La Comisión del Caso Villa y la luz de mayo

José Antonio Postigo, ex presidente del Montepío minero, en la Comisión de Investigación del Caso Villa, ante la que no contestó preguntas. Foto / Semeya Press.

Xuan Cándano / Director de ATLANTICA XXII.

El problema de las comisiones parlamentarias de investigación no son sus limitaciones, que impiden su colisión con los procesos judiciales. Su descrédito viene de los males de la partitocracia. Cada partido tiene sus intereses, generalmente para nada relacionados con los generales, y a ellos se supeditan los trabajos de los diputados en las comisiones.

La Comisión del Caso Villa en la Junta General del Principado no es excepción. Cada partido va a lo suyo, con tal grosería que las conclusiones finales ya estaban marcadas antes de las comparecencias. El PSOE no tuvo más remedio que aceptarla y cada sesión es para los socialistas un tormento al que se enfrentan con cierta agresividad. También por motivos electorales, aunque justamente los contrarios, si por el PP fuera la Comisión se prolongaría hasta mayo para que los socialistas lleguen a las urnas embadurnados por el aliento de la corrupción.

Foro Asturias logró neutralizar la eficacia de la Comisión ampliándola al examen de los fondos mineros, una obsesión de Francisco Álvarez-Cascos, empeñado en demostrar, sin que le falte razón, que fueron las Administraciones socialistas las responsables de que aquella lluvia de millones haya acabado en el despilfarro y el latrocinio. Izquierda Unida se esfuerza en salvar la cara a Comisiones Obreras, aunque la responsabilidad y la complicidad de este sindicato con la corrupción en el Montepío de la Minería controlado por el SOMA-UGT es muy evidente. Y, enfrentado al caudillismo de Rosa Díez, Ignacio Prendes, el único diputado de UPyD y presidente de la Comisión, se deja llevar, condicionado por su soledad y consciente de que se juega su última baza política para seguir en el parlamento asturiano.

La comisión no nació muerta, como decían los socialistas, pero sí herida al mezclar los farragosos fondos mineros con la fortuna oculta de Villa. Y de la abultada lista de 67 comparecientes sobraban la mitad, que nada tienen que decir, y faltaban muchos protagonistas de los años negros como el carbón en los que brillaba el omnímodo poder del SOMA en Asturias. Como el tesorero del sindicato, Aquilino Ronderos, al que ahora Prendes quiere hacer comparecer in extremis. Y para garantizar su eficacia se debería haber centrado en las obras recientes del Montepío de la Minería y no solo las del geriátrico de Felechosa, llamando a declarar a empresarios y proveedores. Más de uno podría contar métodos de trabajo y episodios no precisamente aleccionadores.

Pero es un tópico incierto e interesado decir que las comisiones de investigación no sirven para nada. Hasta esta, no precisamente modélica, ha confirmado lo que ATLÁNTICA XXII ya publicó en noviembre: Villa se quedaba con el dinero de las dietas de Hunosa destinadas al SOMA. Al menos con 243.000 euros y podrían ser más del doble si se demuestra que esos pagos se prolongaron durante los 34 años de poder absoluto del ex líder minero, ahora enfermo y recluido en su casa.

Y a falta de que otras revelaciones de esta revista acaben teniendo confirmación oficial, como los pagos a Villa del Infide, la fundación del SOMA que era una tapadera, como todas las de los partidos y sindicatos, la Comisión ha servido para ofrecer un retrato descarnado del poder socialista en Asturias desde la restauración democrática. Autoritarismo, caudillismo, clientelismo, déficit democrático y paz social comprada con dinero público que se evaporó en el despilfarro y la corrupción, hasta convertir a una de las zonas industriales más desarrolladas de España en un páramo del que huyen en masa los jóvenes mejor preparados. Esa es la Asturias que se refleja en la Comisión del Caso Villa, porque el ex secretario general del SOMA ya se había retirado antes de convertirse en un apestado, pero son sus discípulos políticos quienes siguen gobernando Asturias, empezando por el presidente Javier Fernández. Y esa cultura política que encarnaba Villa, donde reinaba la opacidad y la falta de transparencia, no se ha retirado con el general de los mineros, como evidencia el hecho de que el SOMA se niegue a hacer público lo que ganaba su ex secretario general y su mano derecha José Antonio Postigo.

La fiscal anticorrupción que lleva el caso, Carmen García Cerdá, acaba de empezar su trabajo, mucho menos complicado que el Caso Púnica, que la tuvo ocupada hasta ahora. Es muy probable que lo resuelva con éxito, porque parece una profesional implacable y rigurosa.

Más difícil será que la sociedad asturiana se desprenda de los fantasmas del pasado, que siguen habitando los despachos oficiales. Tendrá que venir un vendaval que limpie y dé paso a la luz primaveral. La luz de mayo.