El juez Sorando pide ser relevado, ¿carpetazo al caso Marea?

El juez Angel Sorando en su despacho. Foto de Mario Rojas.

Por Xuan Cándano. Aunque el Caso Marea apenas haya trascendido fuera de Asturias, se trata del mayor caso de corrupción detectado en la historia de la Autonomía. Afecta a los dos grandes partidos (PSOE y PP), a empresarios y a varias instituciones, entre ellas el Principado, a numerosos Ayuntamientos y a la Universidad. Llevó a la cárcel al ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, a su mano derecha en la Consejería, María Jesús Otero, a los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Sánchez y a la alta funcionaria del Principado Marta Renedo. Pero el relevo en la instrucción del juez Angel Sorando hace aparecer de nuevo la amenaza de carpetazo a un caso que inquieta muchísimo a todos los poderes en Asturias, especialmente al político.

Sorando, del Juzgado de Instrucción Número 2 de Oviedo, pidió a la Audiencia Provincial que lo aparte del Caso Marea tras recibir una sanción leve del Consejo General del Poder Judicial, que resolvía así una denuncia del fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, enfrentado desde hace tiempo con el juez. La Audiencia tiene ahora diez días de plazo para resolver el asunto y decidir si Sorando continúa con la instrucción o el Caso Marea pasa a otras manos.

El enfrentamiento entre la Fiscalía y Sorando se inició nada más hacerse cargo el juez del Caso Marea, tras una primera instrucción a cargo de la jueza gijonesa Ana López Pandiella, que inició la investigación en 2010. El juez ovetense amplió inicialmente el secreto de sumario durante una semana a la Fiscalía, alegando que podría haber filtraciones del fiscal delegado de violencia de género y doméstica en Asturias, Gabriel Bernal, a su hermano Ángel Bernal, el abogado de María Jesús Otero. También justificaba Sorando el veto a la Fiscalía en la parte de las escuchas telefónicas del Caso Marea donde Marta Renedo aludía a entrevistas con Gerardo Herrero.  El fiscal jefe se indignó, sostuvo que Sorando podría estar prevaricando y remitió una protesta a la Audiencia, que le dio la razón el pasado mes de junio.

Dos meses después el enfrentamiento se reprodujo por unas declaraciones de Sorando a La Voz de Asturias en las que criticaba a la Fiscalía. Entre otras cosas decía: “Sí me llama la atención que en este caso la Fiscalía haya pedido una fianza muy suave para los imputados y no sé por qué lo hizo”.

Ya el traslado de Gijón a Oviedo del Caso Marea provocó polémica cuando se confirmó y alimentó sospechas en buena parte de la opinión pública asturiana sobre un intento de poner freno a la investigación y apartar del asunto a Ana López Pandiella. Valiente y resolutiva, Pandiella envió a la cárcel a las personas que de momento tienen más implicación en el caso, con acusaciones de cohecho, malversación o estafa agravada, fraude de fondos públicos y falsificación, que se elevan a varios millones de euros. Solo a María Jesús Otero se le acusa de recibir regalos, viajes y otros detalles por valor de 1,2 millones de euros de la empresa Igrafo, de Víctor Muñiz, a la que se favorecía generosamente con contratos desde la Consejería de Educación. Al consejero Iglesias Riopedre se le acusa de favorecer a la empresa de su hijo. Entre Igrafo y Almacenes Pumarín (la empresa de Alfonso Sánchez, acusado de las mismas prácticas) ingresaron del Principado unos 40 millones de euros entre los años 2007 y 2009.

El trabajo de Pandiella se basaba en las investigaciones policiales y la jueza gijonesa parecía ir bien encaminada, con una hoja de ruta que apuntaba hacia la financiación ilegal de los grandes partidos en Asturias. Le pidió a Hacienda un listado de todas las empresas de funcionarios del Principado o de sus parientes. En el sumario que elaboró aparecía en ese listado general uno más reducido con 22 empresas que facturaban al Principado, la mayoría de militantes o personas próximas al PSOE.

El trabajo de Sorando en cambio parece más cuestionable. Quiso desgajar el sumario por varios juzgados de Asturias, pero no lo consiguió. Su error vetando a la Fiscalía parece indiscutible, atentando además contra el honor de los hermanos Bernal, dos excelentes y prestigiosos profesionales. No pareció nunca coger el toro por los cuernos y las testificales y las imputaciones que practicó se centraron en actores menores de la trama del Caso Marea, una gigantesca red de corrupción transversal que solo fue posible que floreciera durante un mandato tan prolongado como el del socialista Vicente Álvarez Areces en el Principado. El hilo de Sorando no llegó al PP a través del Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por los populares desde hace dos décadas. En las escuchas aparecen las relaciones de Igrafo con concejales y funcionarios municipales a costa de diferentes proyectos durante la época del alcalde Gabino de Lorenzo, que mantiene una estrecha amistad con el fundador de la empresa, Manuel Galiano. Y tampoco Sorando hizo avance alguno en la pista de la financiación de los partidos.

Tanto el traslado del Caso Marea de Gijón a Oviedo, porque en la capital asturiana está la sede del Principado y el centro de la mayoría de las operaciones investigadas, como la sanción al juez Sorando, parecen tener justificación. Pero también los temores a que este caso sea sepultado y no se avance más en la investigación.

Si la Audiencia aparta a Sorando, su sustituta sería probablemente Marisa Llaneza, del Juzgado de Instrucción Número 4 de Oviedo. Sería una buena noticia para los grandes partidos y otros implicados en el Caso Marea, porque Llaneza nunca se distinguió por su valentía ante el poder político ni goza de gran reconocimiento en los ambientes judiciales. Si se tiene que hacer cargo del caso será a su pesar, porque prefiere eludir los asuntos políticos y se deberá  enfrentar a un sumario que va ya por los 70.000 folios. Como mínimo, el cambio de juez supondrá un parón considerable.

Tampoco Gerardo Herrero quiere problemas con los políticos, con los que mantiene una excelente relación. A Vicente Álvarez Areces, a Gabino de Lorenzo y a otros muchos cargos públicos les invitó personalmente al estreno de un corto de un hijo suyo que se dedica al cine, en un acto de gran pompa institucional. En algunos círculos, por su hábito de archivar todas las denuncias por corrupción política que llegan a su despacho, se le llama irónicamente “el historiador”.

El juez Sorando parece menos cómodo para el poder político, aunque su investigación no avale esa apreciación. En aquellas declaraciones a La Voz de Asturias admitía presiones en el Caso Marea, aunque decía que no les hacía caso. Cuando la periodista Pilar Campo le preguntaba si la justicia es igual para todos y si detectaba interés en que no continuara con el caso, contestaba así:

“En teoría dicen que sí es igual para todos, pero para unos es más igual que para otros. No será así cuando los políticos por su condición de tales son aforados y, por tanto, ya no son iguales”.

Sorando no llegó a actuar contra ningún aforado. Si es reemplazado no es de esperar que lo haga su sustituta. Los que sueñan con el carpetazo al Caso Marea tienen motivos para albergar esperanzas.