
Eduardo Donaire, secretario general de MCA-UGT Asturias, cargo que abandonará este año. Foto / Mario Rojas.
Mañana, martes 29 de marzo, se celebrará en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Oviedo, en el Palacio de Justicia de Llamaquique, el juicio por la demanda interpuesta por el ugetista Eduardo Donaire y su esposa Carmen Fernández contra ATLÁNTICA XXII y el sindicalista de la Corriente Sindical de Izquierda Cándido González Carnero.
La denuncia es una de las cuatro que interpusieron sindicalistas de UGT Asturias contra la revista tras la publicación de un dossier sobre el sindicato socialista en el número 36 de ATLÁNTICA XXII, aparecido en enero de 2015. Solo se ratificó esta denuncia de Donaire y su esposa tras la celebración de los cuatro actos de conciliación. La pareja solicita una indemnización de 30.000 euros.
Los denunciados son Letras Atlánticas, la empresa editora de ATLÁNTICA XXII, el director de la publicación, Xuan Cándano, y el periodista Fernando Romero, autor del dossier de seis páginas. Por su parte Cándido González Carnero fue denunciado por sus opiniones sobre las prácticas sindicales de UGT y de Eduardo Donaire recogidas en el reportaje.
El titular de portada de aquel número era “La UCO estrecha el cerco sobre UGT-Asturias”, algo que se comprobó posteriormente cuando la Fiscalía comenzó a investigar al sindicato socialista partiendo de los informes de este organismo de la Guardia Civil dedicado a la persecución de la corrupción. Tras un año de investigación la Fiscalía puso una denuncia en el Juzgado, donde ahora está el Caso UGT-Asturias.

Portada del número 36, que motivó la denuncia.
En la vista de mañana prestará declaración Xuan Cándano, porque así lo ha solicitado la defensa de Cándido González Carnero. Será la única persona de la revista que testifique. La defensa de ATLÁNTICA XXII ha llamado a declarar a dos testigos, el exsindicalista de UGT Pablo Álvarez y la expresidenta del comité de empresa de la planta gijonesa de Suzuki, en representación de un sindicato independiente, María Jesús Calvo. La defensa de Donaire y su esposa llama a declarar a cinco testigos, todos ugetistas y personas de máxima confianza del secretario general de MCA-UGT.
A ATLÁNTICA XXII han llegado en las últimas horas múltiples muestras de solidaridad, tanto de periodistas como de ciudadanos y de diversas organizaciones. Algunas de ellas han hecho públicos comunicados.
En el de Xixón Sí Puede, donde participa activamente desde su fundación Cándido González Carnero, se indica que “mientras el titular de la revista se hace realidad y la Unidad Central Operativa (OCU) de la Guardia Civil investiga los hechos denunciados en la revista, los periodistas y las personas que participan en ella han de responder judicialmente por el simple hecho de ejercer el derecho a la información y la libertad de expresión. Unos derechos que van de la mano del derecho a réplica y rectificación, aunque parece ser que la cúpula de la UGT prefiere no hacer uso de estos recursos asociados al derecho a la información e ir directamente a los tribunales”.
Xixón Sí Puede tiene el convencimiento de que “son medios como ATLÁNTICA XXII los que pueden caminar en la buena dirección: con información rigurosa y valiente que cumple una verdadera función de servicio público al contarnos lo que precisamente algunos sectores no quieren que se sepa: en qué, quién y cómo se gasta el dinero público, los recursos de toda la ciudadanía. Una sociedad que no permite el diálogo y la discrepancia está claramente dominada por el autoritarismo y el miedo. En este sentido, judicializar la libertad la expresión y el derecho a la información únicamente nos conduce a la autocensura y a que los abusos no se denuncien por temor a las represalias. Por todo ello, expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los periodistas y al sindicalista demandados y nuestra clara apuesta por una sociedad verdaderamente democrática, en la que son indispensables unos medios de comunicación libres e independientes”.
Por su parte el grupo de Podemos en la Junta General del Principado emitió otro comunicado titulado “El gobierno de Javier Fernández obstruye la defensa de tres denunciantes de posibles irregularidades en UGT”. En el texto aclara la acusación: “Hace ya más de un mes que reclamamos al Ejecutivo información sobre partidas específicas de subvenciones y facturas que podrían aportar luz acerca del presunto fraude llevado a cabo por dirigentes de UGT y que está siendo investigado por la Fiscalía. A día de hoy, aún no hemos tenido acceso a lo solicitado, a pesar de la reclamación interpuesta ante la Mesa del Parlamento asturiano”.
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