El boicot abolicionista a los derechos de las putas

Cecilia González es antropóloga y activista por los derechos de los y las trabajadoras sexuales

Marcha celebrada en junio de 2018 contra una ordenanza municipal contra la prostitución propuesta por el Partido Socialista de Cataluña en Barcelona. La ordenanza fue rechazada por la mayoría del pleno municipal.

Cecilia González | Antropóloga y activista
@AntroPOPloga

El auge vivido en el último año por el feminismo ha evidenciado también la diversidad que hay dentro del propio movimiento. El feminismo prosex, presente desde hace décadas, mantiene una agenda propia sobre la educación sexo-afectiva, y una desconfianza manifiesta en la capacidad del Estado para corregir leyes que discriminan sexualmente a las personas, incluidas las prostitutas. Este movimiento y el que quiere ser su alter ego, el feminismo abolicionista, comparten solo la que fue la «palabra del año en 2017». El feminismo prosex –que defiende los derechos de las personas con sexualidades diversas– y el Radfem en su vertiente abolicionista –que sostiene que cualquier intercambio sexual económicamente provechoso es violencia contra las mujeres– parecen corrientes irreconciliables cuando entran en el debate de los usos del cuerpo de las mujeres: aborto, gestación, consumo de drogas, orientaciones sexuales no heteronormativas… Y el tema que nos ocupa: el trabajo sexual.

La prostitución es un fenómeno transversal: en todas las sociedades, en casi todos los estratos y a lo largo de la historia han existido instituciones, oficiales o no, encargadas de la gestión de las sexualidades y del conocimiento de las artes amatorias. Extraigamos de esto una obviedad en términos del mercado: las prostitutas existen porque hay demanda de sus servicios, aún cuando hay medidas políticas en su contra. El abolicionismo es una fuerza reaccionaria a una realidad social, es decir: las putas pueden vivir sin abolicionismo, pero el abolicionismo no puede vivir sin las putas.

El abolicionismo vive, pues, del trabajo sexual sin tener en cuenta a las putas ni considerarlas sujetos de pleno derecho, gana dinero a costa de ellas y se alza como salvador de las «prostituidas», como denomina de forma arrojadiza a las prostitutas, aún cuando piden que se las cite por su profesión.

La putofobia y el estigma ‘puta’, basados en prejuicios basados en la ignorancia y malas praxis argumentativas, se alimentan de confundir, a veces deliberadamente, prostitución voluntaria con trata de personas para fines de explotación sexual, de psicopatologizar a las trabajadoras sexuales, convertirlas en víctimas para salvarlas o en delincuentes porque están en el mercado negro; pasando por silenciar su identidad en nombre de la moral, olvidando del todo la ética.

Rara vez el abolicionismo persigue a las mafias y a las redes de trata, discute los presupuestos dedicados a campañas municipales difamatorias contra las putas, cuestiona la existencia de ANELA –la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne–, la relación de los clubes con los ayuntamientos, o visibiliza las violencias del mismo modo que se hace cuando el machismo golpea o viola a una ‘mujer normal’. ¿Dónde está la sororidad cuando el sujeto de los abusos son las prostitutas? La ideología queda al margen cuando es necesario ejercer como lobby abolicionista, aún a costa de otras mujeres.

Las campañas y los planes de erradicación de la prostitución están basados en estudios encargados por los Ayuntamientos a académicas feministas diferencialistas que investigan superficialmente el fenómeno a cambio de unos honorarios, sin contar con las putas, y sin que éstas perciban beneficio económico o social alguno. Estos planes aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras de la calle con medidas punitivas (multas a las trabajadoras y/o a los clientes por actividad impúdica) que les obliga a trasladarse al trabajo clandestino en clubes, bajo las condiciones impuestas por sus dueños, dejando los beneficios de su actividad laboral a disposición de éstos pues no existe relación contractual demostrable entre la trabajadora y los clientes, o entre la trabajadora y el hospedero.

Las leyes abolicionistas benefician, pues, la trata y la explotación al condenar a las trabajadoras a la clandestinidad, del mismo modo que las políticas prohibicionistas con las drogas fomentan el mercado negro, o la Ley Seca supuso el auge de las mafias, pero no el cese del consumo de sustancias o servicios.

Conciliadas o no las posturas sobre los usos del cuerpo, el debate metafísico queda al margen pues deben adoptarse medidas políticas reales que garanticen los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, y persigan la trata de personas, sin excepciones moralistas.

Prohibicionismo, regulacionismo o abolicionismo de la prostitución son corrientes políticas desaconsejadas por fomentar la clandestinidad y negar los derechos humanos de las trabajadoras, de modo que organizaciones proderechos y de personas trabajadoras sexuales tienen clara la única que funciona: La Strada International, Médecins du Monde, Anti Slavery International, Open Society, ONU Mujeres, Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), la Comisión Global sobre VIH y Derecho, Human Rights Watch, ONU SIDA, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, la OMS y Amnistía Internacional apuestan por una legislación que reconozca derechos a las prostitutas, como la que rige en Nueva Zelanda, que ya ha dado frutos positivos.

La lucha feminista no estará ganada mientras el feminismo de la diferencia sea mainstream, y se reduzca a los discursos de un grupo de actrices aspirantes a teóricas del género, disfrazadas de divulgadoras feministas, que señalan como no-feminismo posiciones prosex, queer, trans, etcétera. Ni mientras se hable a la ligera de «la mercantilización del cuerpo», pero no de la de este movimiento feminista de la diferencia, que hace ganar dinero a sectores privilegiados a costa de las putas, sin conocer su trabajo ni sus discursos.

Una participación política y mediática en auge por parte del feminismo prosex, la acogida de las putas en asociaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la presencia en las reivindicaciones masivas del 8M, y la creación del primer sindicato catalán de trabajadoras sexuales, parecen molestar cada vez más al abolicionismo –asentado en los puestos de poder de forma hegemónica–, pero dibujan un panorama favorable para el respeto de los derechos, también los de las putas.

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