Cuando es la asociación de mi vecino la que gestiona el Patrimonio Cultural

La Consejería de Cultura no termina de firmar un convenio que habilitaría de nuevo parte del proyecto de innovación social del Ecomuséu La Ponte, ejemplo del papel que la sociedad civil y el asociacionismo juega en la gestión y socialización del Patrimonio Cultural

Cueva del Conde. Fotos de Mario Rojas.

Elena Plaza | Periodista 

@Elena_PlazaD

Un alto verjado con alambre de espino elevado sobre una base de cemento estilo campo de concentración impide el acceso a la Cueva de la Lluera (Oviedo), igual que en la del Conde o el abrigo de Santo Adriano en este pequeño concejo de los valles del Trubia. En lugar de un cartel que indique el yacimiento y sus características hay otro que señala que “esta cueva es un Bien de Interés Cultural” (máxima protección patrimonial) para recordar que su ataque o destrucción es  “una falta muy grave” que lleva aparejada una fuerte sanción e incluso pena de cárcel.

Fue en 2008 cuando La Lluera abrió por primera vez sus puertas al público de la mano de los guardas-guías del Principado, personal dependiente del Museo Arqueológico, que integran una plantilla de doce profesionales en buena medida licenciados en carreras de Humanidades que se presentaron a una oposición para la que sólo se requería el graduado escolar. Estos guardas-guías enseñan un puñado de yacimientos arqueológicos y tienen que dejar sus puestos de trabajo habituales para presentarse en otros cuando se les requiere. Dos años realizaron la visita en la cueva ovetense para que al año siguiente esta labor la llevara a cabo la Asociación Hijos de las Caldas “de manera voluntarista”, como señalan desde la asociación de guardas-guías de arte rupestre. Por aquella labor la asociación cobraba la tarifa pública establecida por la Consejería más un extra para cubrir el desplazamiento de las personas que abrían la cueva. Un par de veranos después los Hijos de Las Caldas dejaron de desarrollar esta actividad y la propuesta a los guardas-guías desde la Dirección General de Patrimonio no les convenció.

Finalmente esta concesión, a través de un contrato menor, se entregó al Ecomuséu La Ponte, que ya había iniciado su andadura con itinerarios didácticos, interpretación arqueológica y puesta en valor de un territorio pequeño, rural, montañoso (el concejo de Santo Adriano) que contempla una alta concentración de Bienes de Interés Cultural (BIC): cinco elementos en el entorno de Tuñón. Una curiosidad porque las altas concentraciones suelen tener lugar en zonas urbanas. La Ponte engloba un proyecto formado en buena medida por profesionales de la arqueología, como Jesús Fernández y Pablo López, que nació con la idea de poner en valor el territorio y crear economía social: es decir, que aunque haya una parte de trabajo voluntario, su objetivo es crear puestos de trabajo, y para ello necesitan continuidad en sus proyectos.

INNOVACIÓN SOCIAL

Hablar de innovación parece remitir en exclusiva a hablar de lo tecnológico e industrial. “Una innovación cuyos beneficios, en ocasiones, no son distribuidos equitativamente e incluso con deterioro del medio ambiente y fuente de desequilibrio y exclusión social”, señala la arqueóloga y profesora de la Universidad de Vigo Beatriz Comendador. Y no se tiene en cuenta la oportunidad y herramienta para el desarrollo que supone en la investigación y la cultura, en las Humanidades, como refiere. Hablamos de la innovación social como la apertura a nuevos modelos que rompen con los tradicionales. Hablamos, por poner un ejemplo, de la importancia de la sociedad civil y el asociacionismo en la gestión del patrimonio cultural, en su socialización. Hablamos de la implicación que esto supone a la hora de hacer comunidad y crear territorio, de sentir este patrimonio y de crear empleo a través de la economía social, el conocido tercer sector.

Hablamos, por seguir con la concatenación, de una región con casi 400 Bienes de Interés Cultural (BIC) de titularidad pública y privada y de más de 8.000 bienes incluidos en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA), el segundo nivel de protección. Y de que una gran mayoría de ellos no pueden ser visitados al permanecer cerrados, vulnerando el derecho al acceso que la Ley 01/2001, de 6 de marzo del Patrimonio Cultural de Asturias (LPCA) contempla. ¿Dejadez en sus funciones por parte de la Administración, aún teniendo en cuenta que hay bienes propiedad del Arzobispado de Oviedo o de particulares? ¿Falta de recursos económicos y humanos? ¿Falta de voluntad política?

Detalle de la Cueva del Conde

A nadie escapa que el volumen de elementos protegidos es de tal magnitud que complica en gran medida este derecho contemplado en el artículo 43 de la LPCA por el que todo BIC debe ser abierto un mínimo de cuatro días al mes, mientras que en los IPCA este mínimo será de 6 días al año, ambos al menos cuatro horas por día, si además tenemos en cuenta la exigua plantilla de guardas-guías. Pero, ¿y si fuera una entidad sin ánimo de lucro la que se encargara de esta gestión, si con fines didácticos presentara un proyecto para poner en valor estos bienes que en buena parte son de toda la sociedad, si acercara el patrimonio cultural a la ciudadanía haciéndolo un poco más suya, sensibilizando, divulgando y encima creara empleo? ¿Y si fuera una empresa? ¿Debería ser única y exclusivamente la Administración la que tuviera este derecho y deber, aunque los incumpla y los mantenga cerrados, no dándolos a conocer? ¿Dónde quedaría entonces la transferencia de conocimiento? Encerrada tras las rejas protectoras de cualquier yacimiento.

