José Ángel Fernández Villa. Foto / Mario Rojas.

Xuan Cándano / Periodista.

Este comienzo de 2017 está siendo especialmente duro para José Ángel Fernández Villa. El pasado 3 de marzo fue llamado a declarar por la jueza Simonet Quelle Coto en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Oviedo. Y de forma inminente, según pudo saber esta revista, la fiscal Carmen García Cerdá, de la Fiscalía Anticorrupción, con sede en Madrid, interpondrá otra denuncia judicial contra el exsecretario general del SOMA-UGT y el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, poniendo así fin a una larga investigación de más de dos años, iniciada cuando se conoció que ambos “blanquearon” fortunas millonarias acogiéndose a la amnistía del ministro Montoro.

La denuncia de García Cerdá llegará a un Juzgado de Oviedo, pero que sea en el de la jueza Quelle es solo una posibilidad. Si así fuera confluirían en una misma investigación judicial las dos denuncias del Caso Villa, entre ellas la del SOMA, que reclama a quien fuera su máximo dirigente 420.000 euros por gastos sin justificar y por quedarse con las dietas de HUNOSA que correspondían al sindicato, como adelantó ATLÁNTICA XXII en noviembre de 2014.

José Antonio Postigo. Foto / Mario Rojas.

La denuncia de la Fiscalía apunta en otra dirección, la que lleva al geriátrico del Montepío en Felechosa, sin que ello suponga rechazar las acusaciones contra Villa que se dilucidan en el Juzgado. La vía del geriátrico, por unas obras faraónicas de 32,5 millones de euros pagadas con los fondos mineros, ya se apuntó en ATLÁNTICA XXII mientras se ejecutaban, en enero de 2012. En la postrera fase de la investigación de la Fiscalía, en las últimas semanas, se estudiaba el informe remitido por el actual presidente del Montepío, Juan José González Pulgar, sobre el desfase entre lo proyectado y lo ejecutado en Felechosa. González Pulgar y el constructor Juan Antonio Fernández, ambos de Pola de Lena, se amenazan mutuamente con denuncias judiciales por este conflicto. Fernández y su empresa Alcedo de los Caballeros, beneficiada con innumerables obras en los centros de ocio del Montepío en Salamanca, Almería y Murcia, están también en el punto de mira de la investigación de la Fiscalía.

Alcedo de los Caballeros

González Pulgar fue una de las pocas personas a las que tomó declaración García Cerdá en Madrid, un trámite por el que no pasaron ni Villa ni Postigo. En Asturias hubo declaraciones ante agentes de la UCO desplazados para esclarecer el Caso Villa, que la fiscal considera “complicado”. Una de las personas llamada a declarar fue la rumana Daniela Cosbuc, a la que Postigo nombró gerente del hotel del Montepío en Roquetas de Mar (Almería) y luego destituyó. Pero no quiso colaborar, según fuentes judiciales.

García Cerdá, considerada una fiscal trabajadora y minuciosa, analizó otras vías además de la de Felechosa durante su investigación, pero las desechó por diferentes causas. En algún caso fue porque los supuestos delitos ya podrían estar prescritos, como el pelotazo con la operación de compraventa de apartamentos de los centros del Montepío en Murcia y Almería, a principios de este siglo (véase ATLÁNTICA XXII número 4, septiembre de 2009). Y en otros por la dificultad para esclarecer oscuros asuntos, como la gestión de los economatos de HUNOSA. “Parte se quedó en el camino, no podré llegar al cien por cien”, se oyó decir en alguna ocasión a la fiscal valenciana.

Una fiscal hermética

Xuan Cándano / Periodista.

Carmen García Cerdá tiene una bien merecida fama de laboriosa, exhaustiva y extraordinariamente discreta. Todo ello lo pudo comprobar ATLÁNTICA XXII. La fiscal que lleva el Caso Villa en la Fiscalía Anticorrupción no oculta que inició su investigación basándose en la de esta revista, plasmada en numerosos artículos, aparecidos ya desde 2009, el año de su llegada a los quioscos. Incluso la ha alabado en más de una ocasión. Pero su hermetismo ha sido absoluto con este asunto, que le parece extraordinariamente complejo. También con esta revista. Cuando El País -que fue quien dio en exclusiva que José Ángel Fernández Villa se había acogido a la amnistía fiscal en octubre de 2014- publicó a finales del año pasado que estaba a punto de culminar su investigación, sin aclarar en qué sentido, García Cerdá se mostró indignada y dispuesta a pedir explicaciones al periódico por ello. Le preocupa que se piense que ella o la Fiscalía filtran cualquier tipo de dato, algo a lo que es absolutamente reacia.

El neurólogo Alfredo Robles Bayón sale de casa de José Ángel Fernández Villa tras someterlo a un examen. Foto / Mario Rojas.

La fiscal valenciana, que mantiene los vínculos con su tierra, estuvo en varias ocasiones en Asturias a costa del Caso Villa. Acostumbrada a otras investigaciones en casos de corrupción, como el Púnica, que coincidió con el de Villa, encontró en el enriquecimiento del que fuera todopoderoso dirigente del SOMA y del PSOE grandes sombras difíciles de esclarecer. Una opacidad que fue una de las características básicas del villismo, el origen de un régimen político y sindical que no se ha diluido en Asturias con la caida en desgracia de ‘El Tigre’, como le denominaban sus seguidores.

Esa opacidad de Villa, también en su faceta personal, es la que provocó la desconfianza de la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de Oviedo, Simonet Quelle, que instruye la denuncia que interpuso el SOMA contra quien fuera su secretario general durante tres décadas. La jueza había llamado a declarar a Villa hace un año, pero no ha sido capaz de hacerlo comparecer hasta ahora. Por el medio transcurrieron doce meses de continuas fricciones con la abogada del acusado, Ana García Boto, a la que la jueza acusa de obstruir la investigación con continuos recursos basados en una supuesta imposibilidad de Villa para declarar por el grave deterioro de su salud.

Tras el informe del neurólogo gallego Alfredo Robles Bayón, que examinó a Villa en su domicilio de Oviedo, el exsindicalista tuvo que comparecer ante la jueza.