Falo Marcos, educador social gijonés conocido también por ser una de las voces más activas desde hace treinta años en Radio Kras, analiza las políticas de cierre de fronteras tras viajar a los enclaves más violentos para las personas migrantes que consiguen entrar en la Unión Europea.

Pateras abandonadas en la playa gaditana de El Palmar pintadas por activistas. (Imagen: Patricia Simón)
Falo Marcos | Educador social
Desde que en septiembre de 2015 la foto de Aylan Kurdi, el niño de tres años que apareció ahogado en una playa de Turquía, provocara una respuesta ciudadana solidaria que obligó a la Unión Europea (UE) a aumentar el compromiso, después incumplido, del programa de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas, las políticas migratorias y fronterizas han ido en retroceso poniendo hincapié en la externalización de las fronteras y dejando a un lado el derecho al asilo y a la libre circulación.
Tras conocer sobre el terreno la situación de personas migrantes y en busca de refugio en el norte de Grecia en 2016, en Melilla y en la frontera serbocroata en 2017, y en Roma este verano de 2018, el balance es descorazonador. Cambian los países y las personas, pero la situación es similar: malas condiciones higiénicas, alimentación insuficiente, escasa atención sanitaria, incertidumbre sobre la situación legal y el tiempo que van a permanecer allí, exposición a las adversidades climatológicas… Familias rotas, con el padre en Alemania mientras la madre y sus dos hijas permanecían atrapadas durante dos años en Grecia; niños que prefieren vivir a la intemperie en las calles de Melilla que estar en un centro de menores hacinados y maltratados; jóvenes afganos y pakistaníes víctimas de la violencia policial en la frontera serbo-croata; o migrantes africanos viviendo en un campo sin luz ni agua corriente en Roma son algunas de las situaciones que hemos podido constatar en este acercamiento a la realidad de las fronteras
europeas.
Las políticas de la Europa Fortaleza firmando acuerdos con países como Turquía y Libia, donde no se respetan los derechos humanos, y aumentando la financiación de FRONTEX (la agencia europea para el cierre fronterizo) provocan cambios en los flujos migratorios y un aumento de las muertes en el Mediterráneo.
El cierre de fronteras en Grecia y en la ruta de los Balcanes, donde la policía croata sigue actuando con violencia con quienes cruzan la frontera desde Serbia o Bosnia, provocó un desplazamiento hacia la ruta libio-italiana en 2017. La actual política del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, cerrando los puertos a los barcos de rescate y financiando la mal llamada Guarda Costera libia está llevando a que aumente el número de personas que usan la vía de la frontera sur española donde ya han muerto más de 300 personas en el primer semestre del año (más que todas las registradas en 2017).
Sin embargo, el número de entradas en la UE se ha reducido a menos de la mitad en este primer semestre en comparación con el año pasado, de 102.800 a 54.500. Un dato que contradice los mensajes que dirigentes europeos lanzan a la opinión pública, en busca de votos, con palabras como «invasión», «efecto llamada» o «avalancha». Al propio Matteo Salvini en Italia, Viktor Orban en Hungría o Marine Le Pen en Francia se han unido, en nuestro país, los dirigentes del Partido Popular, Pablo Casado, y Ciudadanos, Albert Rivera, en su afán por generar alarma social.
LA NUEVA SOLIDARIDAD
Ante esta situación surge una nueva forma de solidaridad, basada en la cercanía y la ayuda humanitaria en el terreno, de pequeñas organizaciones y grupos de personas –como ya ocurrió en el Campo de Gibraltar a principios de los 2000, y ahora con el aumento de la llegada de pateras– que, bajo la denominación de voluntariado independiente, contribuye a paliar la penosa situación que viven las personas en movimiento en las puertas de Europa.
Son muchos los proyectos que se están realizando: actividades para niños y niñas, escuelas, espacios de mujeres, centros culturales, reparto de verduras y fruta, entrega de bicicletas, cocinas comunitarias, almacenes de ropa y alimentos, transportes solidarios de mercancías, reparto de comidas para gente que está en las calles y parques, pisos para los casos más vulnerables, duchas portátiles, cursos de natación… Y todo ello financiado con aportaciones ciudadanas.
La mayor parte de las personas que componen ese voluntariado independiente son activistas por los derechos humanos o de movimientos sociales que, además de la labor humanitaria, sirven de altavoz para denunciar las condiciones de vida y vulneración de derechos.
En ellas y, en la riqueza de las personas migrantes y refugiadas, está la esperanza de superar esta «crisis de valores» de la vieja Europa.
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