Los dos Casos Villa y el lenguaje minero de arranque

La fiscal Carmen García Cerdá entrando ayer en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Oviedo. Foto / Imanol Rimada.

Xuan Cándano / Director de ATLÁNTICA XXII.

Muchos analistas se han sorprendido con la petición de los fiscales anticorrupción personados en el Caso Hulla, Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa, que solicitaban un millón de euros para el expresidente del Montepío minero José Antonio Postigo y el constructor del macrogeriátrico de Felechosa, Juan Antonio Fernández. “La más alta que se pidió nunca en Asturias”, decían los abogados. Pero más sorprendente resulta que ambos hayan quedado en libertad sin fianza, por decisión de la jueza Begoña Fernández, que no ve riesgo de fuga, aunque les retiró los pasaportes y les obliga a presentarse en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Oviedo dos veces al mes.

En primer lugar impresiona el listado de delitos de los que se les acusa a ellos, a José Ángel Fernández Villa y a los otros dos que estuvieron detenidos esta semana, tan enorme que va a ocupar buena parte de este artículo: blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida, contra la hacienda pública, prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos. Parece que se inspiraron en ellos para redactar el Código Penal.

Tampoco parece exagerada la petición de los fiscales, en relación al dinero público evaporado del que se ocupa el Caso Hulla. Solo en facturas engordadas y obras no realizadas, en el macrogeriátrico allerano una de las auditorías del Montepío cifra el fraude en dos millones de euros. Lo sobrecostes en la construcción del mastodóntico centro de mayores fueron de cinco millones y medio de euros, y eso que se partía de la astronómica cantidad de 27. A lo que hay que sumar las cuantiosas pérdidas del macrogeriátrico hasta que llegó el sucesor de Postigo, Juan José González Pulgar, a levantar las alfombras y cortar el grifo de lujos y desmesuras.

Villa y Postigo –y una hija del expresidente del Montepío– blanquearon casi dos millones de euros con la amnistía fiscal del ministro Montoro. Y no sabemos si esa es su única fortuna oculta.

La jueza Begoña Fernández, a la izquierda, llegando ayer al Juzgado.Foto / Imanol Rimada.

Del Caso Villa lo que sorprende a cualquier observador es su multiplicación. Tras conocerse que los dos sindicalistas se acogieron a la amnistía fiscal, por una filtración sospechosamente coincidente con el Caso de las Tarjetas Black, Carmen García Cerdá inició su investigación en la Fiscalía Anticorrupción basándose en las informaciones de ATLÁNTICA XXII, comprobadas luego por los agentes de la UCO. Poco después el Juzgado de Instrucción Número 2 de Oviedo, con Simonet Quelle al frente, se hacía cargo de la denuncia del SOMA-UGT, que le reclama a Villa 434.000 euros supuestamente apropiados indebidamente y 119.000 a uno de sus colaboradores, Pedro Castillejo. Cuando concluyó su trabajo, tras tres años de investigación, con numerosas interrupciones, porque García Cerdá lleva otros casos tan conocidos como Púnica o Lezo, la fiscal puso una denuncia el pasado mes de abril en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Oviedo. ¿Por qué no juntarla a la anterior en un solo Caso Villa? Como la instrucción del Caso Hulla es secreta y García Cerdá guarda total hermetismo, no sabemos de momento la causa. A la fiscal le pilló en Oviedo el cese de Manuel Moix, con quien se había enfrentado en la Fiscalía Anticorrupción.

Los problemas por esta falta de “economía procesal” ya se están viendo y Villa volvió a acudir a que lo examinen los forenses por la denuncia en el Juzgado 3, iniciándose el mismo y pesado proceso que ya protagonizó en el 2, al intentar evitar una declaración judicial que acabó produciéndose por el informe de un neurólogo.

La fortuna oculta de Villa tendrá supuestamente diferentes explicaciones (dietas y mordidas, publicó hace años ATLÁNTICA XXII), pero no se explica que se intente dilucidar su origen en dos procedimientos judiciales distintos. En realidad podríamos hablar con propiedad del Caso SOMA, en relación a las tropelías al frente de un sindicato de quien lo dirigió durante más de tres décadas, haciéndolo también a la sombra en el PSOE y en las instituciones, ayudado por un núcleo fiel y sumiso de sindicalistas y políticos.

El más fiel en los últimos años del villismo fue Postigo, que salió de madrugada aliviado del Palacio de Justicia, porque todas las previsiones apuntaban a que podría acabar la noche en la cárcel de Villabona. También parecía menos agresivo y sentencioso que cuando salió de la comisión de investigación de la Junta General y tuvo con quien esto firma aquella conversación delirante. Se ve que en Murcia va olvidando el lenguaje minero de arranque.