La Junta General financió a los partidos con más de cinco millones en cuatro años

La Junta General del Principado de Asturias en pleno. Foto / Pablo Lorenzana.

Xuan Cándano / Periodista.

Con más de cinco millones de euros financió la Junta General del Principado en cuatro años, desde 2012 hasta 2015, a los partidos parlamentarios asturianos a través de las asignaciones que reciben. Los datos se conocen por vez primera, a través de un informe del Interventor de la Junta, Rodolfo Álvarez Menéndez, al que ha tenido acceso esta revista. De ellos se concluye que los partidos políticos asturianos viven del Parlamento y que casi todo el dinero que reciben para sus labores parlamentarias se desvía a las sedes de las diferentes organizaciones.

Tal es así que en ocasiones las cantidades aportadas a los partidos desde la Junta General superan la propia asignación anual, algo que se debe explicar porque el Parlamento permite que el dinero de las asignaciones se reparta durante la legislatura, desviando cantidades de un ejercicio para otro. Eso ocurrió por ejemplo con el PSOE, que en 2013 recibió una subvención de 842.822 euros y destinó al partido 902.366.

Aunque con algún margen de error, porque los datos de 2014 y 2015 no aparecen claramente desglosados, las cifras que aporta el interventor indican que desde 2012 hasta el fin de la pasada legislatura, con las elecciones de mayo, los cinco partidos que había entonces en la Junta desviaron para sus sedes 4.745.238 euros. En el caso del PSOE, PP, Foro Asturias e Izquierda Unida es casi la totalidad de lo que recibieron con las asignaciones. Las cantidades son diferentes porque también lo son las aportaciones de la Junta, en función de la representación parlamentaria. En concreto el PSOE ingresó por esta vía 2.948.803 euros, el PP 1.576.301, Foro Asturias 2.238.306 e Izquierda Unida 1.499.531.

El caso de UPyD es distinto, probablemente porque con el dinero de las asignaciones pagaba también a los seis asesores que llegó a tener su único diputado, Ignacio Prendes, ahora en Ciudadanos. El grupo mixto, donde solo se sentaba UPyD, envió al partido 181.405 euros, menos de la mitad del total percibido.

Alquileres, viajes y dípticos

Intervención no revisa el total de la documentación que envían los grupos parlamentarios sobre el destino de las asignaciones y no pone grandes pegas. Algunas anotaciones que elabora obligan a los portavoces parlamentarios a redactar alegaciones, que no tienen mayor trascendencia.

Pero sí salen de su informe algunos datos llamativos. Se desprende de su contenido, por ejemplo, que Izquierda Unida paga con el dinero de la Junta General el alquiler de su sede en la plaza de la Catedral de Oviedo y un coche, a través de renting, que está a disposición del partido.

En los datos de la coalición de 2013 aparecen 11.032 euros como “depósitos constituidos a largo plazo” e IU aclaró que se trataba de un aval del contrato de alquiler de la sede. “La Caja de Ahorros nos impuso para aprobar la operación la garantía del Grupo Parlamentario, por lo que figura en la contabilidad específica del Grupo”. El interventor anota que “tal destino no se entiende acorde con la finalidad de las subvenciones que se conceden a los Grupos Parlamentarios”. En el siguiente año, 2014, IU aclaró que “este depósito se ha anulado en enero de 2015, lo que se reflejará en el próximo ejercicio”.

La Junta General pagó en 2013 un billete de avión de 936 euros a la entonces diputada de Foro Asturias Esther Lada para que asistiera a un pleno mientras estaba de vacaciones. Foto / Mario Rojas.

En el verano de 2013 con las asignaciones al grupo de Foro Asturias se pagó un billete de avión de 936,54 euros a su diputada Esther Landa para que asistiera a un pleno el 31 de julio. Aparece en las “notas aclaratorias al respecto de los siguientes apuntes contables recogidos en los estados presentados el 18 de febrero de 2014”.

En conversación con esta revista Esther Landa reconoció la existencia de ese viaje, pero no fue más explícita. “Se me dijo que tenía que venir y no sé cómo se pagó”. Por lo que pudo saber ATLÁNTICA XXII, aunque no era aún el periodo de vacaciones parlamentarias, Landa las estaba disfrutando en aquel momento y Foro planteó su vuelta para que no le faltara su voto en aquel pleno. El viaje podría ser desde Cádiz al aeropuerto asturiano, aunque ese dato no lo quieren aclarar la ya exdiputada ni su partido.

El interventor también anotó en las cuentas de 2013 que el PP no justificó 22.000 euros y que UPyD pagaba con el dinero de la Junta los teléfonos de sus sedes, unos 275 euros, aunque “tales gastos finalizaron en febrero de 2013”. Igualmente Intervención llamó la atención al partido magenta por emplear 558 euros en la edición de dípticos en 2014 con cargo al Parlamento, pero Ignacio Prendes alegó que se trataba de dar a conocer su labor parlamentaria, “que es la única forma de vincular el trabajo del Grupo Parlamentario Mixto al único partido político que forma parte del mismo”.

Bastida: “La mayor barbaridad”

Esta vía de financiación de los partidos políticos a través de los Parlamentos supone en la práctica que son las Cámaras legislativas las que están sosteniendo los aparatos de los partidos y sus ingentes gastos, sobre todo durante las campañas electorales. Lo permite la ley de financiación de los partidos, pero no el reglamento de la Junta General, lo que para muchos juristas y constitucionalistas da argumentos para discutir sobre su legalidad, porque de su falta de ética pocos tienen dudas.

“Esta es la barbaridad más grave que hay. Es legal, sí, porque lo permite la ley de partidos, pero ese dinero también es finalista, para los grupos parlamentarios”. La opinión de Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, es contundente: “La corruptela es esa y no hay mayor corruptela que la que permite la ley”.

La valoración de Xabel Álvarez Villa, jurista, funcionario y portavoz del Conceyu Por Otra Función Pública, es similar. “Es un caso claro de uso fraudulento del dinero público, las leyes hay que interpretarlas con sentido común”, explica. “Destinar el 90% de las asignaciones parlamentarias al partido es un abuso y un fraude de ley, y por mucho que se permita para mí es totalmente ilegal. Tienen una impunidad total porque el Tribunal de Cuentas se inhibe. Que no haya dónde denunciar es otra cosa”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICO XXII Nº 41, NOVIEMBRE DE 2015