LA IMPLICACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Manifiesta Miguel Polledo, guarda-guía, que la asociación antes mencionada nace por “corporativismo profesional” y mantiene que es obligación de la Administración encargarse de la gestión de todos estos elementos protegidos en exclusividad y echa en falta, además de más plantilla, de un plan integral del Patrimonio Cultural. Afirma que “se crean falsas demandas” con aperturas que considera innecesarias o no ajustadas a la demanda. Pero esta observación contraviene a la propia LPCA. La Administración tiene herramientas para ejercer el control sobre los titulares privados, pero ¿qué ocurre cuando es ella misma quien no la cumple? Y no cumple no sólo en este derecho al acceso, sino también a la conservación, como recoge el artículo 29 de esta Ley.

A pesar del verjado el abrigo de Santo Adriano era un auténtico vertedero cubierto de escayos, ruedas de camión, basura en el exterior, mientras que en el interior se podían encontrar sacos de cemento o motosierras abandonadas, como recuerda Jesús Fernández, alma máter de La Ponte. La limpieza del abrigo, con grabados de más de 20.000 años que trasciende al arte local ya que sus figuras zoomorfas son de los primeros ejemplos de arte figurativo del Cantábrico y Europa, corrió a cargo de la asociación una vez que la Consejería de Cultura les autorizaba, en 2013, a “acceder a varios abrigos de arte rupestre de Santo Adriano a fin de llevar a cabo en ellos actividades didácticas, de difusión del patrimonio y mantenimiento de estos BIC y de su entorno”. Se refiere a la cueva del Conde y al abrigo de Santo Adriano junto con sus entornos (la iglesia prerrománica de Santo Adriano pertenece al Arzobispado), todos ellos en Tuñón.

Les ampara para esta gestión del patrimonio el artículo 103.3 de la LPCA, que contempla la constitución de convenios con entidades sin ánimo de lucro, igual que en el punto 2 lo permite con instituciones públicas o entidades privadas. Como ejemplo la gestión de Os Teixois en Taramundi o el yacimiento y museo del Chao Castro en Grandas de Salime, explotado por La Productora a través de un contrato con el ayuntamiento grandalés, propietario del yacimiento.

“La Administración tiene asumidos los partenariados público-privados pero hablar de un partenariado público-comunitario es como hablar de física cuántica. Te ven como el enemigo”, señala Jesús Fernández. En España, porque en el Reino Unido, donde es postdoctorado, se creó la Lotería Nacional en 1993 para financiar proyectos locales, regionales y nacionales de recuperación y puesta en valor del patrimonio británico. Y donde David Cameron instauró una Secretaría de Estado para el tercer sector. Precisamente un tercer sector que en Santo Adriano, 278 habitantes, crea más del 25% del empleo a través de la Asociación El Valle o el Fapas, ambas entidades sin ánimo de lucro.

En esta idea de socialización del patrimonio cultural que resalta la importancia del activismo y la implicación emocional para que no sea visto como algo frío y ajeno, sino como algo de todos (una sensibilización que es mucho mayor por más trabajada en el patrimonio natural) es algo en lo que coinciden otras entidades sin ánimo de lucro que trabajan por esta promoción, uso, puesta en valor y difusión del conocimiento del patrimonio, como ARAMA 36/37, Asociación Frente del Nalón, los Vecinos de San Cucao (Llanera) o los Amigos del Camino de Santiago por nombrar algunas en Asturias, Siega Verde en Salamanca o el Ecomuseo del río Caicena en Córdoba, Hispania Nostra a nivel nacional, SHARP-Sedgeford en Inglaterra o Campo Mértola en Portugal. La iniciativa de la sociedad civil lo que hace es cubrir el hueco que deja la Administración.

Desconocemos la postura de la Dirección General de Patrimonio, ya que su directora, Otilia Requejo, afirmó no poder atender a Atlántica XXII.

Por el Ecomuséu La Ponte pasan unas 1.500 personas al año, no cobran tasas públicas, puesto que no existen para los BIC que tratan, pero sí una entrada por la interpretación, que va un paso más allá de la mera visita. Con ese dinero contratan a profesionales, organizan diferentes talleres, eventos y jornadas, editan su propia revista y mantienen su excavación arqueológica, además de ser referencia en otras zonas del estado español y en el mundo universitario.

El arqueólogo Arsuaga con miembros del equipo de excavación en la Cueva del Conde.

Aún así la Dirección General de Patrimonio no responde a su solicitud de renovación de autorización de acceso a los yacimientos, aunque ahora negocia con el Ayuntamiento local la constitución de un convenio en el que La Ponte ha sido dejado de lado. Este convenio cuenta con una dotación presupuestaria de 20.000€ pero no termina de ver la luz. El grupo parlamentario de Podemos llevó a pleno en la Junta General del Principado del pasado 15 de febrero este asunto, reclamando avances y poniendo en valor el proyecto de La Ponte. Todos los partidos, incluido el PSOE, votaron por unanimidad a favor de la moción, algo que no suele ser normal, solicitando la agilización de esta firma. “Creo que es importante porque de alguna forma se aprecia que la propuesta genera unanimidad política. Este consenso legitima la iniciativa”, señala Fernández.

Señalaba Pablo López en la charla TEDxGijón “la importancia de crear comunidad y de crearla a través del patrimonio. Si los pueblos han sobrevivido más de 1.000 años es porque detrás había una comunidad; el patrimonio es un bien común que puede ser gestionado de forma común. (…) Si queremos mejorar el mundo que nos rodea tenemos que hacerlo con ilusión, pero juntos”.

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