Cómo hacer justa la factura de la luz

En tan solo diez años la factura de la luz ha sufrido un incremento de más del 50%. El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que intentará frenar las constantes subidas del precio y desde el Ministerio de Transición Ecológica ya están planteando diferentes medidas. Entre ellas, la suspensión del 7% del impuesto de generación eléctrica o la modificación del bono social, una ayuda económica de entre el 25% y el 40% de la factura que surgió en 2009 con el propósito de proteger a los colectivos con menos posibilidades económicas.

Pero desde la Unión de Consumidores de Asturias consideran estas medidas insuficientes. «El impacto del impuesto de generación eléctrica en la factura de una familia media apenas llega los 3 euros», explican desde la UCE. Por ello reclaman una reforma en profundidad del mercado eléctrico que empiece por la reducción del IVA, del 21% actual a 4%, al tratarse, dicen, de un suministro básico. «Es importante modificar el bono social, pero también hacer una auditoría al sector eléctrico, creando un observatorio estatal de la pobreza energética», destaca Lucía Fernández, portavoz de la UCE.

Su presidente, Dacio Alonso, cifra en cerca de 60.000 los hogares asturianos que podrían beneficiarse del nuevo bono propuesto por el gobierno de Sánchez, pero buena parte de ellos lo desconocen.

Desde Podemos-Mieres, que junto con la UCE está en plena campaña de asesoramiento a través de charlas informativas por los municipios asturianos, critican los criterios de acceso al bono social. «Excluirá a muchas familias aun cuando no dispongan de ingresos altos, sin embargo no ponen límite de ingresos para las familias numerosas», denuncian desde la formación. «Familias con pocos ingresos no podrán disfrutar de él mientras otras adineradas podrán beneficiarse si tienen al menos 3 hijos», añaden. El problema recae, dicen, en el desconocimiento de esta ayuda por la falta de publicidad, «seguramente en un afán de las grandes eléctricas de disminuir su solicitud».

El origen del sistema actual

Fue con la llegada al poder de José María Aznar cuando se aprobó la Ley del Sector Eléctrico y con ella la electricidad pasó de considerarse un servicio público a ser un servicio más condicionado al pago de los precios establecidos. Una regulación que, en lo sustancial, se mantuvo durante los gobiernos alternos de populares y socialistas y dio lugar a las ahora tan de moda ‘puertas giratorias’: el político de turno garantiza la protección de los beneficios de las compañías eléctricas a cambio de acomodo tras su retirada de la vida política. Todo ello, lógicamente, en contra de los intereses de la ciudadanía.

Este sistema originó un modelo de negocio con grandes beneficios pero altamente desconocido para un consumidor que, en muchas ocasiones, no es capaz de comprender de qué depende el precio de la luz o cómo puede analizar sus facturas.

Según la UCE-Asturias el 50% de la factura corresponde a los peajes, destinados a pagar los costes de acceso a la red (transporte, distribución, gestión comercial…), el 30% por el precio de la energía consumida y el 20% de impuestos sobre la electricidad e IVA.

Lucía Fernández, responsable de la campaña del Bono Social de la UCE, explica que existen tres elementos clave que influyen en los elevados precios en España. En primer lugar, el sistema de fijación de precios, un sistema marginalista por el cual todas las centrales que funcionen para generar esa electricidad cobran lo que pida la más cara.

Durante un día normal, las primeras centrales que entran a cubrir la demanda son las nucleares, seguido de las hidráulicas y la energía eólica, cuyos costes de generación son muy bajos, puesto que las nucleares están amortizadas y el precio de producir energía con agua y viento es muy bajo. Por último, entran a cubrir la demanda las centrales de carbón y las de gas, que tienen los precios más elevados al depender del precio internacional de los combustibles. Son estas las que terminan fijando el precio.

En segundo lugar, si nos atenemos a las explicaciones oficiales, es que se utilizan menos las energías renovables, que son las que bajan el precio de la electricidad. Si durante un periodo determinado disminuye la utilización de instalaciones de origen renovable tendrán que entrar en funcionamiento las centrales de carbón y gas, que aumentan los precios al ser más costosas. En caso contrario, si aumenta la utilización de renovables, el precio disminuirá al no ser necesarias las instalaciones de carbón y gas.

Por último, el tan discutido IVA, que pese a tratarse de un bien de primera necesidad se le aplica el 21%.

Qué factores influyen en la factura

Hay que tener en cuenta dos factores fundamentales: el tipo de contrato y la potencia contratada. Desde la UCE nos explican que existen tres tipos de contratos: los regulados (PVPC), los de mercado libre y los de cooperativas.

El PVPC es el precio máximo que podrán cobrar a los consumidores que se acojan a él. Podrán acogerse a este precio los titulares de los puntos de suministro no superiores a 1 kV y con potencia contratada menor o igual a 10 kW. Es el modelo más sencillo, sin condiciones ni letra pequeña, y por lo general más económico, ya que se paga la energía al precio que viene desde el mercado. La factura del consumidor acogido al PVPC es clara y transparente.

En el caso del mercado libre, hay multitud de ofertas a las que el consumidor se puede acoger pero, según la Unión de Consumidores, siempre suelen ser más caras que el precio del contrato PVPC.

En tercer lugar, los contratos con las cooperativas comercializan electricidad son la alternativa de origen exclusivamente renovable, suelen tener precios inferiores a los de la tarifa regulada PVPC.

Cómo podemos reducir las facturas

Para ahorra en nuestra factura, la Unión de Consumidores recomienda contratar la tarifa PVPC con discriminación horaria, con las que, aseguran, se puede ahorra más de 100 euros al año con respecto a las tarifas de mercado libre.

Es importante también revisar la potencia contratada, lo que podrá suponer una bajada de 52 euros al año. Para ello recomiendan acudir a la web BájatelaPotencia en la que podemos encontrar la información necesaria.

Otra opción son las cooperativas, que cobran a un precio inferior el kilovatio que el que cobran las cinco compañías que dominan el mercado (EDP, Iberdrola, Gas Natural, Fanosa, Endesa y Viesgo).

También conviene informarnos para saber ser si podemos beneficiarnos del bono social.

Vías para reclamar

Siempre debemos ponernos en contacto con el servicio de atención al cliente de la comercializadora. El plazo máximo de respuesta del que disponen es de 5 días. De no ser así podemos reclamar una indemnización de 30 euros, en casos de suministros de potencia inferiores a 15 kw/h.

Una vez recibida la respuesta de la empresa, podemos elevarla al servicio de consumo del Principado de Asturias o a la Consejería de Industria (en función del tema que se trate) a través de una denuncia administrativa.

En algunos casos muy contados ser puede interponer un arbitraje de consumo, pero los supuestos para acudir a este sistema extrajudicial son muy limitados.

Por último, las personas que formen parte de asociaciones de consumidores pueden contar con sus servicios jurídicos para realizar los trámites de la reclamación. Sin ser socio también puedes contactar con ellas para avisar de los problemas que puedas tener (cortes de luz, problemas de enganche, facturaciones erróneas…). y estas puedan realizar denuncias públicas o administrativas.