directivo del Montepío de su sindicato.

Más tarde, en 2003, un supuesto pelotazo urbanístico por una operación del Montepío, con la venta de chalets en sus instalaciones de Los Alcázares (Murcia) y la compra de un inmueble en las de Roquetas (Almería), acabó en los tribunales tras denuncia de un grupo de mutualistas. El empresario que compraba y vendía era el mismo, Sergio Díaz Sariego, un ex minero del pozo Olloniego y natural de Riosa. El presidente del Montepío era el alcalde riosano Alfredo Álvarez Espina. Veintidós directivos del Montepío llegaron a estar imputados, pero juzgados de Murcia y Oviedo, y finalmente el Tribunal Constitucional, archivaron la denuncia (véase ATLÁNTICA XXII número 4, septiembre de 2009).

El legado de Postigo

Pero los escándalos subieron aún más de tono con la llegada en 2006 a la presidencia del Montepío de José Antonio Postigo, el hombre del SOMA más estrechamente vinculado a Villa en los últimos años. Henchido de grandonismo en plena fiebre del ladrillo, Postigo se lanza a edificar un macrogeriátrico en Felechosa, una obra faraónica de 31 millones de euros pagada con fondos mineros. Hay quien dice que el sobrecoste llegó a los 8 millones. Es la única obra de los fondos mineros que no está controlada por las Administraciones Públicas, sino mediante un convenio que firmaron el Montepío y el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Postigo puso la obra en manos de un pequeño constructor de Lena, Juan Antonio Fernández, con quien le une gran amistad. Tanta, que ambos son vecinos en dos chalets de gran lujo, casi idénticos, en Mayorga, un pueblo de Valladolid (véase ATLÁNTICA XXII número 18, enero de 2012). También compartieron una aventura empresarial y mediática, al hacerse cargo de una televisión local de las cuencas, TV Comarcas Mineras. Postigo citó en Mieres al dueño de la televisión, José Luis Martínez Yáñez, le presentó a Fernández y ahí empezó un proyecto que no acabaría bien. Martínez Yáñez, al que la operación le supuso cuantiosas pérdidas, lo resumió para esta revista: “Juan Fernández me dijo que tenía la orden de comprar la televisión. Llevó la gestión de la televisión durante ocho meses, que finaliza con el cierre y un ERE que afecta a 18 trabajadores”. Sin embargo Juan Fernández nunca firmó el contrato de compra y la televisión se fue al garete. Funcionó hasta 2012. Habían dejado de pagar la luz, el teléfono y estuvo emitiendo hasta que les cortan la luz.

En esa época, con Postigo y Fernández al frente, TV Comarcas Mineras se convierte en la tele de Villa y del Montepío. “Una vez le hicimos una entrevista a Villa que, como fue tan larga y no se podía cortar, la retransmitimos durante tres días. En la tele a Postigo le llamaban ‘el presidente’ para hacerle la pelota. Los anuncios, cuando no eran del Montepío o de la Montaña Central, eran de reformas o ingenierías ligadas a Fernández”.

Sospechas en Murcia

Cuando abrió el lujoso macrogeriátrico de Felechosa en mayo de 2012 los excesos de Postigo se hicieron más evidentes y comenzó su declive. Ofertaba 300 plazas y tenía 60 trabajadores, más que residentes. La endogamia y el nepotismo en las contrataciones llaman la atención. Postigo empleó a su propia hija, que trabajó en las oficinas del Montepío en Oviedo hasta su reciente despido, y de gerente al hijo de Fernández Villa, Rolando Fernández, un educador social que siempre estuvo colocado en el sector público. Empezó en Fucomi y luego estuvo de gerente hasta 2012 en Fesad, una fundación dependiente de la Consejería de Bienestar Social donde tuvo grandes enfrentamientos con los trabajadores.

Postigo también colocó al frente de los centros de Roquetas y Murcia a un primo y a su actual compañera sentimental respectivamente. Su nivel de vida y sus exhibiciones públicas de poderío crecieron a la par en los últimos años, en los que adquirió varias propiedades inmobiliarias, la última un piso en Murcia que compró a medias recientemente con su actual pareja, la rumana Dorina Bicher.

Con los números rojos disparados en el Montepío, oficialmente 15 millones de euros ahora mismo, Postigo deja la presidencia el pasado mes de junio y es sustituido por Juan José González Pulgar, también del SOMA, pero enfrentado hace mucho tiempo a Villa. Pulgar llegó con mano dura dispuesto a acabar con los excesos y escándalos de su antecesor. Nada más acceder a la presidencia cesó a Rolando Fernández, que le pidió que le despidiera para así cobrar los 80.000 euros de indemnización que marca su contrato blindado. También los tienen los directores de Los Alcázares y Roquetas que puso Postigo, aunque a Dorina Bicher la cesó personalmente Pulgar el 23 de octubre. Bicher denunció judicialmente su despido. Lo mismo hizo Rolando por su cese en un Juzgado de Mieres y está de baja médica desde entonces. En Felechosa protagonizó episodios de despotismo como los que denunció el comité de empresa del Fasad, aunque en este último caso fueron “tapados”, según dijo a esta revista una fuente del propio Montepío.

Pulgar encargó una auditoría interna nada más acceder a la presidencia que no apreció ninguna irregularidad. Pero detectó operaciones sospechosas con los proveedores de la residencia de Roquetas por valor de 100.000 euros ( ver el número actual de ATLÁNTICA XXII, el 36) tras revisar arqueos de caja y facturación. Probablemente la Fiscalía Anticorrupción lo pueda ayudar.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 35, NOVIEMBRE DE 2014